El reciente fallo de la Cámara de Casación Penal condenando a Carlos Menem viene a reparar una deuda que la Justicia Argentina tenía con su propia historia. Ahora sólo resta que el Tribunal Oral Penal mantenga la misma convicción y defina en corto plazo las penas para quienes han sido señalados como culpables.

La denuncia por el tráfico de armas data de 1995. Se originó en el impecable trabajo del periodista del diario Clarín Daniel Santoro. En la investigación pudo comprobarse que el armamento salió efectivamente de la Argentina, y que esos envíos tuvieron el aval de tres decretos firmados por Menem (el destino original era Panamá y Venezuela) y que llegaron a dos lugares prohibidos por ser zonas de conflicto (Ecuador y Croacia).

Después de una larga investigación judicial que se prolongó durante dieciséis años, el tribunal de primera instancia no encontró ningún responsable. La causa parecía condenada a tener el destino de otras mega causas como AMIA y la Embajada de Israel. Pero la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal (integrada por Cabral, Madueño y Gemignani) revocó ahora ese fallo y condenó al riojano como coautor de contrabando. 

Los jueces consideraron que los hechos sólo se pudieron realizar “con la decisión de la máxima autoridad del Poder Ejecutivo Nacional”. Y agrega el fallo: “Se encuentra suficientemente acreditado que Menem con el conocimiento de que las exportaciones se destinaban a países beligerantes dictó los decretos autorizando las mismas consignando destinos falsos a efectos de ocultar esta situación al servicio aduanero”.

Además, los jueces aseguraron que la maniobra pudo provocar la declaración de guerra "por parte del otro beligerante, así como la exposición de los habitantes de la Nación a represalias (como en el caso de Croacia los soldados argentinos allí apostados) y la afectación de las relaciones amistosas con un gobierno extranjero (como efectivamente ocurrió en el caso de Perú)". En ese sentido, alertaron que "la seguridad pública y defensa nacional, fueron puestas en peligro por las maniobras de contrabando".

La condena también involucra al ex ministro de Defensa de Menem, Oscar Camilión, pero no a otras de las personas indicadas como uno de los partícipes en las operaciones. Se trata del ex secretario presidencial, Emir Yoma, que fue nuevamente absuelto.

También fueron condenados el supuesto traficante de armas Diego Palleros como "coautor"; los ex directores de la Dirección General de Fabricaciones Militares (DGFM), Manuel Cornejo Torino y Julio Jesús Sabra; el ex gerente de Comercialización de DGFM, Haroldo Luján Fusari; y su ex colaborador Carlos Alberto Nuñez.

La lista de condenados comprende al ex interventor de la DGFM, Luis Sarlenga; el ex director de Coordinación, Edberto González de la Vega; el ex director de producción, Carlos Jorge Franke; a  Jorge Cornejo Torino de la Fábrica Militar de Río Tercero; a la ex jefa de Abastecimiento y Comercio Exterior de la DGFM, Teresa  Irañeta de Canteiro.

Tras este fallo, ahora será el Tribunal Oral Penal Económico 3 (el que hizo el juicio) quien tendrá que imponer las penas contra el ex presidente y otros acusados. La pena prevista por contrabando agravado es de 12 años de cárcel aunque en el juicio la fiscalía pidió para Menem ocho años, con lo cual algunas fuentes aseguran que el Tribunal no se excedería de ese tope al imponer los años de condena.

Si bien el TOPE3 podría imponer una pena lo más probable es que aún no haya una orden concreta de detención ni pedido del TOPE 3 al Congreso para que le quite sus fueros a Menem por su condición de senador Nacional. En principio, el tribunal aguardará si Menem fracasa en su intento de ir a la Corte.

Mientras tanto, el abogado Ricardo Monner Sans, quien denunció e impulsó la investigación que derivó en el juicio, consideró que la condena al ex presidente y actual senador Carlos Menem "muestra independencia de criterio". El letrado, quien aclaró que cualquiera de los imputados puede apelar el recurso extraordinario, explicó que la decisión de la Justicia federal tiene "que dar alegría al Poder Ejecutivo Nacional".

Es un paso importante. Muy demorado, por cierto. Pero, al fin, un avance. No es común ver que todo el peso de la ley caiga sobre los poderosos. Es por ello que el fallo no sólo hace honor a la buena relación que históricamente Argentina tiene con Perú, que en su momento se vio perjudicado por estas operaciones. Además, le hace un bien a la propia Justicia.