A lo largo de los años, especialmente desde la recuperación de la democracia en 1983, se consignó que una de los desafíos de la Argentina era lograr un Estado eficiente tanto en la prestación de sus servicios como en la administración de los recursos a la vez que transparente para reducir o evitar la corrupción. Más allá de los avances que se registraron principalmente por los avances de la tecnología y su utilización en el sector público para mejorar la gestión, la sensación es que aún queda mucho camino por recorrer. La percepción de los ciudadanos es que los distintos niveles de los gobiernos siguen siendo estructuras burocráticas que todavía pueden hacer bastante más para descentralizar sus servicios e inclusive evitar gastos innecesarios. El personaje de la empleada publicada, llamada "Flora", que popularizó el actor Antonio Gasalla aún mantiene vigencia en el imaginario colectivo sobre el perfil de los trabajadores estatales, aunque el concepto se extiende a los funcionarios públicos de turno, es decir aquellos que llegan y se van con un intendente, gobernador o presidente. 

En este marco, un informe del Instituto de Desarrollo Social Argentino (Idesa) retoma esta temática siempre presente en la agenda pública argentina, básicamente porque nunca se hizo todo lo que se debía hacer en la materia. El documento advierte que indudablemente el deterioro en la situación productiva y social que se manifiesta en la actualidad en un contexto de crisis económica intensifica las demandas por asistencias del Estado. Sin embargo, considera que la mayoría de los pedidos son inconsistentes porque requieren recursos fiscales que no se disponen y que para dar una respuesta eficaz a los problemas productivos y sociales es imprescindible mejorar la gestión del Estado.

Sostiene el estudio que la industria argentina se encuentra en franca caída y con perspectivas desalentadoras. Para fundamentar esta mirada, echa mano de las estadísticas oficiales que elabora el INDEC: desde junio del 2018 la actividad industrial viene cayendo a tasas de 7,5% promedio en cada mes respecto a igual mes del año anterior y las expectativas para lo que queda del año es que la tendencia empeore.

En un escenario tan adverso, las organizaciones industriales piden a gritos bajas de impuestos, reducción de tasas de interés y tarifas de servicios públicos, excepción en las retenciones a las exportaciones y levantamiento de embargos de la AFIP, entre otras medidas. Para Idesa, las demandas de los sectores productivos si bien son entendibles, resultan inconducentes en la medida que implican resignar recursos fiscales.

Teniendo en cuenta que el gobierno junto con una parte importante de la oposición consensuó y dejó establecido en el Presupuesto 2019 la meta del déficit fiscal primario cero como principal acción para salir de la crisis, cualquier iniciativa en contra de este acuerdo merece un justificado rechazo, consigna el análisis de la consultora. El informe se pregunta si esto obliga a la resignación o hay vías para financiar políticas de apoyo a los sectores productivos y sociales sin generar déficit fiscal. 

En tal sentido, puntualiza que bien valdría la pena explorar tres medidas en la búsqueda de alternativas, como eliminar exenciones y reducir la evasión de IVA al nivel de Chile generaría $500 mil millones o 3% del PBI; aproximar la recaudación del impuesto a la riqueza (Bienes Personales) al nivel de la OECD implicaría generar $200 mil millones más o poco más de 1% del PBI o eliminar la regla que genera doble cobertura previsional implicaría un ahorro de $170 mil millones o casi otro 1% del PBI.

De acuerdo a Idesa, estos datos muestran que estas tres políticas permitirían generar un espacio fiscal del orden de los $870 mil millones o 5% del PBI, la cual considera una masa de recursos suficiente para darle viabilidad y sustento a las acciones que se necesitan para apoyar a los sectores productivos y a las familias en situación de vulnerabilidad, sin generar déficit fiscal. De todos modos, afirma que lo más importante es que se lograría ambos objetivos en base a avanzar hacia un sistema tributario más neutral y progresivo y a un sistema previsional más sustentable.

Así las cosas, resalta que para apoyar a los sectores productivos y sociales sin colisionar con la meta de déficit fiscal cero es crucial mejorar la gestión del Estado, lo cual requiere vencer a los intereses que bregan por el inmovilismo. La gran mayoría de los argentinos está a favor de un Estado fuerte y presente pero muy pocos están dispuestos a hacer el esfuerzo para financiarlo, consigna Idesa.

Por último, ante la certeza de que las recurrentes crisis en Argentina se originan en el desequilibrio crónico y estructural del sector público, es necesario cambiar prioridades, esto es en lugar de impulsar ideas que suman presión en las finanzas públicas, las energías deberían colocarse en diseñar y consensuar propuestas innovadoras para una administración más eficiente y equitativa de los recursos del Estado.