Uno de los aspectos más relevantes para el porvenir de nuestro país, es el debate en torno a la distribución de los recursos nacionales. De acuerdo a la Reforma Constitucional de 1994, en dos años debía haber estado sancionada una nueva Ley de Coparticipación, es decir, la demora alcanza a dieciséis años.

La dilación en la sanción de una nueva Ley no ha sido inocua, sino que ha conllevado un deterioro sostenido y generalizado de las Finanzas Provinciales: producto de las reformas inducidas por el Gobierno Nacional, las provincias han dejado de percibir doce puntos porcentuales de la masa de recursos tributarios nacionales.

Asimismo, una nueva ola de reformas llevadas adelante en el Siglo XXI terminaron desequilibrando aún más la distribución de recursos entre niveles de gobierno: los impuestos creados en la última década permiten al Gobierno Central financiar más del 80% de las transferencias automáticas anuales a provincias.

En los últimos años, ha adquirido vigor el financiamiento intraestatal: combinando los diversos aportes de la ANSeS y el BCRA, el Gobierno Central acumularía $252.000 millones de pesos durante los últimos cinco ejercicios, un equivalente a tres puntos del PIB como promedio anual.

Esta metodología de financiamiento implica un nuevo aumento de las fuentes no coparticipadas, como antes lo fueron las reformas tributarias. De esta manera, para el mismo período el coeficiente de participación provincial cae del 26.3% al 23.8% del total de recursos si se adiciona el financiamiento combinado del BCRA y la ANSeS, generando una caída anual promedio de 2.5 puntos en su participación relativa.

DEMORA EN EL DEBATE

Uno de los aspectos más relevantes para el porvenir de nuestro país, y que lamentablemente no figura en la agenda política, es el debate en torno a la distribución de los recursos nacionales. No obstante, las indefiniciones respecto a este punto neurálgico para las bases del desarrollo económico, social y político de un país federal, distan de ser una novedad: de acuerdo a la Reforma Constitucional de 1994, en dos años debía haber estado sancionada una nueva Ley de Coparticipación Federal, normativa reguladora de la coordinación financiera entre ambos niveles de gobierno. Desde entonces y al margen de una serie de acuerdos y convenios, no ha habido avances concretos para la redacción de dicha Ley, acumulando el debate una demora de dieciséis años.

Actualmente, es el Gobierno Federal el que se ve beneficiado por la distribución actual de los fondos nacionales, dinámica que se ha ido intensificando en los últimos ejercicios, y que, lógicamente, incentiva al poder central a implementar

“parches” (léase creación del Fondo Federal Solidario, Reprogramación de las Deudas Subnacionales) con el objetivo de posponer una vez más, el debate estructural que nuestro Federalismo Fiscal se debe.

Para entender la problemática de la distribución actual, hay que remontarse unos veinte años en la historia económica del país: a principios de la década del noventa, las necesidades financieras del Gobierno Nacional, generadas principalmente por los déficits recurrentes del Sistema Nacional de Seguridad Social (SIJP, hoy SIPA), dieron lugar a un proceso de creación, modificación y eliminación de impuestos nacionales, de afectaciones previas a la distribución entre la Nación y las provincias de determinados impuestos para fines específicos (pre‐coparticipaciones), así como a la firma de diversos Pactos Fiscales que impusieron un límite superior o “techo” a las transferencias provinciales en el período 1992‐2002.

A partir de 1992 (año en que se asigna al SIJP el 20% del Impuesto a las Ganancias) los porcentajes de distribución de la masa coparticipable pasaron a ser en la práctica, del 51% para la Nación (que por ley es del 42%) y del 48% para las provincias (legalmente les corresponde el 57%1), de manera que las provincias perdieron sistemáticamente ingresos derivados de la recaudación nacional.

Computando la totalidad de los recursos tributarios netos de seguridad social (masa coparticipable + comercio exterior y otros no coparticipados), vemos que la participación efectiva de las provincias se ha reducido del 46% al 34% durante los últimos 20 años. Así, producto de las reformas inducidas por el Gobierno Nacional, las provincias han dejado de percibir 12 puntos porcentuales de la masa de recursos tributarios nacionales, los cuales han pasado a ser, en gran medida, destinados a la ANSeS. Si se incluyen los fondos de la seguridad social, los coeficientes son del 26% y 74% para Provincias y Nación, respectivamente.