En tiempos difíciles, la democracia encuentra rápidamente sus límites. La crisis económica y la necesidad imperiosa de ajustar el gasto público puede empujar a la suspensión de un desfile militar para conmemorar el Día de la Independencia nacional. Pero también es un argumento que frena desde hace años el cumplimiento de una ley que establece la representatividad territorial en la Cámara de Diputados de la Nación. 

Es decir, la democracia puede mejorar con una mayor representación legislativa. Sin embargo, la ecuación simplificada puede suponer que más democracia implica mayor gasto. Y justo ahora que el país no puede darse lujos sino que a duras penas puede cumplir con sus necesidades básicas. 

De todos modos, para la Cámara Nacional Electoral es preciso actualizar la distribución de la cantidad de diputados nacionales, ya que advirtió que todavía hoy el número de legisladores se elige de acuerdo al Censo de 1980 y no en base al último registro, realizado en 2010. Si todo funcionaría bien en la Argentina, desde las elecciones de 2011 o al menos de las de 2013 la cantidad de integrantes de la Cámara baja debería estar actualizada con lo que establece la ley.

Mientras el Congreso nacional divide su tiempo en proyectos donde la grieta reluce brillante y el diablo de la política estropea los debates, también vota leyes muy importantes o que al menos constituyen cajas de resonancia de temas actuales. La reciente sanción de la Ley Justicia que declara la presunción de que todos las personas mayores de 18 años son donantes excepto que manifiesten expresamente lo contrario es un ejemplo contundente. También lo es el tratamiento del proyecto de aborto legal que ya cuenta con media sanción de los diputados y aún espera por la decisión de los senadores, que se dará el 8 de agosto luego del desfile de especialistas que explicarán, según el caso, por qué se debe votar a favor o en contra de la iniciativa. 

No hace tantos días diversos analistas posaron sus ojos sobre el costo que tiene para los argentinos mantener a los legisladores nacionales. La Fundación Atlas hizo los cálculos en función del presupuesto anual asignado para pagar a los diputados, senadores y el personal del Congreso, que asciende a 18.500 millones de pesos. Concluyó que cada legislador le cuesta al país casi 5 millones de pesos, aunque los 72 senadores son "más caros" que los 257 diputados. 

El debate sobre la contribución de los legisladores contiene, entre otro factores, la discusión sobre la calidad de la labor parlamentaria. ¿Cumplen o no con su rol? ¿Cómo medir con un índice si hacen bien o no su trabajo? ¿Por la cantidad de veces que hacen uso de la palabra en el recinto? ¿Por sus intervenciones durante la labor de las comisiones donde se analizan los proyectos antes de su tratamiento en las sesiones? ¿Por la cantidad de leyes que producen? ¿Por la esencia de esas leyes?

La tarea de medir la eficiencia legislativa es compleja. En el debate pueden surgir iniciativas como en Rafaela, donde se llegó a poner en la mesa del laboratorio avanzar con un régimen de dedicación exclusiva para los concejales. Lo concreto es que al menos por ahora no hay una metodología estandarizada para evaluar a los legisladores municipales, provinciales o nacionales, que muchas veces se inclinan, para hacer visible su actividad, por aparecer en los medios de comunicación a partir de conferencias de prensa o declaraciones sobre los temas del momento. 

Lo cierto es que el pedido de la Cámara Nacional Electoral para que la Cámara de Diputados actualice la cantidad de sus miembros responde al planteo de un ciudadano cordobés que alegó que "por encontrarse desactualizada la cantidad de diputados que se eligen por distrito, el valor de su voto es inferior al de los ciudadanos de otras provincias".

Por eso la Justicia electoral solicitó al Congreso de la Nación que extreme los recaudos para ejecutar el mandato constitucional establecido en el artículo 45 de la Constitución Nacional, que obliga ajustar la representación a los datos del censo. En la sentencia se afirma que la actual composición de la Cámara de Diputados está basada en los datos poblacionales del censo realizado en 1980 y no de acuerdo a los registros del 2010, por lo que la representación resulta claramente anacrónica.

Ante la posible crítica de que es inconveniente aumentar la población legislativa cuando se busca ajustar el gasto público, los jueces del máximo tribunal electoral se anticiparon al sostener que el número de diputados no necesariamente habría de variar en mucho, lo que denota lo innecesario de la modificación en la partida presupuestaria correspondiente para solventar el gasto que implicaría la puesta en función de los eventuales nuevos cargos.