A partir de las 9 de la mañana del miércoles, en la sala 3 de la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) de los tribunales penales de Rafaela se llevó a cabo una audiencia de apelación de prórroga de la prisión preventiva a un hombre de 27 años identificado por sus iniciales como GEH, quien se encuentra alojado en la Alcaidía desde hace 2 años y 4 meses, acusado del delito de “abuso sexual con acceso carnal”, en el marco de la causa «GEH s/ delitos contra la integridad sexual de víctima menor de 16 años (estupro) abuso sexual con acceso carnal». 
La audiencia de apelación fue presidida por el juez de segunda instancia en lo Penal, Dr. Matías Drivet; en tanto que actuaron por el Ministerio Público de la Acusación (MPA) la Dra. Favia Burella, y como defensores particulares del imputado, los Dres. Carlos Farías Demaldé y José María Silvela.

ARGUMENTOS
DEFENSIVOS
Al inicio de la audiencia el defensor Demaldé dejó en claro los motivos de la audiencia: “Recurso por disconformidad de resolución del Dr. Javier Bottero, [juez que falló en primera instancia], quien dispuso prórroga extraordinaria de 10 meses [más de prisión preventiva] que vencería en septiembre de 2023.
“Hoy la causa ya lleva 2 años y 4 meses de tramitación –dijo- y esto no justifica seguir. Se viola el derecho de estado de inocencia, humanidad y en plazo razonable […] No se ha acreditado bajo ningún punto de vista que [mi pupilo] haya sido autor material del hecho que se le imputa. No existe evidencia al respecto”, señaló el abogado defensor.
Este insistió además en distintos puntos que hacen a la defensa, tales como que “se debe velar por el descubrimiento de la verdad” y “siempre hicimos referencia a la paralización de un año del presente legajo. Las pruebas de ADN tuvieron resultados meses antes de los dos años”.
Por lo dicho, según entienden los abogados de la Defensa “no hay ningún presupuesto válido para mantener la prisión preventiva, ya que de mantenerse sería injusto y estigmatizante para mi defendido”. Solicitando el principio jurídico de “in dubio pro reo” (“en caso de duda, a favor del reo”) hasta que exista sentencia condenatoria. En el escrito de apelación los defensores presentaron distintas medidas alternativas a la prisión preventiva, que a su entender “no tuvieron tratamiento”.
A su turno, la fiscal Favia Burella discrepó en algunos puntos con la Defensa. Dijo por ejemplo que, “están pendientes análisis biológicos de ADN de prendas. Estaba pendiente la entrevista de Cámara Gesell de víctima y testigo. Dijo asimismo que el imputado se había contactado con testigos para interferir respecto a su imputación. Aunque Burella también admitió en su exposición que, “es cierto que hubo inacción por determinado plazo ya que hoy se debería estar tratando la proporcionalidad y la excepcionalidad”.

JUICIO
ABREVIADO
En este punto se debe aclarar que el letrado Farías Demaldé insistió en que presentaron solicitud de juicio abreviado que está a resolverse.
En otras palabras la defensa de los Dres. Demaldé y Silvela remarcó que lo sucedido en la audiencia que estamos tratando, fue una apelación a la prórroga de prisión preventiva decidida por el juez de Cámara Matías Drivet. No hubo ningún acuerdo entre las partes ni juicio abreviado todavía.
La defensa solicitó fecha de juicio abreviado, pero esta solicitud fue denegada en primera instancia por el juez Javier Bottero. Esta decisión fue apelada, y ahora está pendiente de resolución.

RESOLUCION DEL JUEZ
DRIVET: LIBERTAD
Fijadas las posturas de Fiscalía y Defensa, el juez Drivet hizo lugar a lo planteado por la Defensa Técnica, resolviendo la “inmediata libertad de GEH revocando la medida que tenía el imputado con datos que constan en OGJ con las siguientes obligaciones: fijar domicilio sin autorización de abandonar o cambiar sin dar aviso al MPA; el padre del imputado deberá aceptar las obligaciones del rol de guardador; prohibición de contacto por cualquier via, directa o indirecta, con la víctima y testigos de los hechos; presentación en dependencia policial de su barrio semanalmente; prohibición de salir de la ciudad de Rafaela; caución real de $100.000 pesos; prohibición absoluta de tener en su poder o a su alcance armas de fuego.

FUNDAMENTOS
En los fundamentos el juez Drivet sostuvo que, “se deben evitar fallos que sean abstractos: sería injustificado e irrazonable. Los jueces deben valorar la situación concreta y objetiva”.
Agregó asimismo que, “hay cuestiones ya agotadas en cuanto a los presupuestos de la prisión preventiva” y que “hay un reconocimiento de plazos no razonables. Resultan adecuadas las medidas propuestas por la defensa”, remarcó el juez.