BUENOS AIRES, 23 (NA). - El ministro de Justicia, Martín Soria, acusó a la Corte Suprema de querer "meterse por la ventana en el Consejo de la Magistratura" luego de que en diciembre pasado declarara la inconstitucionalidad de la ley que rige hace 16 años y forzara al Congreso a sancionar una nueva norma en un plazo muy exiguo, lo cual calificó como "un acto político extorsivo".
"Lamentablemente el Congreso de la Nación está obligado a legislar bajo presión", arrancó el funcionario nacional al exponer en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia del Senado, donde defenderá el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo, en cumplimiento de la sentencia -que dejó claro que no comparte- que el máximo tribunal de Justicia dictó el 16 de diciembre pasado.
La sentencia le dio al Congreso un plazo de solo 120 días (de los cuales quedan apenas 25) para sancionar una nueva norma, que reemplace a la vigente, "bajo la cual se designó al 70% de los magistrados actualmente en funciones".
De no cumplir con el plazo perentorio hasta el 16 de abril, el cuerpo quedará inhabilitado para firmar resoluciones tras esa fecha y a su vez, será obligado a retomar la integración que tenía antes de la ley de 2006, cuando el organismo era presidido por el presidente de la Corte Suprema y contaba con 20 miembros, en lugar de los 13 actuales.
En este sentido, Soria acusó a la Corte de querer "meterse por la ventana a presidir el Consejo de la Magistratura". Cabe aclarar en este punto que el proyecto presentado por Juntos por el Cambio pretende restaurar la presidencia del Consejo para el titular de la Corte Suprema y también ampliar a 20 los integrantes, la misma cantidad que había antes del 2006.
"No solamente declararon inconstitucional a una ley que estuvo vigente 16 años y bajo la cual se designó al 70% de los magistrados actualmente en funciones, sino lo que es más grave, que al declarar esa inconstitucionalidad le dieron operatividad a una ley que fue derogada en 2006 por el único poder del Estado que está habilitado para establecer funciones legislativas, que son el Senado y la Cámara de Diputados", recriminó. .
"La Corte no solamente se entrometió con facultades legislativas que corresponden a esta casa y revivió un expediente que se había originado 16 años atrás por una demanda del Colegio de Abogados de la Ciudad, sino que además resuelve que lo tiene que presidir la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación", agregó.
En esa línea, sostuvo que "este Congreso de la Nación debería rechazar y repudiar de plano esta verdadera intromisión de parte de la Corte en facultades que le están absolutamente vedadas como es legislar".
Según expresó Soria, el fallo "es sin lugar a dudas una extorsión sin precedentes en la historia democrática de nuestro país que pone en jaque la división de poderes".
"El fallo de la Corte no es una sentencia jurídica, es un verdadero acto político y, peor aún, extorsivo", apuntó.
Soria advirtió que el plazo de 120 días hasta el 15 de abril es "prácticamente incumplible", ya que faltan "menos de cuatro semanas".
El proyecto del oficialismo apunta a elevar de 13 a 17 los integrantes del Consejo, incorporando dos abogados, un juez y un representantes del ámbito académico y científico.
De prosperar la iniciativa del Gobierno, el Consejo quedaría integrado por cuatro jueces del Poder Judicial (ahora son dos), seis miembros del Poder Legislativo (tres diputados y tres senadores nacionales, siendo dos por el bloque mayoritario de cada cámara y uno por la primera minoría), cuatro representantes de los abogados (ahora son tres), uno del Poder Ejecutivo, y por último dos correspondientes a los ámbitos académico y/o científico (hasta ahora había uno solo).