BARCELONA, 30 (AFP-NA). - Dos días después de la declaración de independencia del parlamento catalán, cientos de miles de personas marcharon este domingo en Barcelona en contra de la secesión de esta región, por cuyo control pugnan el gobierno español y el destituido ejecutivo independentista catalán. Bajo el lema "¡Todos somos Cataluña!" y un mar de banderas españolas y catalanas, una multitud inundó el elegante paseo de Gracia de la capital catalana: 300.000 según la policía local, 1 millón según la delegación del gobierno español y 1,1 millón según los organizadores.

Respaldada por los principales partidos no separatistas, la marcha fue convocada por la asociación Sociedad Civil Catalana (SCC), que ya congregó una manifestación masiva después del referéndum inconstitucional sobre la secesión del 1 de octubre.

Años de tensiones entre el gobierno regional y el poder central culminaron el viernes con dos hechos sin precedentes en la España moderna: el parlamento regional declaró la independencia y el ejecutivo español de Mariano Rajoy destituyó al gobierno catalán y tomó el control de su administración.

"Ha sido una locura que nos ha llevado al precipicio", repudió Alex Ramos, vicepresidente de SCC, en referencia a la declaración de independencia no reconocida por ningún país. "Es un momento dramático en la historia de España, un momento tremendamente difícil y peligroso", advirtió el expresidente del Parlamento europeo, el catalán Josep Borrell, pidiendo a los manifestantes "serenidad" para "seguir viviendo juntos".

En esta región con 7,5 millones de habitantes, con un idioma propio pero con muchos habitantes procedentes del resto de España, la sociedad está dividida a partes iguales sobre la secesión. Y ahora viven en realidades paralelas: unos dan validez a la declaración de la república, otros respiran aliviados tras la intervención del gobierno español, a quien piden más mano dura.

"¡Puigdemont a prisión, Puigdemont a prisión!", gritaban en la marcha sobre el presidente regional Carles Puigdemont, destituido el viernes por Mariano Rajoy. "Es ilegal lo que han hecho", reprocha a los independentistas Miguel Angel García, jubilado de 70 años. "Si Madrid no hace pagar responsabilidades, judicialmente o como sea, me sentiré estafado".

Pero en una terraza en el barrio histórico de Barcelona, la independentista Marta Gimeno opinaba lo contrario.

"EL PRESIDENTE

ES PUIGDEMONT" 

"Para mí Puigdemont es nuestro presidente, claro", dijo esta ilustradora de 45 años. "La declaración de independencia nos sirve, es válida, no es simbólica", afirmó. Por segundo día consecutivo, la región se despertó sin saber quién llevaba las riendas de su administración, en cuyos edificios seguían ondeando las banderas españolas.

Oficialmente, las funciones del gobierno regional las asumió la vicepresidenta del ejecutivo español, Soraya Sáenz de Santamaría. También el parlamento está disuelto hasta las elecciones convocadas por Rajoy, el 21 de diciembre.

Además, más de 150 altos cargos fueron cesados, la red de embajadas catalanas abiertas en los últimos años cerrada y la cúpula de la policía regional, los Mossos dEsquadra, relevada por órdenes del Ministerio del Interior.

Según un portavoz policial, el nuevo comando dio órdenes para retirar la escolta a los dirigentes destituidos, así como las fotografías de Puigdemont de las comisarías.

Pero los líderes independentistas no reconocieron su cese. En una carta en el diario El Punt-Avui, Oriol Junqueras, el vicepresidente del ejecutivo destituido, aseguraba que "el presidente del país es y seguirá siendo Carles Puigdemont".

"No podemos reconocer el golpe de Estado contra Cataluña, ni ninguna de las decisiones antidemocráticas que está adoptando el Partido Popular [de Rajoy] con control remoto desde Madrid", añadió.

Menos explícito fue Puigdemont, que en un mensaje televisado el sábado apeló a "la oposición democrática" y "pacífica" a la toma de control del gobierno español.

Una fecha marcada en rojo en el calendario es el lunes, cuando los dirigentes destituidos o los diputados del parlamento disuelto podrían intentar volver a sus puestos de trabajo. También se espera que la fiscalía española se querelle contra Puigdemont por "rebelión" en los próximos días, un delito penado con hasta 30 años de prisión.