Cada vez va quedando más claro, incluso con muchos miembros del gobierno que piensan de esa manera pero que no se atreven a hacerlo público -como sucedió con la titular del Banco Central Mercedes Marcó del Pont y le significó caer en cierta desconsideración- que la inflación es el gran problema por resolver. Y para eso, lo primero que debe hacerse es admitirla, para lo cual se debería hacer todo lo contrario que se vino haciendo desde comienzos de 2007 cuando se intervino el INDEC provocando en el mismo una desarticulación casi total para "dibujar" los números que el gobierno deseaba, al comienzo con la justificación dicha por lo bajo que el objetivo era para evitar pagar altos intereses por aquellos títulos que los especuladores habían adquirido y que determinaban sus pagos por medio del índice inflacionario.

Pero claro, lo que en un principio comenzó de esa manera, con esos objetivos, se fue afianzando en la metodología, ahora directamente de ocultamiento de aquellos índices que significan novedades desagradables como por ejemplo, además del costo de vida, la pobreza, la indigencia, el desempleo. Todos, minimizados, al extremo de haberse llegado a este mes de octubre último con una inflación oficial de 0,6%, con cuya contabilización anual se llega a una proyección total para 2011 del 8%, totalmente alejada de la realidad, y además sin utilidad para ninguna de las formas que requieren de este índice para diversos tipos de actualizaciones, o bien para las reclamaciones salariales. Estas últimas, siempre se han  valido por "la inflación de las góndolas", razón por la cual los incrementos obtenidos en paritarias estuvieron oscilando entre 25 y 35 por ciento. Lo cual, en definitiva, vendría a ser la inflación admitida tanto por trabajadores como empleadores, entre tres y cuatro veces más que la del INDEC.

Como sucede todos los meses, en este escenario de ficción y realidad, mientras el organismo oficial de la Nación arrojó ese 0,6%, el "índice Congreso", que no es otro que el de las consultoras que fueron perseguidas con multas de 500.000 pesos y otro tipo de sanciones por Comercio Interior del polémico funcionario Guillermo Moreno, recurriendo por la tanto a la difusión desde la Legislatura, evitando así esa persecución, el pasado mes estuvo en el orden de 1,49%. Y aunque se contrajo con relación a otros meses anteriores, igualmente fue una vez y media más que la medición oficial, coincidente en el alza con las mediciones provinciales, que también estuvieron por encima de lo oficial.

No resulta sencillo de comprender las razones por las cuales se continúa ocultando la inflación, cuando en realidad se trata de la gran batalla que debe dar la Argentina de este tiempo, constituyendo un gran contransentido para el propio gobierno, ya que mientras sostiene la profundización del modelo nacional y popular con el objetivo principal de la inclusión, es decir, combatir a la pobreza, por el otro no realiza los esfuerzos que corresponden para reducir la inflación al mínimo posible, cuando se trata del mayor flagelo en cuanto a generar pobreza. Está absolutamente comprobado que el peor enemigo de las clases más bajas es la inflación, y que mientras se conviva con ella, es utópico hablar de reducir la pobreza y la indigencia.

De qué manera reflejan estas estadísticas oficiales en las canastas alimentarias. Pues veamos, según el INDEC una familia tipo necesitó reunir 1.372,79 pesos para no caer en la pobreza en octubre, quedando claramente en evidencia que se trata de un dibujo absolutamente alejado de la realidad, pues que una familia de cuatro miembros -matrimonio y dos hijos en edad escolar- pueda vivir un mes con semejante suma, responde sólo a esta absurda manipulación que se hace de los números. Por su parte de otra canasta, la que mide la indigencia, fue fijada en 622,25 pesos, también para una familia tipo, con lo cual estando por encima de esa ínfima suma, no se cae en la indigencia.

En tanto, de acuerdo con una encuesta de la consultora Deloitte, nueve de cada diez empresarios dicen que la prioridad del gobierno en el próximo período que se iniciará en diciembre debería ser el control de la inflación, y después se ubican temas como el dólar, la provisión de energía , el sostenimiento del crecimiento económico y la intervención estatal para reducir la conflictividad laboral. El ordenamiento es claro, con la inflación al frente del pedido.