Sin ideas, el Gobierno asume el compromiso de bajar la inflación pero por ahora el resultado es todo lo contrario ya que los precios suben y vuelven a subir. Los funcionarios, desde el presidente Alberto Fernández hacia abajo, solo plantean su voluntad en el plano discursivo pero no en el de los hechos, dejando una evidente distancia entre lo que se dice que se va a hacer y lo que finalmente se hace. El mercado, los agentes económicos y los consumidores advierten el intento de engaño pierden confianza en una palabra devaluada de quienes hoy ocupan Casa Rosada. 

Por ahora la tibia respuesta para entorpecer o ralentizar la escalada de precios se concentra en programas de escasa eficiencia como Precios Cuidados, Precios Máximos y acuerdos sectoriales como el que se cerró por un conjunto de cortes cárnicos de impacto prácticamente nulo. Se trata más de medidas de marketing político que políticas consensuadas para esmerilar las inconsistencias y distorsiones de la economía que derivan en la inflación sostenida. Por caso, el convenio de la carne es por 6.000 toneladas mensuales, cuando en la Argentina se consumen 189.000 toneladas por mes, lo que hace imposible modificar el comportamiento -y el precio- del otro 97% del mercado. 

En una entrevista publicada por agencia Télam el fin de semana a la vicejefa de Gabinete de la Nación, Cecilia Todesca Bocco, se abordó la problemática inflacionaria pero en forma tan superficial. Es que todos los economistas son expertos explicadores de este fenómeno pero nadie sabe detallar cómo controlarlo. La funcionaria remarcó que "es muy importante el ordenamiento macroeconómico, que tiene que ver con tener políticas razonables en materia fiscal, monetaria y cambiaria, y también con la discusión de las paritarias; tenemos este plan para la inflación". Después agregó un concepto que en lugar de aclarar, oscurece pues afirmó que "no es una plan mágico, porque no existe tal plan". Contradictorio, sin precisiones por parte de la número dos de la Jefatura de Gabinete. Entonces cómo creer que el compromiso del Gobierno de Fernández, o de los Fernández, es serie a la hora de buscar soluciones a los precios. Todesca también expresó que "en un país con inflación elevada desde hace tiempo como el nuestro, éste es un trabajo dificultoso que nos va a llevar varios años y estamos expuestos a shocks", lo que puede interpretarse como que no se puede esperar nada de la actual gestión nacional. Una inflación de casi 5 por ciento en marzo está perfectamente alineada a las declaraciones de la vicejefa de los ministros, mal que nos pese. 

Tampoco suma la secretaria de Comercio Interior, Paula Español, quien hace pocos días amenazó a toda la cadena de la carne con restringir las exportaciones como forma de atenuar el aumento que se observa en el sector a partir de una mayor demanda internacional, motorizada por China. Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) reaccionó rápidamente y recordó que las amenazas y las medidas intervencionistas son recetas viejas que nunca dieron el resultado esperado. La entidad agropecuaria aseguró que el proceso inflacionario y la creciente presión impositiva en sus tres niveles, debe ser incorporado cada vez que se hable del precio final de cada producto, porque sin duda, los costos están atravesados por estos factores, en Argentina todo aumenta, no solo la carne, pero parece que nadie quiere hacerse cargo de la política económica actual. Y agregó que el Gobierno pretende hacer creer a la población que la exportación de carne es el factor desencadenante de su precio en el mercado interno, sin considerar abiertamente la incidencia inflacionaria y la presión fiscal.

Haciendo un poco de memoria, para CRA resulta un síntoma de la decadencia intelectual para enfrentar el tema, la idea de retornar al cierre de exportaciones, experiencia, que bajo el mismo signo político, produjo un desastre en el stock bovino, un cierre de innumerables frigoríficos y en corto tiempo un aumento considerable del precio del producto.

Y en medio del rebrote inflacionario que afecta a la economía desde noviembre, el Gobierno busca apurar la expansión de la venta de alimentos en camiones ambulantes en el Gran Buenos Aires, donde la pobreza alcanza al 51% de la población. Según la funcionaria, este mercado itinerante es fundamental para que las familias argentinas puedan contar con frutas y verduras de calidad a precios mayoristas cerca de sus domicilios. ¿Y cuántos camiones dispondrá esta "política de estado" pensada por Español para que todos los argentinos pueda pagar alimentos a precios mayoristas? ¿Hay que resignarse a esta calidad de funcionarios bien pagados por ideas impracticables que tienen el fracaso garantizado? De alguna forma, remite a los camiones de la economía popular que muy de vez en cuando llegaban a Rafaela, en tiempos de otro gobierno kirchnerista, para que los alimentos pasen del productor al consumidor sin intermediación. No aportó nada. Ahora, años después, estamos en el mismo lugar.