Una vez más, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) condenó el ataque del régimen de Nicolás Maduro contra la libertad de prensa y la sociedad civil en Venezuela.

En un comunicado, la oficina para los Derechos Humanos de dicho organismo, indicó que la organización está muy preocupada por los últimos avances de la dictadura contra ambos sectores.

Mencionó, específicamente, el allanamiento contra la ONG Azul Positivo, que enfoca su trabajo en la prevención del HIV y las enfermedades de transmisión sexual, además de las recientes acciones contra tres medios de comunicación: VPITV, Panorama y TalCual.

Con respecto al primer hecho, recordó que tuvo lugar el 12 de enero en el estado Zulia, cuando oficiales de contrainteligencia militar y de la policía regional entraron a la sede de la organización no gubernamental.

En ese operativo fueron incautados documentos y arrestaron a seis empleados, cinco de los cuales siguen detenidos, sin haber podido ver a sus familiares, ni tampoco a sus abogados, según especifica el documento de la ONU.

Se agrega que es la segunda vez en los últimos dos meses que se fue allanada la oficina de una ONG humanitaria e interrogado a su personal, supuestamente debido a la financiación recibida desde el exterior.

El caso referido en la declaración es el de Convite, que brinda asistencia a adultos mayores y cuya sede también fue allanada a mediados de diciembre, cuando funcionarios del régimen de Maduro se llevaron detenido a su director general, Luis Francisco Cabeza.

Justificando su accionar con una acusación de financiamiento del terrorismo, se procedió a incautar los equipos de las dependencias ubicadas en Caracas.

Francelia Ruiz, directora de proyectos de la ONG, denunció que en medio del procedimiento le impidieron la entrada a la sede de Convite, para realizar un inventario de los equipos que se llevaron por orden del Gobierno.

Se agregó desde Convite que es urgente que los organismos internacionales se pronuncien ante los hostigamientos contra las ONG que realizan un trabajo humanitario en Venezuela.

Al respecto, la oficina de la ONU sostuvo que los Estados "no deberían imponer restricciones indebidas a la capacidad de las ONG de acceder a la financiación de fuentes nacionales o internacionales".

Agregó que es aún más desconcertante que estas incursiones estén acompañadas de declaraciones de funcionarios públicos que exhortan a la criminalización de las organizaciones de la sociedad civil y de su personal.

Con respecto al ataque contra los medios de comunicación, detalló los eventos del 8 de enero cuando funcionarios públicos confiscaron sus equipos, tras allanar sus oficinas e intimidar a su personal.

Los incidentes de referencia siguen a casos similares de periodistas acosados o intimidados, mientras funcionarios públicos emitieron en los últimos días una serie de declaraciones deslegitimando a los medios de comunicación.

El blanco principal de la embestida, VPITV, anunció el 10 de enero que deberá dejar de operar momentáneamente en el país caribeño luego de haber sido confiscados sus equipos.

Esta medida, viola claramente el derecho a la propiedad y cierra una puerta más a la información libre y plural, expresó el contundente informe de la ONU.

El régimen de Maduro acusó el mismo día a los medios Efecto Cocuyo, Caraota Digital, El Pitazo y Radio Fe y Alegría, de ser "mercenarios del periodismo y recibir financiamiento del extranjero para derrocar al gobierno".

La declaración de la ONU se suma al coro de voces, tanto a nivel nacional como internacional, que condenaron las acciones recientes contra los medios en el país caribeño.

El pasado lunes, en tanto, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) calificó a las acciones como una nueva ola de agresiones y ataques contra los medios de información que no están alineados con el gobierno de Nicolás Maduro.

Desde la SIP reconocieron que están acostumbrados a la barbarie del régimen contra la libertad de prensa, pero eso no invalida que la entidad condene esta nueva ola de agresiones y ataques del gobierno para silenciar a los medios y periodistas independientes.

Espacio Público denunció que más de un centenar de medios de comunicación cerraron desde la llegada del mandatario socialista al poder en 2013.

Reporteros Sin Fronteras, El Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela y la ONG Espacio Público, coincidieron en que los periodistas son perseguidos por las fuerzas de seguridad y los diferentes órganos censores rastrean todos los contenidos de los medios críticos, que pierden sus licencias.

De esa manera, se quedan sin papel para imprimir o les roban sus equipos, los periodistas son encarcelados y torturados, viéndose forzados al exilio y la sociedad de un momento a otro se queda sin conexión a internet.