Una de las tantas deudas pendientes de la Argentina es el combate contra la corrupción, un mal endémico difícil de extirpar. En los últimos dos años se advierte una reacción de la Justicia por investigar a funcionarios y empresarios involucrados en supuestas causas de coimas, como "la Ruta del dinero K" y la más reciente derivada de "los cuadernos de la corrupción". 

La implementación de un sistema de prevención que impidan este tipo de prácticas todavía está en la columna de las tareas sin realizar en el país. Luego una Justicia sólida que permita cazar a los corruptos y aplicar condenas duras completarían un manual básico de acciones para luchar contra las corruptelas. El mensaje que se debe dar desde los distintos poderes es que "aquel que las hace, las paga" con una sanción costosa, desde quitarle los dineros mal habidos hasta una pena de muchos años en la cárcel. Sería una señal poderosa para desalentar la idea de "meter la mano en la lata".

Esta semana el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa) propuso, en su informe semanal, un shock de bancarización a través del uso masivo de dinero electrónico para reducir los niveles de corrupción y evasión impositiva. "Dinero electrónico, el mejor antídoto contra la corrupción", es el título del último informe de la consultora, en referencia a las causas que investiga la Justicia sobre el presunto pago de sobornos y maniobras ilícitas entre  funcionarios y empresarios del sector de la construcción en la obra pública.

Idesa consideró que aunque demanda una compleja logística para su manipulación, el dinero en efectivo es un gran promotor y facilitador de la corrupción. Al respecto, señaló que con sólo aproximarse a los niveles de evasión prevalecientes en Chile se podría cumplir con el objetivo de eliminar el déficit fiscal y todos los impuestos distorsivos.

El reporte destaca que inducir al uso masivo de dinero electrónico sería un paso central para la decencia en la Argentina no sólo porque se dificultaría la corrupción sino también la evasión impositiva, otra de las problemáticas que afectan la economía nacional. Asimismo, advirtió que el gran desafío que deben sortear los involucrados con dinero ilegal no es tanto cómo conseguirlo sino la logística para recibirlo, transportarlo y ocultarlo. 

Así, consideró que la magnitud y complejidad de los problemas logísticos que plantea manipular dinero en efectivo depende de la moneda que se use. Al respecto, la consultora se refirió al caso de los bolsos de José López, quien pretendió ingresar a un convento unos 9 millones de dólares.  Dado que el billete de mayor denominación en el dólar es el de 100 unidades, López tuvo que usar 6 bolsos para transportar 900 fajos de billetes de 100 dólares. ¿Qué hubiera pasado si optaba por monedas de otros países?, preguntó la consultora.

Según un reciente artículo de la revista Finance & Development del Fondo Monetario Internacional (FMI), si hubiera utilizado euros habría tenido que manipular 155 fajos de billetes lo cual implica que con solo un bolso le hubiera sido

suficiente. En cambio, si hubiera utilizado francos suizos habría tenido que manipular 90 fajos con lo cual con medio bolso o un bolso mucho más chico le bastaba, estimó. En un tercer caso, señaló que si hubiera utilizado dólares de Singapur habría tenido que manipular solo 12 fajos de billetes con lo cual con una mochila colegial le sobraba.

Para IDESA, estos datos muestran que la complejidad en el proceso de transporte y ocultamiento de dinero en efectivo depende de la moneda que se use. En el análisis, planteó que el billete de mayor denominación en euros es de 500, en francos suizos de 1.000 y en dólares de Singapur de 10.000 por lo tanto si se hubieran usados algunas de estas monedas muchos hechos de corrupción no se habrían descubierto.

Por último, el informe resaltó que los bolsos, los cuadernos y las bóvedas no hubiesen sido necesarios o hubieran tenido un protagonismo mucho menor, pero afortunadamente estas monedas si bien son más fáciles de esconder son más difíciles de usar porque cuentan con menos liquidez, lo cual seguramente indujo a los implicados a optar por los dólares americanos.

No es fácil sistematizar un sistema de control y revisión sobre la forma en que se elaboran los presupuestos para impulsar las licitaciones públicas para la ejecución de obras de infraestructura. Aquí puede detectarse quizás la primera anomalía que es inflar los presupuestos para permitir luego que las empresas adjudicadas paguen retorno en compensación por ganar una licitación. Después se deberían desarrollar canales de pagos mediante el sistema de transferencias electrónicas para darle mayor transparencia al proceso y que sea más fácil seguir la ruta del dinero que gasta el Estado.