Al igual que en los años 90, cuando sus servicios se interrumpían frecuentemente debido a la falta de fondos para pagar a los proveedores de salud, el PAMI otra vez refleja ciertos cortocicuitos a partir de un desorden de sus finanzas que impactan en la calidad de sus prestaciones. En la semana que terminó, surgieron en Rafaela denuncias de jubilados a la obra social estatal sobre problemas para la cobertura de servicios e inclusive se mencionó que hubo cortes de determinadas prestaciones. 

En los pasillos de los centros de salud de esta ciudad donde se gestionan órdenes y en las redes sociales se replicaron quejas sobre el PAMI. El Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa) advirtió en su último informe que "el sector salud sigue dando muestras de desatención y baja calidad de los servicios a pesar de que los fondos aumentaron considerablemente", una situación que "se explica por las malas reglas de organización que generan groseras inconsistencias financieras y estímulos para el despilfarro y el desvío de fondos".

En este sentido, consigna que "la muerte de una jubilada que esperaba ser atendida en la sede del PAMI de Mendoza causó conmoción" y que "más allá de que los motivos del deceso no se hicieron públicos, en la percepción de mucha gente el hecho refleja la desatención y el maltrato que diariamente sufren millones de jubilados".

Idesa sostiene que "testimonian la mala calidad de atención la masiva utilización de los servicios de los hospitales públicos por parte de una gran cantidad de afiliados al PAMI y la contratación de empresas de medicina prepaga asumiendo los costos que implica la doble cobertura por parte de otra cantidad de afiliados". Además, considera que "las fallas en la cobertura y la desatención también están presentes en el resto del sistema de salud" y que las causas de las deficiencias "son múltiples y complejas" aunque "los factores básicos radican en los arreglos financieros, las reglas de afiliación y el oscurantismo que prevalecen en el sector".

A pesar de la falta de "información sistematizada", Idesa realizó estimaciones sobre los números globales del sistema de salud correspondiente al 2014 en base a fuentes oficiales alternativas como la AFIP, el INDEC y el Ministerio de Economía. En tal sentido, indicó que "las obras sociales nacionales recaudaron $73 mil millones para atender a 14 millones de personas arrojando un monto per cápita mensual de alrededor de $430" y que el PAMI "habría tenido una recaudación anual de $46 mil millones para atender a 4,5 millones de personas arrojando un monto per cápita mensual de $850".

Por su parte, los hospitales públicos "habrían gastado algo más de $100 mil millones para atender a 15 millones de personas sin cobertura que arroja un monto per cápita mensual de $580". Si bien se trata de estimaciones aproximadas, estos datos "reflejan las distorsiones que cobija el régimen financiero del sistema de salud", entre ellas la más visible "es que el PAMI recibe aproximadamente el doble de recursos per capita que las obras sociales de activos, cuando el consumo de servicios por parte de los adultos mayores se estima en más de 4 veces superior que el de las personas más jóvenes". De esta manera, la obra social de los jubilados "estaría disponiendo de sólo la mitad de los recursos que necesitaría para dar medicina de calidad similar a la que ofrecen las obras sociales de los activos".

Las dificultades aumentan a raíz de la "administración oscura y dispendiosa" que obliga a "los afiliados que cuentan con ingresos más altos a apelar a las coberturas privadas mientras que el resto es sometido al desamparo o a utilizar los hospitales públicos". 

De acuerdo al informe, el mal uso de los fondos se sustenta en la "afiliación cautiva" que prevalece en el sector. Explica que "cuando una persona está disconforme con PAMI tiene muy limitadas opciones ya que no puede disponer la derivación del 100% de su cápita a otra entidad" y que "algo parecido ocurre con el resto de las obras sociales". Así, la afiliación cautiva "implica que los recursos pertenecen a los organismos y no a las personas, lo cual genera condiciones propicias para que los fondos sean usados en fines ajenos a la atención médica con niveles de oscurantismo extremos en el manejo de la información, aspectos impropios para una república".

Idesa concluye que más allá de que en la última década se duplicaron los recursos de la seguridad social destinados a la cobertura sanitaria, el acceso y la calidad de los servicios sigue siendo insatisfactorio. Es que la cautividad promueve el despilfarro y la malversación de fondos. Por eso propone que el principio rector debe ser que los recursos sigan a las personas, no a los organismos, en un marco de libre elección donde el financiamiento sea sensible a las diferencias de consumos de atención médica entre los diferentes segmentos de la población.