A la política se la defiende siempre como una herramienta de cambio y transformación social que busca mejorar la vida de las personas, pero a lo largo de esta semana los argentinos nos hemos asombrado cuando apareció en escena el carácter más perverso de la politiquería. El presidente y la vicepresidenta (esta vez con minúsculas) se han puesto a jugar peligrosamente con las instituciones del país y de la democracia al aventurarse a una pulseada a todo nada que genera una crisis de proporciones poco habituales en una coalición gobernante y provoca una incertidumbre adicional que hace temblar a todo un país, que ya cargaba con la imprevisibilidad por una economía atada con alambres.
Si los políticos sufren por sus bajos niveles de popularidad, flaco favor le hace esta etapa reprochable y olvidable de las máximas autoridades del Poder Ejecutivo involucrados en una disputa de bajo nivel por el poder mismo que virtualmente ha paralizado al Gobierno. Una semana perdida en la gestión del Estado.
En este espacio editorial hemos insistido en que la política debe darle transparencia total a sus gastos. En un país donde la presión fiscal es elevadísima, buena parte de los impuestos que pagan contribuyentes se destina a solventar asesores fantasmas de cada senador o diputado nacional o incluso en las legislaturas provinciales.
En nuestra democracia aún se necesita voluntad política de quienes ocupan lugares clave para la toma de decisión en torno a los presupuestos legislativos. Lo hemos reiterado en más de una oportunidad: la Legislatura de Santa Fe es tres veces más cara que su similar de la provincia de Córdoba a pesar de que cuentan con una cantidad muy similar de integrantes. Los dirigentes políticos santafesinos se hacen los distraídos antes cifras difíciles de explicar: las cámaras de Diputados y Senadores cuentan con un presupuesto total de $7.057 millones para este 2021. Como contrapartida, la Legislatura de Córdoba -que es unicameral- tiene autorizado un gasto sustancialmente menor que representa apenas el 27% de esa cifra, esto es $1.949 millones. ¿Se imaginan cuántas obras podrían ejecutarse en Santa Fe con esa diferencia que supera los 5.100 millones? ¿Cuál es el argumento que justifica tamaña distancia entre los recursos de una y otra legislatura?
Nuestros políticos tienen mucho por explicar. Recientemente, el periodista Jorge Lanata abordó en su columna de Clarín la cuestión del Congreso, el presupuesto, la superpoblación de empleados y la falta de producción legislativa debido a la menor cantidad de reuniones de comisión y sesiones públicas. El Senado que controla Cristina Kirchner, la vicepresidenta, apenas realizó diez sesiones -todas bajo la modalidad virtual- en los 260 días que van del 2021.
Lanata repasa datos del Índice Latinoamericano de Transparencia Legislativa, que evalúa trece países, en el que Argentina se encuentra en el medio del ránking, cuyo primer lugar está en poder de Chile y el último, de Venezuela. Ese reporte advierte que se constató un discreto nivel de información en materias como el presupuesto del Congreso y su ejecución, contrataciones públicas de bienes y servicios y viajes de legisladores a lo que se suma la inexistencia de información disponible sobre los llamados a concurso para la contratación del personal del Congreso y sobre la ejecución del gasto de las fracciones parlamentarias.
El Senado, donde hay 72 senadores, cuenta con 5.914 empleados entre planta permanente, transitoria y contratos. ¿Alguien tiene idea qué funciones cumple todo ese personal? No hay muchas empresas argentinas que cuenten con 6.000 empleados. ¿Ustedes saben quién les paga el sueldo? Claro, ustedes. En Diputados, donde hay 257 legisladores, se desempeñan 4.985 agentes. El presupuesto anual del Congreso es de $ 40.273 millones. El de la Municipalidad de Rafaela apenas supera los 4.000 millones. No hay remate.