Hace algo más de dos meses, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner destacó ante la Asamblea Legislativa que la Argentina ya cumple 12 años de paritarias libres y consecutivas, donde los trabajadores y empleadores deciden libremente el salario". Pero ahora el equipo económico del Gobierno nacional, que conduce el ministro Axel Kicillof, desacredita en gran medida a la mandataria al pretender fijar topes a las negociaciones salariales que los gremios y las cámaras empresariales desarrollan en el marco de las paritarias 2015. 

Esta intervención incrementa, innecesariamente, las tensiones en la discusión por los aumentos de sueldos al punto de que puedan producirse medidas de fuerza en determinados sectores, como en el metalúrgico, bancario y de comercio. Mientras los sindicalistas, presionados por las bases, exigen mejoras en los ingresos de los trabajadores por encima del 30 por ciento, el Gobierno advirtió que no convalidará subas más allá del 25 por ciento. Como fundamento, se aferra a que la inflación oficial del 2014 no superó el 24 por ciento según las mediciones del poco confiable INDEC y de las estimaciones también oficiales de que en este 2015 los precios de bienes y servicios no rondarán el 15 por ciento.

Los gremios, tanto aquellos que forman parte de las CGT más cercana al Gobierno como aquellas que integran las centrales obreras opositoras, descartan de plano negociar los aumentos de salario a partir de los indicadores oficiales de la inflación y eligen tomar como referencia aquellos índices elaborados por las consultoras privadas que reflejaron incrementos del 38 por ciento el año pasado. No hacerlo generaría una ruptura entre las bases de cada uno de los gremios y sus propios dirigentes. 

El fin de semana, el histórico titular del sindicato de Empleados de Comercio, Armando Cavalieri, se quejó de que el Gobierno quiere "imponer una barrera al salario", al tiempo que consideró que, de ese modo, pone "un tope al crecimiento". Sin vueltas, explicó que "el Ejecutivo intima a los empresarios a no ceder y además a no homologar los convenios" que se suscriban en torno al 30 por ciento. En el caso del gremio mercantil, las negociaciones fracasaron hasta el momento, ya que no pudo conseguir el pretendido aumento del 30 por ciento en dos cuotas.

En la misma línea que Cavalieri se pronunció el secretario adjunto del gremio de Camioneros, Pablo Moyano, quien acusó al Gobierno de ejercer presión en las negociaciones salariales. En este sentido, consideró que "el Gobierno presiona" a los gremios y a las cámaras empresariales para conseguir que las subas tengan un techo del 25 por ciento aunque después viene "con el verso de paritarias libres".

Del otro lado del mostrador, el presidente de la Unión Industrial Argentina, Héctor Méndez, reiteró que el tope para las negociaciones paritarias debe ser de un 25 por ciento, al sostener que ello evitaría "que se disparen los precios". Para el dirigente, es necesario "tener una mentalidad de sacrificio compartida porque hoy en el mercado internacional estamos afuera, no podemos competir, así como estamos, ni con otros países de Sudamérica ni de Centroamérica". De este modo, compartió el criterio de Kicillof aunque con una crítica que no es menor a la política económica del Gobierno al admitir que el país ha perdido competitividad en el escenario internacional. 

Pero en un nuevo giro discursivo, el Gobierno salió a negar haber fijado un tope para la discusión de aumentos salariales y pidió al empresariado

actuar con "responsabilidad" para no trasladar a precios los

incrementos que surjan de las paritarias.

El pedido que efectuaron diversos funcionarios del Gabinete nacional se da

en un momento en que los gremios bancarios y metalúrgicos

convocaron a medidas de fuerza por la falta de acuerdo en las

negociaciones paritarias.

Kicillof descartó de plano que él u

otro funcionario hayan tratado de imponer un techo del 25% para

las mejoras salariales y adjudicó esas versiones a "campañas de

prensa malintencionadas", aunque fueron los propios gremios los que cuestionaron al Gobierno. Al relativizar las críticas, sostuvo que "el Gobierno no es el que paga las paritarias, es una negociación entre empresarios y trabajadores, el Estado actúa sólo de observador".

Así las cosas, las paritarias de este año desnudan una vez más la estrategia oficial de acomodar el relato según las conveniencias del momento. Hace dos meses, la Presidenta habló de paritarias libres mientras ahora sus funcionarios imponen un límite en los aumentos, abandonando el rol de "observador" al que públicamente hizo referencia Kicillof, más allá de que se intente ocultar esas presiones. Incluso el líder de la CGT oficialista, Antonio Caló, admitió que recibió una llamada de un alto funcionario del Gobierno para que ceda en su reclamo de lograr un aumento salarial de 32 por ciento. Como se ve, lo que sucede detrás de las cortinas no es lo que se admite delante de ellas. Se tergiversa, relato mediante.