Más allá de quien gobierne en la Argentina, lo que está fuera de discusión es que en términos generales nunca favorecerán a los jubilados, que no tienen oportunidad alguna de dar vuelta la ecuación. Siempre están del lado de los que pierden por más que el país crezca (una situación cada vez más extraña) o caiga en un abismo, como sucede en la actualidad. El fracaso de la política, de los presidentes de antes y de ahora, de los legisladores de antes y los de ahora, queda al descubierto con tan solo una observación a la clase pasiva. ¿Cómo es posible que no haya un acuerdo básico en torno a la actualización de las jubilaciones y pensiones, una necesidad imperiosa en un contexto inflacionario como en el que vivimos desde casi siempre? ¿Por qué un peronista, un radical, un socialista y un dirigente de la derecha no pueden ponerse de acuerdo cuánto pagarle a un abuelo para que tenga una vida digna, pueda ir a comprar alimentos al supermercado, pagar sus remedios, visitar a su familia, entretenerse con sus amigos y hacer un viajecito de vez en cuando?
Triste ver que los legisladores, algunos de Rafaela, otros de toda la Provincia de Santa Fe, no puedan coincidir al menos en los ingresos de los jubilados. Hasta el 2015 había una forma de resolver la política previsional. Hace tres años y pico se impuso una nueva fórmula -en el Congreso, ante protestas de unos violentos que arrojaron toneladas de piedras- para aumentar las jubilaciones, la cual a fines del año pasado quedó, por acción de un decreto, desactivada. Vaivenes que no se pueden entender, más allá del déficit crónico de las cuentas públicas, porque se trata de los ingresos de los adultos mayores.
A casi un año de la vigencia de un esquema de actualización previsional discrecional, que depende del buen o mal humor del Presidente, se otorgó un mísero incremento del 5 por ciento a partir de diciembre. La inflación de octubre fue de casi 4 puntos, es decir que la mejora apenas alcanza para empatarle a los incrementos registrados por los bienes y servicios en un solo mes. Un disparate desde donde se lo mire. Una falta de respeto. También indigna que se anuncie la suba de jubilaciones y pensiones como si fuera un acto de gobierno épico cuando, en realidad, se trata de una violación de los derechos humanos de quienes transitan la adultez mayor.
Al mismo tiempo, el Gobierno nacional prepara un proyecto de ley para modificar la fórmula de actualización previsional. El director de Tercera Edad de la Defensoría del Pueblo porteño, Eugenio Semino, consideró que la fórmula de movilidad jubilatoria impulsada por el oficialismo no fija una compensación de haberes, a pesar de que perdieron un 40% de poder adquisitivo entre 2017 y 2020. Si prospera esa iniciativa, los haberes en lugar de ajustarse por inflación, subirán a partir de una fórmula combinada entre el índice de salarios RIPTE y la variación de la recaudación.
Según Semino, hay cuatro millones de jubilados que ganan 18.000 pesos y los dos millones restantes perciben una media de 26.000 pesos, cuando la canasta del adulto mayor, con gastos de vivienda, supera los 45.000 pesos. Según cálculos de especialistas en el sistema previsional, incluyendo el último aumento de septiembre, en los últimos tres años las jubilaciones y pensiones mínimas tuvieron una pérdida del 14,8% y las más altas un retroceso del 21,8%.
Con la fórmula de movilidad oficial propuesta, cerca de la ANSeS proyectan que en 2021 las jubilaciones y demás prestaciones sociales tendrán un aumento del 11,9% en marzo y del 18,2% en septiembre. Entre diciembre 2020 y diciembre 2021, sería un aumento del 32,2%, superior al 29% que prevé de inflación del Presupuesto Nacional para el año próximo, una estimación que rara vez da en el clavo.
Si se cumplen estas proyecciones, las jubilaciones y prestaciones sociales tendrían, punta a punta, una pequeña mejora.
Pero el último Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) proyecta para 2021 una inflación muy superior: 48,9%. Si se da esta perspectiva, el retroceso en los haberes jubilatorios sería aún peor. Los expertos alertan que la fórmula propuesta ahora no establece compensación inicial por la pérdida de haberes jubilatorios del 19,5% durante 2018 y 2019, que afectó a todo el sistema. Tampoco durante 2020, que afectó a las jubilaciones medias y más altas.