Por Guillermo
Malisani
(Especial de NA). - Tras la agitada gira de Cristina Kirchner por Estados
Unidos, que incluyó roces con el FMI y un inusual cruce con
universitarios, el Gobierno deberá enfrentar un debate pendiente y
de alto impacto para la gente: el retraso en las tarifas de los
servicios públicos.
En los trajinados cinco días de gira, la jefa de Estado se
quejó del trato "futbolístico" que el Fondo tuvo hacia la
Argentina; negó que la inflación se encuentre en el 25 por ciento
anual; defendió las estadísticas del INDEC; mantuvo encuentro de
negocios con empresarios petroleros y descalificó como "título
mediático" el denominado cepo al dólar, rechazando su existencia.
Sobre este último punto, la Presidenta fue enfática y
terminante: habrá que empezar a pensar en pesos, porque dólares no
habrá para nadie, porque no se los puede imprimir en el país, la
Argentina no los tiene y los que tengan los deberá usar para
cubrir obligaciones externas.
En la semana y como anticipo, el diputado Roberto Feletti
reconoció que el control cambiario continuará "hasta que el peso
se convierta en la reserva de valor".
En defintiva, Cristina Kirchner dejó en claro que las
restricciones cambiarias llegaron para quedarse, casi
definitivamente, y si bien comprendió que "haya alguno enojado",
admitió que "es imposible contentar a todos" y que debe gobernar
para los 40 millones de argentinos, pese a los cacerolazos.
Ese fue el tenor de la respuesta a una incómoda pregunta de un
estudiante de la Universidad de Harvard sobre el "cepo" impuesto
por el Gobierno para la compra de dólares, uno de los emblemas del
"cacerolazo" local que tuvo su versión neoyorkina cuando la jefa
de Estado se encontraba en el lujoso hotel Mandarín Oriental.
Pero uno de los puntos más picantes de la gira lo afrontó al
hablar ante la Asamblea Anual de la Naciones Unidas, donde fustigó
al Fondo y le dijo a su titular, la francesa Christine Lagarde,
que no puede tratar al país como un equipo de fútbol, luego de la
amenaza de sacarle tarjeta roja a la Argentina por sus sospechosas
estadísticas.
En un mundo complicado financieramente, con graves
consecuencias en España y Grecia, y marcada desaceleración
económica, la advertencia del FMI constituyó una muestra más de
la impericia y destiempo que vienen caracterizando al organismo en
los últimos años.
Si se cumple la amenaza, el Fondo tendría que iniciar el 17 de
diciembre un procedimiento que podría terminar en la suspensión
del derecho a voto en el organismo y hasta la expulsión del
organismo.
Sólo la ex Checoslovaquia, en 1954, fue expulsada por falsear
en sus pedidos de información y en una situación similar
estuvieron Zimbabue, Somalía, Liberia y Sudán, pero no llegaron a
ser desafectados del organismo.
Pero, más allá de la controversia con el Fondo y la veracidad
de las estadísticas públicas, lo cierto es que implícitamente el
gobierno admite que la inflación supera el 20 por ciento, porque
de lo contrario no homologaría paritarias con porcentajes
superiores y no aumentaría en igual término las asignaciones
familiares.
Lo preocupante es, en definitiva, que ese aumento de precios
se da en consonancia con una visible desaceleración en el ritmo
económico, reconocida inclusive por las proyecciones del
cuestionado INDEC y un frente internacional cada vez más crítico.
Tarifas: un debate pendiente
En medio de ese clima incierto, el Ejecutivo tiene en carpeta
un tema aún no resuelto: el congelamiento de las tarifas de
servicios públicos y que ya empezó a impactar de lleno en las
empresas concesionarias.
Tras una década de retraso en la actualización tarifaria,
subas salariales del 20 por ciento y una inflación persistente, la
distribuidora de gas Metrogas, la más grande del país, advirtió en
los últimos días que dejará de pagar en términos los vencimientos.
Metrogas siguió la tendencia de Edesur que, ahogada por sus
finanzas, dejó de pagarle a la administradora del mercado,
Cammesa.
Otra señal de alarma en cuanto a la posibilidad de un ajuste
tarifario surgió del proyecto de presupuesto 2013 que el Gobierno
giró al Congreso.
Allí, surge que las transferencias a las Empresas Privadas
sufrirán una caída de 11,7 por ciento respecto de lo presupuestado
para 2012 (4.337 millones de pesos menos), lo que daría cuenta de
una estrategia de reducción de subsidios y por ende ajustes de
tarifas en servicios energéticos y de utilidad general.
Dentro del proyecto de Presupuesto 2013, el Gobierno incluyó
los cargos específicos que se aplican a las facturas de luz y gas,
que le daría la posibilidad de aumentos de hasta el 350 por ciento
en las tarifas.
Así, queda liberado el camino para aplicar los incrementos
futuros o los que el Ejecutivo ya autorizó pero que están
congelados a raíz de la presentación de medidas cautelares que los
frenaron.
Por ejemplo, para hacer frente a las importaciones de gas, el
Gobierno creó un "cargo específico" a los clientes con consumos
superiores a los 1.000 metros cúbicos, que implicó subas de hasta
180 por ciento, pero que muchos usuarios no pagan al amparo de los
recursos judiciales y que ahora deberán abonar.
Resulta difícil proyectar que en un año electoral, el Gobierno
autorice un aumento generalizado en las boletas de servicios
públicos, pero lo cierto es que los subsidios se recortarán, que
los recursos faltan y que las empresas licenciatarias afrontan
serias dificultades económicas y financieras por el desfase entre
costos y tarifas.