En la Argentina, y en tantos otros países, la participación política como continuidad a una vocación de servicio público y deseos de contribuir positivamente a una transformación social puede generar satisfacciones pero también conlleva riesgos. La exposición que alcanzan determinados dirigentes los deja sin paracaídas ante sus decisiones y sus declaraciones ante la opinión pública. La vocación también puede mutar a una carrera política y muchos dirigentes, entonces, se aferran a cargos públicos durante su vida entera porque se acostumbraron a cobrar salarios que están muy por encima de la medida y además por adicción al poder con los beneficios explícitos e implícitos, la impunidad entre ellos. 

En la última semana hemos asistido a una serie de medidas adoptadas en el Congreso, y también a expresiones de legisladores, que merecen cierto repudio porque parecen fuera de lugar, sin tener en cuenta las distintas crisis que afectan al país como la sanitaria a raíz de la pandemia de Covid-19, la económica y la social. Podríamos sumar que padecemos una crisis ética y moral que permite a los caraduras de la política tomar decisiones de casta para conservar privilegios que atentan contra el bienestar común. 

En efecto, la vicepresidenta Cristina Kirchner y el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, acordaron con los gremios del personal legislativo un aumento salarial del 40 por ciento. La cifra consensuada con los tres sindicatos que agrupan a empleados de ambas Cámaras está once puntos por encima de la inflación del 29 por ciento que había pronosticado el Gobierno Nacional en el Presupuesto 2021. Según se informó, el aumento se pagará en cuatro tramos

durante los meses de julio, agosto, septiembre y octubre.

Al hacerse público el acuerdo, el pasado 3 de junio, se informó que el aumento no alcanzaba a diputados, senadores ni autoridades superiores de ambas Cámaras. Sin embargo, la información fue ciertamente confusa porque luego se aclaró que los legisladores podían o no disponer de esa mejora en sus dietas. Algo así como un aumento indirecto tal como dispone la resolución conjunta de Kirchner y Massa, que si bien otorga la suba del 40% en cuatro tramos al personal legislativo permite que diputados y senadores se enganchen al beneficio, aunque no hay una uniformidad de criterios. Por eso los distintos espacios políticos debaten qué hacer, si efectivamente cobrar el incremento o no. De hecho los integrantes de los bloques de Juntos por el Cambio han analizado la situación sin acuerdo aún, puesto que hay quienes consideran que merecen la recomposición de la dieta y otros, en tanto, creen que mejor es no hacerlo teniendo en cuenta la pobreza en aumento y las dificultades económicas que atraviesan especialmente el comercio, la gastronomía y dueños de empresas de servicios como gimnasios que no pueden trabajar con normalidad. 

De todos modos, el senador nacional del PRO Esteban Bullrich anunció que donará el 40% de aumento dispuesto en ambos cámaras del Congreso nacional para la compra de medicamentos de personas con Esclerosis Lateral Amiotrófica, enfermedad que le fue diagnosticada hace pocas semanas. El ex ministro del Interior Florencio Randazzo se sumó al coro de críticas contra el aumento y, tras señalar el nivel de pobreza en la Argentina, preguntó si la dirigencia política perdió el sentido común o el corazón. Desde otra vereda, la titular del PRO, Patricia Bullrich, apuntó contra los presidentes del Senado, Cristina Kirchner, y de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, por considerar que se dio un aumento de "los sueldos políticos" con la paritaria del 40% que se cerró en el Congreso, aunque en principio sería solo para el personal legislativo.

La diputada kirchnerista Fernanda Vallejos, quien cobra alrededor de 180 mil pesos de bolsillo, defendió el aumento al asegurar que los legisladores argentinos tienen "el salario más bajo de toda la región, casi que da vergüenza". Su pronunciamiento solo cosechó críticas y alguien recordó que el salario mínimo desde junio es de 25.572 pesos. Es decir un legislador nacional percibe una remuneración similar a la suma de siete sueldos mínimos. 

Las dietas de los legisladores permanecen congeladas desde diciembre de 2019, cuando el Frente de Todos llegó a la Casa Rosada y el Congreso aprobó la emergencia económica. Luego, en 2020, las autoridades de ambas Cámaras resolvieron mantener la medida para congelar las dietas con motivo de la pandemia de Covid-19 y la emergencia sanitaria, en lo que fue un gesto de austeridad. Incluso, hubo una iniciativa que impulsaron opositores y algunos oficialistas para que durante la pandemia los legisladores tuvieran un recorte de sus ingresos, al igual que los integrantes del Poder Ejecutivo. Sin embargo, el presidente Alberto Fernández descartó reducir el sueldo de los funcionarios de su Gabinete y la propuesta no prosperó en el Congreso.