En un país acostumbrado a atar con alambre cuando es necesario reparar lo que se rompe o funciona mal, la manipulación de las estadísticas no es una simple fechoría sino que esconde segundas intenciones que difícilmente se admitan y se transparenten. Los resultados de las mediciones del Indice de Precios al Consumidor y del nivel de actividad económica que hacía el INDEC fueron distorsionados en función de las urgencias políticas del partido de gobierno entre 2007 y 2015. Pero no fueron los únicos datos alterados a partir de las conveniencias del gobierno de entonces -que en mayor o menor medida es el mismo que está a cargo del Estado en la actualidad- sino que también se modificó la Encuesta Permanente de Hogares, para disimular al aumento del desempleo y directamente se dejó de publicar la información referida a la pobreza y la indigencia bajo la excusa de no estigmatizar a quienes se encuentran en lo más bajo de la pirámide social. 

Podría pensarse que seis años después del fin de ese INDEC manipulador debatir el tema es estéril y una eventual pérdida de tiempo, pero no es tan así porque su impacto llega hasta nuestros días y en el peor de los ámbitos respecto a los intereses nacionales: la justicia estadounidense. Resulta que ahora la jueza de Nueva York Loretta Preska consideró que la Argentina manipuló los índices de crecimiento económico para pagar menos deuda atada a la evolución del Producto Bruto.

La magistrada falló en contra del país en la causa que el fondo de inversión Aurelius Capital Investment le inició por modificar en 2014, durante el gobierno de Cristina Kirchner, el mecanismo de medición del PBI nacional por parte del INDEC. Según el Palacio de Hacienda, la resolución judicial es una "instancia" del proceso y abre la posibilidad para que exponga su posición la Argentina, que apelará.

Preska argumentó que Argentina "no puede desentenderse" del pago a los acreedores de los intereses del cupón PBI mediante el cambio de la manera de calcularlo. Tras el descargo por parte del Palacio de Hacienda, la jueza de Nueva York decidirá cómo continúa este proceso en contra de la Argentina.

La magistrada ordenó iniciar una nueva instancia de investigación y dio plazo hasta el 16 de abril próximo para que la Argentina presente una apelación. Esa apelación debería ser resuelta por la Cámara de Segunda Instancia del Segundo Distrito Sur de Nueva York.

La jueza norteamericana consideró que la Argentina actuó de "mala fe" en 2014 al alterar la medición del cupón PBI de 2013. Sostuvo que la modificación del cálculo que llevó a cabo Argentina para estimar el crecimiento de su PBI en 2013 es ilícita pese a que el país tenía la potestad de modificar la manera de estimar ese indicador tal como lo pueden hacer el resto de los estados. El fondo de inversión considera que la manipulación perjudicó a los acreedores en unos 500 millones de dólares.

La existencia de una causa judicial en la Justicia norteamericana revela que la intervención del INDEC y la alteración de sus mediciones no es gratuita. Es que no solo implica una grave pérdida de credibilidad de un organismo público sino también de un Gobierno y en su defecto de un país. Siempre se sostiene, tanto en ámbitos académicos como gubernamentales y privados, que la fiabilidad de las estadísticas permite acceder a radiografías de las distintas partes de un país y con eso se facilita la generación de políticas específicas para corregir, transformar o mejorar determinadas realidades. Si una encuesta de hogares revela que pocos hogares acceden a servicios básicos como agua o cloacas, entonces será prioridad de los gobiernos direccionar los recursos para impulsar este tipo de obra de infraestructura sanitaria. 

Como apuntó en algún momento el ex diputado nacional Federico Pinedo, el problema es que este país probablemente ya no podrá tener una serie confiable de la evolución de la economía en el futuro porque va a haber un lapsus demasiado largo de cifras falsas. También durante aquellos años de datos tergiversados, la prestigiosa revista británica The Economist dejó de publicar las estadísticas facilitadas por el Gobierno argentino al argumentar fastidio por ser parte de lo que parece ser un deliberado intento de engañar a votantes y estafar a inversionistas.

La decisión de mentir a través del INDEC sobre lo que pasaba en la vida real de la Argentina no fue más que un eslabón más del relato al servicio de los intereses de una facción política, la cual tiene a sus principales líderes procesados o condenados por delitos de corrupción. Por un tiempo el país inventó las estadísticas y lamentablemente ningún funcionario pagó un precio por esa mentira deliberada.