Las a veces convulsionadas y tumultuosas democracias latinoamericanas se encuentran una vez más ante una situación que las pone a pruebas, en este caso por la particular encrucijada que se presenta en Brasil donde el encarcelado ex presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, es cada vez más favorito para ganar las elecciones de octubre, pese a que su candidatura será probablemente invalidada a causa de su situación judicial.

El último fin de semana se conocieron dos nuevas encuestas que muestran al ex jefe de Estado, que cumple una condena a 12 años de prisión por corrupción pasiva y lavado de dinero, al frente de las intenciones de votos de Brasil con una amplia ventaja, lo que incrementa la preocupación en los mercados. Son conocidas las consecuencias cuando los mercados no confían en un país: crisis segura. Como para que la Argentina se alarme, porque se trata de nuestro principal socio comercial, que cuando su economía o su democracia padece problemas, nos hace sufrir. 

No es extraño que este convulso panorama electoral, el más imprevisible de las últimas décadas en Brasil, genere aversión en unos mercados.

Las encuestas son las primeras que se realizan desde el inicio oficial de la campaña electoral previsto para este jueves y la formalización de las 13 candidaturas presidenciales para los comicios del 7 de octubre, que contempla una eventual segunda vuelta el 28. De acuerdo a la Ley de Ficha Limpia, que impide presentarse a cargos electorales a personas condenadas en segunda instancia, el Tribunal Superior Electoral debería invalidar su candidatura presidencial. 

Del otro lado del mostrador, la cúpula del Partido de los Trabajadores considera que el juicio y la condena contra Lula fue un montaje sin pruebas impulsado por intereses políticos y económicos con el objetivo de sacarlo de la contienda electoral de octubre.

Con este dilema aún irresuelto en Brasil comienzan a dispararse interrogantes en la Argentina en torno a la figura de Cristina Fernández de Kirchner, quien podría buscar la reelección como presidenta en los comicios de 2019, pero está cada vez más complicada en el plano judicial por su presunta responsabilidad en una red de corrupción y pago de sobornos en la concesión de obras públicas durante la gestión kirchnerista. 

Si los testimonios de los distintos involucrados en la causa comprometen cada vez más a la ex presidenta argentina que por ahora está protegida por los fueros como senadora nacional, y eventualmente es procesada o incluso encarcelada ¿qué podrá pasar en el 2019 ante un eventual decisión de postularse para regresar al cargo que ocupó entre 2007 y 2015? La defensa de Cristina Kirchner niega su participación en la trama de las coimas y sostiene que hay persecución política, en una tesis más o menos similar a la que plantea el Partido de los Trabajadores brasileño en relación a Lula. 

En tanto, la Constitución Nacional, en su artículo 89, dice que "para ser elegido Presidente o vicepresidente de la Nación, se requiere haber nacido en el territorio argentino, o ser hijo de ciudadano nativo, habiendo nacido en país extranjero; y las demás calidades exigidas para ser elegido senador". Sobre los requisitos para ser senador, el artículo 55 de la Constitución señala que es necesario "tener la edad de treinta años, haber sido seis años ciudadano de la Nación, disfrutar de una renta anual de dos mil pesos fuertes o de una entrada equivalente, y ser natural de la provincia que lo elija, o con dos años de residencia inmediata en ella". No hay mención sobre situación judicial de los candidatos. 

¿Antecedentes a tener en cuenta en el análisis? La Cámara Nacional Electoral en la causa "Muñiz Barreto Juana María y otros s/impugnan candidatura a diputado nacional", revocaron en 2009 la sentencia a la que había arribado el juez Manuel Blanco y avalaron las impugnaciones realizadas hacia la postulación como diputado nacional de Luis Abelardo Patti, sospechado en ese momento por su posible participación en graves violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura militar.

De acuerdo al fallo, los integrantes del tribunal electoral, Santiago Corcuera, Alberto Dalla Via y Rodolfo Munné, argumentaron que "la única interpretación aceptable es que el legislador que se encuentra suspendido en sus funciones a raíz de un desafuero y permanece detenido en el proceso penal que motivó dicha medida institucional, no puede postularse como candidato para cubrir ese mismo cargo hasta tanto se resuelva su situación penal y sea liberado". Asimismo, consideraron que la elección de un candidato en estas circunstancias "sería provocar un potencial conflicto entre el poder legislativo y el poder judicial".

Los camaristas advierten "que una persona, procesada con auto de prisión preventiva y sobre la cual pesa semiplena prueba de haber cometido delitos no excarcelables, pueda sustraerse de la acción de la Justicia, evitar la prosecución de la causa y lograr así que impere la impunidad".