Mientras el Gobierno nacional defiende con todos sus recursos el convenio marco de cooperación en materia económica y de inversión firmado con la República Popular China, crece la polémica en torno a su real impacto aduciendo que otorga beneficios e inclusive cuestiones de privilegio al país asiático a la hora de licitar obras públicas, lo que podría en una situación desventajosa a empresas argentinas y su consiguiente perjuicio en el trabajo argentino. 

La Unión Industrial Argentina (UIA) es la entidad que encabezó los reclamos al Gobierno por considerar que no está claro el alcance de la "letra chica" de los acuerdos firmados en julio del año pasado en Buenos Aires y ratificados recientemente en Beijing por los presidentes Cristina Fernández de Kirchner y Xi Jinping. La insistencia de la conducción de la gremial industrial obligó a los funcionarios del Gobierno a organizar una audiencia express el jueves pasado para bajarle el tono a la controversia. 

El resultado del encuentro fue satisfactorio porque se suavizaron las posturas mediáticas pero eso no significa que haya desaparecido la preocupación de los industriales. El ministro de Economía, Axel Kicillof, fue enfático al plantear que el Gobierno defenderá la industria nacional y el empleo argentino e incluso puso sobre la mesa una frase vacía y tramposa al decir que "la adjudicación directa y el personal son cláusulas que están en el acuerdo, pero no se van a aplicar". Obvio que los directivos de la UIA desconfían de esa letra chica del convenio. La salida transitoria fue prolongar las reuniones, esta vez en el marco de comisiones técnicas donde funcionarios del Gobierno y de la entidad empresaria pondrán bajo la lupa cada hoja de ese controvertido convenio. 

Según el convenio, en cada proyecto de inversión ambos gobiernos deberán establecer acuerdos "específicos", con la participación de entidades gubernamentales u organizaciones públicas, lo que significa que si bien hay un marco general cada iniciativa implica la discusión de pautas específicas, lo que alienta las sospechas sobre la letra chica y aspectos ocultos donde se ofrecen ventajas y concesiones que perjudicarán a países vecinos o empresas argentinas, principalmente aquellas del sector de la construcción. De hecho, la Cancillería brasileña deslizó cierto malestar por el contenido de estos documentos que amplían la dependencia argentina del gobierno de Beinjing. 

Además, el acuerdo introduce un texto mediante el cual Argentina y China se otorgan recíprocamente facilidades laborales o profesionales en condiciones de igualdad con las de los nacionales del Estado receptor de la inversión. ¿Cuántas empresas argentinas tienen la suficiente dimensión para trasladarse a China con personal para encarar una obra en ese país? Por tanto, la primera lectura es que los trabajadores chinos tendrán la oportunidad de sumarse a la oferta laboral de nuestro país en las mismas condiciones que los argentinos. Entre los datos que analizan los industriales está el hecho de que en Africa ya hay 800.000 obreros chinos que trabajan en distintas obras de infraestructura.

El tema también repercute en el Congreso de la Nación, donde el diputado Claudio Lozano, presidente del bloque Unidad Popular anticipó su rechazo al convenio marco de cooperación en materia económica y de inversión entre la Argentina y China, que tiene media sanción del Senado-, con el fundamento  en una "urgencia" por obtener divisas por parte de la economía local. "Estos acuerdos están sostenidos más en las urgencias de financiamiento y necesidad de divisas que afronta la economía argentina en la coyuntura, que en un marco más estratégico donde pensemos qué podemos necesitar de China para poder reorientar nuestro desarrollo", consideró Lozano. "Al evaluar el convenio Marco de Cooperación que está en debate y tiene media sanción del Senado, surgen ambigüedades, algunas precisiones preocupantes y una importante cantidad de convenios complementarios y específicos que se desconocen", se sostiene en el documento titulado "Las urgencias como camino para perder soberanía", elaborado por el propio Lozano y Gustavo Lahud en el marco del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP). En este sentido, esos convenios complementarios les "hacen dudar de que este acuerdo sirva para otra cosa que consolidar la relación asimétrica y desigual que Argentina tiene hoy con China, contribuyendo a una mayor reprimarización de nuestra economía". 

La negociación deja ver a un gobierno argentino en retirada que ya no puede ocultar su debilidad y que está jaqueado por la crisis política iniciada con la muerte del fiscal, Alberto Nisman, tras su denuncia a la Presidenta y que además se encuentra al borde de la desesperación por encontrar oxígeno -en forma de dólares- que le permitan llegar hasta diciembre. Ante un escenario político y económico adverso, todo se agrava con la amenaza de una persecución judicial con causa que sobrevuela las oficinas del kirchnerismo, que teme que esa gran soberbia en el ejercicio del poder regrese, como un boomerang sin control, en su contra.