En los Tribunales previsionales hay 421.000 juicios de jubilados, y se liquidan a razón de 2.000 juicios por mes. Estos datos los admitió hace pocas semanas Diego Bossio, titular de la ANSES, ante la Comisión Bicameral de Control de los Fondos de la Seguridad Social de la Cámara de Diputados. Lo que pone de relieve la admisión de este funcionario es que, a este ritmo, la ANSES necesitaría 210 meses -más de 17 años- para cancelar el stock de juicios . Y esto sin tomar en cuenta que todos los meses ingresan entre 8.000 y 10.000 nuevas demandas; es decir unas 100.000 por año, se supo a través de información periodística de Ismael Bermúdez de Clarín.
Así, por cada juicio que se cancela ingresan 5 nuevas demandas lo que va incrementando el stock total, alargando aún más los meses y años que se necesitarían para cancelar los reclamos.
Los juicios duran en promedio 6 años, aunque muchas demandas se iniciaron en los '90 y aún no se resolvieron, por distintas apelaciones. Entre el trámite, la sentencia y la liquidación efectiva, el juicio se prolonga de tal manera que excede la expectativa de vida de los reclamantes.
A eso se agrega que, en muchos casos, la ANSES liquida mal la sentencia lo que obliga a iniciar un nuevo juicio o apela las sentencias de primera instancia, alargando los plazos. Por esta razón, el Estado argentino fue denunciado por un grupo de abogados previsionales y el CELS ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA. Y la cantidad de juicios es tal que por el “sobrepeso” de los expedientes, el edificio del Fuero de la Seguridad Social tuvo que ser cerrado al público durante 3 semanas para que los empleados pudieran trasladar las carpetas a otras instalaciones, debido a que el peso amenazaba la estructura edilicia.
También incide que la ANSES tiene un cupo limitado para el pago de sentencias -del orden de las 24.000 anuales-.
Se estima que por la retroactividad e intereses acumulados, en promedio cada juicio ronda los $ 100.000, de los cuales un porcentaje, que puede llegar al 30%, quedan como honorarios de los abogados. Y el haber debe ser reajustado de acuerdo a los términos de la sentencia. Si bien siempre hubo reclamos judiciales de los jubilados, los

fallos de la Corte Suprema incrementaron las demandas porque

ratificaron que la ANSES no cumple con lo que fijan las leyes

previsionales. Y el veto presidencial a la ley sancionada por el

Congreso -que contemplaba el reajuste de los haberes de acuerdo a los

fallos de la Corte, aunque sin la retroactividad- volvió a incrementar

la litigiosidad.