"La provincia de Santa Fe tiene la más alta tasa en la industria del juicio laboral en relación a la cantidad de empleados cubiertos", lo cual bien puede utilizarse como la síntesis en su más clara expresión sobre el informe de 2016 de la Unión de Aseguradores de Riesgos de Trabajo, exponiendo cuál es la situación en nuestra provincia de una problemática que se extiende por toda la Argentina, y que dada su magnitud e impacto negativo en el mercado laboral y productivo, fue agudizando la preocupación por buscarle una salida.

Es que la litigiosidad laboral fue creciendo de manera tan sostenida que es en la actualidad un problema realmente serio, que se suma al resto, ahondando los perjuicios sobre el sistema.

Hace poco este Diario brindó un detallado informe, dejándose constancia, en base al informe de la referida Unión de Aseguradores, que los juzgados del fuero del trabajo están prácticamente en situación de colapso. Es que cada 10.000 trabajadores en actividad, tomando el caso de la provincia de Santa Fe, se presentan 279 reclamos, siendo por lo tanto quien está a la cabeza de este ranking nacional de litigiosidad por causa de accidentes laborales, apareciendo en el segundo lugar Mendoza con 246 y luego Córdoba con 214 casos.

Fue el presidente Mauricio Macri quien trajo a la superficie de la discusión este tema, al quejarse públicamente en un acto en la Casa de Gobierno sobre los enormes daños que provocaban los juicios laborales, o tal vez los fraudes que han proliferado en ese sentido, incluso llegando a mencionar nombres de estudios de abogados que se dedicaban con intensidad a esta clase de litigios, de manera bastante confusas. Como se trata de algo que provoca enorme perjuicios a las empresas, tomando el posicionamiento del Jefe de Estado, las organizaciones empresarias prestamente pusieron el tema en la agenda diaria, aunque perdiendo vigencia por la avalancha de temas que rigen casi diariamente en el país, aunque, ya el asunto se encuentre en vías legislativas para tratar de encontrar una salida que permita volver a la normalidad, dando respiro a las empresas -en especial las pymes-, pero también a los trabajadores, en aquellos casos de quienes tratar de insertarse en el mercado laboral, siendo ahora bastante resistidos justamente por las causas apuntadas.

Aquí en nuestra Provincia desde el Ministerio de Justicia se viene impulsando una profunda reforma, apuntando justamente a una solución. Es que, además de esta perspectiva en el ámbito privado, el gobierno también se había advertido y desde hace tiempo, de lo extendido de la problemática de las ausencias laborales por una diversidad de motivos, tratando de encontrar una salida, para lo cual se requieren leyes adecuadas.

Se informaba en aquella aludida entrega periodística que aquí en Rafaela , en el juzgado laboral ingresa un promedio del millar de juicios cada año -en el primer semestre se produjo el ingreso de 500, confirmando esa cantidad estimada-, considerándose que para ser resueltos el plazo se extiende por el término de 4 a 5 años, razón por la que en la actualidad habría unos 4.000 expedientes al aguardo de resolución.

Es por esa razón que se aguarda con expectativa, y más que eso necesidad, que se ponga en funcionamiento en los Tribunales de nuestra ciudad un segundo juzgado laboral, el cual ya se encuentra aprobado por ley, restando sólo su implementación, recordándose que oportunamente fue solicitado por todos los sectores. Es que de tal modo, el trabajo podría resolverse al doble del ritmo actual, que de todos modos, continuaría siendo insuficiente, claro, en caso de no poder reducirse este elevado índice de litigiosidad.

En tal sentido, desde el Ministerio de Justicia se dejó claro que el problema no se resuelve sólo con mayor cantidad de juzgados, siendo indispensable una reforma integral del sistema para ir resolviendo la mora judicial. 

Las perspectivas analizadas, de darse dentro de los términos de la conducción gubernamental, son optimistas, apuntando que de dar todas las circunstancias previstas, con un nuevo sistema, más juzgados y la reducción del volumen de juicios, el sistema laboral santafesino podría estar ordenado hacia fines de 2018.