A pocos días del fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre la constitucionalidad de la Ley de Medios, que en cierta forma determina la implementación total de la normativa aprobada por el Congreso, es necesario conocer cómo ha funcionado hasta ahora la Autoridad Federal de Aplicación de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), principalmente en cuanto al manejo de licencias. 

En este sentido, y con las cifras que revelan el accionar que se ha tenido, resulta importante reafirmar la necesidad de contar con un órgano autónomo y transparente que garantice el cumplimiento del objetivo principal del proyecto: la pluralidad de voces en el campo comunicacional argentino.  

De acuerdo a lo establecido por la ley, las licencias se pueden dar a actores que iniciaron los trámites antes de la sanción de la ley, y que pueden estar sujetos a la regulación previa, o a quienes realizaron la presentación con posterioridad a la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA). 

Según un relevamiento de Chequeado.com, entre octubre de 2009 y el mismo mes de 2013, se otorgaron 997 licencias o autorizaciones, de las cuales sólo 283 se rigen por el marco regulatorio actual. Un 14% (39) de estas últimas corresponde al sector privado con fines de lucro (individuos y empresas), 13% (38) al privado sin fines de lucro (cooperativas, fundaciones y asociaciones civiles), 55% (155) al sector público estatal (incluye a gobiernos municipales, provinciales y nacional, además de escuelas y universidades) y un 18% (51) al sector público no estatal (Iglesia Católica y pueblos originarios). 

La mayoría de los casos corresponde a escuelas, con un 46 por ciento. Vale la pena recordar que son licencias de muy baja potencia y que se entregan sin concurso, como establece el artículo 149 de la ley. En todos estos casos, la titularidad recae sobre la autoridad educativa provincial.

Pero, si se considera el total de licencias y autorizaciones otorgadas desde octubre de 2009, incluidas aquellas que refieren a expedientes iniciados previamente y que se rigen por la norma anterior, las proporciones cambian radicalmente. 

Así, de los 997 casos, un 70% (699) corresponde a medios privados con fines de lucro. Le siguen los medios públicos estatales, con el 17% (168); luego las cooperativas y demás medios privados sin fines de lucro, con un 8% (79); y por último, los no estatales, con el 5% (51). 

Además, existe una asignación provisoria del espectro para que cada Municipio instale su propia radio FM, de acuerdo con el inciso “c” del artículo 89 de la LSCA. Hay 1.075 Estados municipales que recibieron una asignación en este sentido por parte de la AFSCA, a través de resoluciones. 

Si se suma este número al total anterior, el resultado es que un 91% de las licencias, autorizaciones y asignaciones corresponde a medios estatales. 

Sobre este último cálculo existe un verdadero debate. Para el ex secretario de Comunicaciones, Henoch Aguiar, no se deben poner en el mismo nivel a las asignaciones, como reservas, y a las licencias o autorizaciones para el uso del espacio. “Las reservas de espectro radioeléctrico son una medida de planificación del órgano regulador, a los efectos de poder disponer de una frecuencia en caso de que el sujeto público, en este caso los Municipios, decida ejercer su vocación potencial de ser radiodifusor. Para esto, el Municipio debe solicitar una autorización”, explicó el también profesor titular de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

En cambio, para el profesor de la Universidad Nacional de Quilmes y especialista en regulación de medios, Martín Becerra, es correcto contabilizarlo. “Lo que hizo la AFSCA fue más que una reserva, porque generó un acto administrativo o político que no es asimilable con el 33% de reserva de espectro al sector sin fines de lucro que también marca la ley, ni es asimilable a la reserva de espectro de las provincias. En ninguno de estos dos casos, pese a que la ley también marca reserva de espectro, hizo un acto administrativo similar”, analizó.

Es por todo ello que, ante las diferentes lecturas que se pueden hacer sobre el comportamiento que tuvieron las licencias desde la llegada del AFSCA, lo mejor sería apostar al equilibrio que plantea ley y controlar que la denominada concentración de voces no se siga haciendo presente ni en el sector privado, ni tampoco en el público.