La Ley Ómnibus de Javier Milei también se mete con la industria de libros y pone en jaque a las librerías y editoriales.
El artículo 60 incluido en el título 3 de Reorganización Económica, capítulo 1 de Desregulación económica, promueve la eliminación de la Ley 25.542, de precio uniforme de venta al público de libros, también conocida como Ley de Defensa de la Actividad Librera.
Según esta normativa, los editores, importadores o representantes de libros fijan un precio uniforme de venta al público (PVP) o consumidor final de los libros que edite o importe. Es decir, los libros tienen el mismo precio en cualquier librería física. Lo mismo sucede con las ediciones digitales.
Esta ley, que se inspira en la Ley Lang, promulgada en 1981 en Francia, busca proteger a las librerías frente a “grandes superficies”, como supermercados o grandes cadenas. Si el supermercado toma un libro que se vende muchísimo o dos y los pone muy baratos, porque maneja grandes volúmenes o porque eso le sirve como oferta, entonces las librerías venderán mucho menos.
Es por ello que para sostener esos comercios que se dedican exclusivamente o principalmente a los libros, se dictó una ley que impide las rebajas.
En definitiva, lo que propone la derogación de esta ley es que cualquier librería, cadena de librerías o incluso grandes supermercados puedan poner el precio que consideran al libro, más allá de lo que sugiere el editor. 
La Fundación El Libro, institución integrada por la Cámara Argentina del Libro, la Cámara Argentina de Publicaciones, la Sociedad Argentina de Escritores; la Cámara de Librerías, Papeleras y Afines, la Federación Argentina de la Industria Gráfica y el Sector español de Libros y Revistas, difundió un comunicado en donde "manifiesta su total y absoluto rechazo a los proyectos de derogaciones de leyes fundamentales para el funcionamiento del valioso y admirado sistema cultural argentino”.