Un simple recorrido por los archivos de diario LA OPINION de la década del 80 permite dar cuenta que los problemas de la lechería de hoy no son actuales. Como muchos rubros de la actividad productiva que se lleva a cabo a cielo abierto, habrá tenido épocas de primaveras en las que florecían los beneficios económicos pero también inviernos crudos en los que se perdía mucho más de lo que se ganaba. 

Pero como la ilusión y la esperanza es lo último que se pierde, los tamberos se aferran a sus vacas porque es lo que mejor saben hacer y apuestan al trabajo para salir adelante, para crecer y darle lo mejor a sus familias. Sin embargo, en la Argentina a pesar del paso de los años nunca se encuentra un modelo sustentable para nada. Ni para la economía en general ni para la lechería en particular. Y entonces así estamos por décadas. Si hay viento de cola y buen sol crecemos, pero si hay tormenta y llueve nos mojamos, inevitablemente. 

En los años 80, las crónicas señalan que los productores reclamaban a la industria un aumento del precio de la leche porque corrían el riesgo de cerrar sus tambos ante la falta de rentabilidad. ¿Les suena familiar el planteo? Es el mismo que sostienen las entidades representativas del sector que ordeña las vacas dos veces al día. 

La conformación de una Mesa de Competitividad Láctea parece ser una iniciativa saludable para discutir los temas de fondo pero también para ponerse de acuerdo e impulsar planes de crecimiento en los que todos ganen parejo. Pero cuando se habla y se vuelve a hablar pero nunca se resuelve, se pierde el interés y la confianza en que ese espacio pueda resolver los problemas reales y el ámbito donde sustentar el desarrollo. 

Los productores advierten que están endeudados, que el financiamiento es caro, que el tambo no es rentable y que de persistir ese modelo deficitario en algún momento deberán cerrar definitivamente. Y que necesitan un aumento del precio de la leche que producen ya mismo. Y el resto de los actores de la cadena no parecen entenderlo, se hacen los distraídos y mañana se verá como seguir si cae la producción de los tambos. Oferta y demanda rige las relaciones comerciales entre los principales "socios" de esta cadena (producción, industrialización y comercialización), más allá de que también está el Estado que siempre se lleva lo que le corresponde por impuestos. 

Rafaela se encuentra en el centro de unas de las principales cuencas lecheras de la Argentina. Ciudades y pueblos dependen en mayor medida de la economía de la leche. Comercios especializados, una amplia red de profesionales, el transporte, la industria que es la gran generadora de mano de obra y otros tantos viven del negocio de la lechería. Una crisis del sector resquebraja la economía regional, sin duda, y puede generar efectos adversos en lo social. 

Pongamos como ejemplo la última reunión de la Mesa de Competitividad Láctea que contó con la presencia del presidente, Mauricio Macri, el jueves pasado. Financiamiento, transparencia, infraestructura, precios de referencia e inserción internacional fueron los ejes de la agenda de ese encuentro. 

El Gobierno destacó que las exportaciones lácteas muestran un aumento del orden del 25 por ciento en el primer semestre de este año. El ministro de Agroindustria, Luis Etchevehere, sostuvo que es necesario "trabajar para la previsibilidad del negocio con la construcción de confianza y el acompañamiento de líneas de financiación para ser más competitivos". Es lo que piden hace años los productores, sin suerte claro está. 

El funcionario consideró que la consolidación del Sistema Integrado de Gestión de la Lechería Argentina (SIGLeA) es una de las claves para alcanzar los objetivos de la gestión, como el de avanzar hacia la institucionalización de los mercados, la transparencia y el pago por calidad de la leche. 

Quizás la Mesa tiene un puñado de proyectos con buenas intenciones. Por ejemplo en la reunión se propusieron mejoras en el sistema de fiscalización existente, de la mano de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), y el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), en un trabajo coordinado con las provincias. También desarrollar un código de buenas prácticas comerciales, con el apoyo de la Secretaría de Comercio. Y para una mayor transparencia en las actividades de la cadena láctea, se instó a la implementación del Remito electrónico, la posibilidad de instrumentar el sistema para descontar facturas como herramienta de financiamiento. Además, el Banco Nación presentó una nueva línea de financiamiento a productores tamberos para inversiones y capital de trabajo asociado con un plazo máximo de siete años.

El problema es que los tamberos necesitan que los casi 7 pesos que cobran por cada litro de leche aumenten en más de 8 pesos cuanto antes. Y eso la Mesa no lo pudo resolver.