Los mercados y el empresariado están convencidos de que las
reformas de fondo en la economía volverán a sufrir demoras y
quedarán finalmente para después de los comicios del 22 de
octubre.
Hacen ese pronóstico porque entienden que tras las PASO la
clase política quedará como siempre entrampada en la pelea
electoral para la elección decisiva que delineará la relación de
fuerzas en el Congreso desde el 10 de diciembre.
La escasa actividad exhibida por el Parlamento este año, al
calor electoral, le da más aire a ese pronóstico.
Al mundo de los negocios le gustaría que el escenario fuese
otro, porque considera que cuanto más rápido se avance en las
reformas pendientes, más alta será la chance de consolidar el
proceso de salida de la recesión, que si bien ya es un hecho en
la mayoría de los sectores de la economía, necesita robustecerse.
El establishment viene manteniendo algunas diferencias con un
gobierno al que respalda: critica, por ejemplo, que se haya
dejado escapar el dólar justo en las semanas previas a las
elecciones, porque eso metió un ruido innecesario.
El BCRA tomó nota de esas tensiones y desembolsó más de USD
1.600 millones para ponerlo debajo de los $ 18.
Ahora resta saber qué hará con las tasas: este martes vencen $
535.000 millones de Lebacs y en el mercado apuestan a que habrá
otra suba para evitar que los pesos vayan a meter más presión
sobre el dólar.
Incluso, aseguran contar con una artillería pesada por si tras
los comicios crece el ruido en el mercado financiero.
REFORMAS PENDIENTES
El empresariado pretende que tras avanzar sobre la industria
del juicio, se adecuen las leyes argentinas a las nuevas formas
de contratación laboral y a las tecnologías de punta.
En la vereda de enfrente, el sindicalismo se prepara para
resistir esos embates: la CGT se movilizará el 22 de agosto a la
Plaza de Mayo en rechazo del rumbo económico y ese día explicará
cómo sigue el plan de lucha, en medio de presiones para un paro
nacional.
Los gremios consideran que la reforma que se teje en el
Ministerio de Trabajo es "más de lo mismo": aumentar la
indefensión de los trabajadores y, sobre todo, reducir el poder
de los sindicatos.
"Esto ya lo vivimos en el 2000 con (Fernando) De la Rúa",
largó uno de los dirigentes cegetistas que está más cerca de
Cristina Fernández y cuyo sector fue uno de los más golpeados por
el nuevo modelo económico.
El razonamiento del veterano dirigente alude a la reforma
aprobada hace 17 años por iniciativa de la Alianza, y que terminó
siendo uno de los arietes principales para la renuncia a la
vicepresidencia de Carlos "Chacho" Alvarez, luego de trascender
el escándalo de las coimas en el Senado para empujar esos
controversiales cambios.
En el gobierno aseguran que en lugar de avasallar los derechos
de los trabajadores, la reforma impulsada no hará más que
"beneficiarlos".
Como ejemplo, señalan que se impulsará un blanqueo laboral
para tratar de bajar la altísima tasa de trabajo en negro.
Se estima que 4,5 millones de empleados está en esa condición,
por lo que habrá exenciones y beneficios impositivos a quienes
blanqueen personal.
También se estudia un agresivo plan de pasantías y becas para
jóvenes, y tener en cuenta cambios de fondo que se están
produciendo a nivel laboral y social, e incluyen el teletrabajo o
´home office´.
Además, se está terminando de confeccionar un mecanismo para
reducir los aportes y contribuciones con el fin de que las pymes
tengan un menor costo laboral.
En el gobierno machacan con la idea de la "competitividad", un
término que hasta ahora causó fuerte rechazo entre los
principales sindicatos, porque lo emparentan con la
"flexibilización laboral" en perjuicio del trabajador.
REACTIVACION, POR
AHORA NO PARA TODOS
"Hay que reducir más los impuestos, porque la gente y las
pymes sienten una presión insoportable", dijo Mauricio Macri para
dar una pista de hacia dónde intentaría ir el gobierno.
Pero la Argentina es un país federal en materia impositiva, y
Nación, Provincias y Municipios tienen potestad de fijar tasas
casi a discreción.
Y eso genera algunos problemas, como que algunos distritos
terminen elevando alícuotas o inventando gravámenes más allá de
lo razonable.
El tributarista César Litvin puso como ejemplo Ingresos
Brutos, al que consideró un "impuesto perverso, el peor que hay
por su efecto cascada sobre toda la cadena de comercialización",
y lamentó que durante 2016 "once provincias lo hayan aumentado".
Ese tributo genera, en promedio, el 70 por ciento de los
ingresos propios provinciales", mientras los distritos tienen
gastos cada vez mayores.
A esto se suman las tasas en algunos casos desopilantes que
aplican los municipios con afán recaudatorio, y por supuesto el
impuesto al cheque, que aplicó Domingo Cavallo en el 2001 con la
promesa de que duraría 8 meses y pero los gobiernos sucesivos
decidieron dejar para aprovechar su enorme efectividad
recaudatoria. Ese gravamen sí que "llegó para quedarse".
Para impulsar cualquier reforma de fondo el gobierno
necesitará sumar legisladores en la elección de octubre.
A esto se suma que Cambiemos espera poder anunciar hacia fin
de año que no sólo se volvió a crecer, sino que el empleo ya dio
la vuelta y el impacto del pesado ajuste del 2016 terminó de ser
revertido.
El "semáforo" del gobierno sobre el comportamiento de las
principales variables económicas refleja que sólo el consumo de
los supermercados se mantendría en territorio negativo mientras
el resto de las actividades ya cambió a verde.
Los principales sectores que traccionaron la economía entre
junio y julio fueron asfalto, con una recuperación del 74%;
ventas de propiedades porteñas, 41%; producción de laminados,
31%; y patentamientos de autos, 26%.
Las que todavía no arrancan son las ventas en supermercados,
que caen 3% y constituyen un indicador clave para medir la
temperatura del bolsillo.
También los permisos de edificación, lo cual indica que aún
los desarrolladores no ven un escenario decisivo de recuperación
económica; y el empleo.
Es que si bien se crearon 140 mil puestos de trabajo en los
últimos doce meses, apenas alcanzó para compensar las cesantías
del 2016, y aún no logra atender las necesidades de los 200 mil
jóvenes que ingresan por año al mercado laboral, según datos de
la OIT.
Ahí se juega en buena medida el futuro de la Argentina, que
por ahora sigue exhibiendo fuertes nubarrones en el horizonte.