El

Gobierno confía haber iniciado una ofensiva final sobre la

"industria del juicio" en materia laboral, aunque el principal

escollo le surgió en un distrito imprevisto, la provincia de

Buenos Aires, donde María Eugenia Vidal tiene dificultades para

lograr que la Legislatura acompañe la ley nacional de Riesgos del

Trabajo.

Mientras a nivel país el aumento de juicios en mayo fue del

20%, en la provincia de Buenos Aires se situó en el 104%.

La razón: como la provincia no adhirió a los cambios a la ley

que busca ponerle freno al negocio de los juicios laborales, esa

modalidad se concentró en esa gigantesca geografía que alberga

buena parte de las pymes del país, sobre todo en el sur y el

oeste del conurbano.

Por eso, la UIA se sumó al gobierno y reclamó a las provincias

adherir a la nueva ley, no sin antes advertir que la litigiosidad

excesiva "atenta" contra el empleo y "condiciona la supervivencia

de muchas pymes".

La central fabril señaló la "necesidad de que los poderes

provinciales avancen en el ordenamiento del sistema de riesgos

del trabajo" y pidió que adhieran a la nueva norma, la 27.348,

para cumplimentar el orden procesal federal vigente".

Este escenario confirmó que la política ya no es el único

tablero donde las "mafias" son señaladas desde el gobierno de

Cambiemos, que carga contra la feria La Salada, el narcotráfico y

los intentos de instaurar Estados paralelos, con suerte dispar.

El acento discursivo del presidente Mauricio Macri en los

últimos días -con telepronter recién estrenado- demostró hasta

dónde llega la preocupación de la Rosada por la problemática que

representa para las pymes el acecho de estudios jurídicos que

desde hace décadas se dedican a hacer negocios con las desgracias

de los trabajadores.

Macri incluso le puso nombre y apellido a uno de los señalados

por la Casa Rosada, cuando recordó la vasta experiencia que el

estudio de Héctor Recalde, jefe de la bancada kirchnerista de

diputados y mano derecha de Cristina Fernández, tiene en lo que

hace a juicios laborales.

Lo dijo así: "Este grupo de estudios jurídicos, conducidos por

Recalde, le han hecho mucho daño a la Argentina". También le

apuntó a jueces del fuero laboral, aunque en este caso sin dar

nombres.

Recalde durante años fue el hombre que dio soporte jurídico al

camionero Hugo Moyano, hasta que el entonces líder de la CGT se

peleó con Cristina y el abogado optó por cambiar de jefe,

cobijándose bajo el ala de la ex presidenta.

Macri le apuntó con todo al sostener que era uno de los

ejemplos de los estudios detrás de la "industria del juicio" que

año a año provoca la desaparición de decenas de pymes en la

Argentina, al no poder sostener el pago de millonarias

indemnizaciones por accidentes laborales ciertos, y a veces no

tanto.

En la jerga judicial se denomina "carancho" a ciertos abogados

que se ocupan de buscar negocios en la desgracia ajena.

Hasta una película protagonizada por Ricardo Darín lleva ese

título: la historia, escrita por Pablo Trapero, narra la relación

entre una médica y un abogado sin matrícula, y se vincula con las

víctimas de los accidentes de tránsito y el negocio de las

indemnizaciones.

El empresariado pyme venía advirtiendo sobre la necesidad de

poner un marco a las indemnizaciones por juicios laborales,

porque era la única manera de tener cierta previsibilidad: si una

empresa no sabe cuánto podrá costarle aproximadamente un juicio,

mal podrá prevenir su ecuación de negocios.

Hasta hace poco, en que se reordenó el sistema con una

nueva ley, las demandas podrían llegar a niveles estratosféricos

y carecían de un encuadre que les brindara un marco de

racionalidad.

La maquinaria que alimentó la "industria del juicio" deja una

curiosidad: por ejemplo, los litigios contra las ART provenientes

de trabajadores de pequeñas empresas crecieron el 150% en los

últimos seis años, a pesar de la caída de los accidentes y los

fallecimientos.

"El fenómeno de la judicialidad laboral en la Argentina

presenta características peculiares y propias que no se verifican

en otros países, ni siquiera con economías semejantes o

complementarias. No sólo por el número enorme, sino también por

su incesante y sostenido crecimiento", explica un estudio en

poder del gobierno. Es decir, hay ´gato encerrado´ detrás de

tantos litigios.

De las 127 mil demandas ingresadas a las ART en 2016, 39.805

provinieron de trabajadores que se desempeñan en empresas de

menos de 50 trabajadores. Es que la pyme es más vulnerable que

una gran compañía con un ejército de abogados a disposición.

La tasa de judicialidad de las pequeñas empresas es un 18%

superior al resto de las entidades, y además el crecimiento de

esa tasa casi multiplica por dos a las del resto.

En los últimos seis años, mientras creció 150% para las

empresas de menor porte, en las medianas y mayores aumentó algo

más de la mitad, 86%.

El secretario de Emprendedores y PyMEs, Mariano Mayer,

advirtió sobre el crecimiento de los juicios, en especial en la

provincia de Buenos Aires, y cuestionó al Frente Renovador por

"no apoyar en la Legislatura bonaerense la nueva ley de Riesgos

del Trabajo".

"Ellos hablan mucho de las PyMEs, pero que hayan frenado esto

es realmente una mala noticia. Esperemos convencerlos y que

recapaciten", dijo el funcionario.

La pelota quedó ahora en la cancha del massismo, que busca

hacer pie en un distrito clave en el que se librará la madre

de todas las batallas en octubre próximo, y donde la posible

polarización entre Cambiemos y el kirchnerismo emerge como su

peor enemigo.