De eso no se habla demasiado, de las cárceles argentinas y de cómo viven las personas que cumplen condenas por diversos delitos. En un país donde el presupuesto público para educación y salud nunca es suficiente, no tantos se preocupan por cuántos fondos se asignan para el mantenimiento del sistema penitenciario que depende del Gobierno federal o bien de las distintas provincias. En todo caso, nos convencemos -o al menos tratamos de hacerlo- de que si los reclusos viven en condiciones no dignas mal, es porque se la buscaron cuando se portaron mal. La prioridad para los fondos públicos es la educación, la salud, la asistencia social y lo que sobra, para las cárceles. 

Y más allá del estado de la infraestructura de los penales, existe un submundo de reglas no escritas que rigen de sus muros hacia adentro. Códigos y no tanto que imponen aquellos que logran situarse en lo más alto de una suerte de sistema de castas por su poder, por su inteligencia para establecer una red de alianzas convenientes o porque no le tiene miedo a nada ni nadie. 

Una aproximación a este complejo universo carcelario llegó de la mano de una exitosa serie televisiva. Se trata de "El Martinal", que muestra lo que sucede en la ficticia prisión de San Onofre pero que absorbe, en la construcción de sus historias, mucho de lo que sucede en las cárceles reales. Sobrevivir es la consigna básica para todo convicto -ya lo había mostrado el programa Tumberos-. Y claro que también se desnuda la corrupción de las autoridades y trabajadores del sistema penitenciario, que suelen favorecer o perjudicar a los internos, liberar zonas o brindar protección. 

Pero de tanto en tanto ese submundo del sálvese quien pueda dentro de la cárcel queda bajo la lupa del Estado y de organismos encargados de reflejar y revelar la situación en la que viven los condenados. En este contexto, durante el año 2017, en sólo 71 cárceles federales y de la provincia de Buenos Aires, se denunciaron más de 5.300 casos de violaciones a los derechos humanos, según el informe anual del Registro Nacional de casos de torturas.

Además, en el informe que se realiza año a año desde 2010 y es producto del trabajo interinstitucional de monitoreo e inspección entre la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), la Procuración Penitenciaria de la Nación y el GESPyDH del Instituto Gino Germani - UBA, se registraron 1.408 víctimas de torturas.

La mayoría de las víctimas, más del 70%, tienen menos de 35 años y son jóvenes pertenecientes a los sectores más pobres de la sociedad.

Desde la implementación del Registro nacional de casos de torturas y/o malos tratos (RNCT) en el año 2010, se logró reconocer 11 tipos de torturas y/o malos tratos que trasciende las agresiones físicas e incluye la dimensión psicológica, las condiciones estructurales, el régimen de vida y las lógicas de disciplinamiento con que las instituciones del Estado gestionan los lugares de encierro y los territorios.

La publicación del informe 2017 del RNCT se da, según informó la CPM, en un contexto de crecimiento sostenido de la población encarcelada como resultado de la "expansión de las políticas punitivistas desplegadas a partir del año 2013 y profundizadas en los dos últimos años".

En el informe se destaca también que tanto en el Servicio Penitenciario Federal como en el Bonaerense, se registró un aumento de la población encarcelada de un 8,53% y 11,62% respectivamente en el último año. Además, en el trabajo de campo se destaca que el correlato directo del aumento de la tasa de prisionización es el sobreencarcelamiento y el agravamiento de las condiciones de detención y, por lo tanto, la profundización de las violaciones a los derechos humanos.

En el informe se indica que en las cárceles federales, 819 personas fueron víctimas de 2.510 torturas, siendo las agresiones físicas el hecho más denunciado, que se combina con las amenazas, el aislamiento, las malas condiciones materiales de detención y la falta o deficiente asistencia de la salud.

En el caso de la provincia de Buenos Aires, en total se registraron 2.818 hechos de torturas sufridos por 589 víctimas y la principal denuncia fue la falta o deficiente asistencia de la salud: 530 de las 589 dijeron padecer este problema.

En promedio, las víctimas sufren la falta o deficiente asistencia de su salud 14 meses.

Además de la falta o deficiente asistencia a la salud, el aislamiento, las malas condiciones materiales de detención, la falta o deficiente alimentación, o los impedimentos de vinculación familiar y social, agresiones físicas y requisa personal vejatoria son los otros tipos de tortura más denunciados. "El Marginal" en su máxima expresión.