Ante el aumento en los niveles de inseguridad registrados en Rafaela, las autoridades institucionales plantearon sus reclamos ante el Gobierno provincial, responsable según lo establece la Constitución de garantizar la seguridad a todos los santafesinos. Pero las acciones no solamente se concentraron en el plano de la queja sino también fueron más allá y buscaron determinar qué se puede aportar desde la ciudad en favor de la convivencia social. 

Así nació la Guardia Urbana Rafaela, una decisión política que hoy encuentra respaldo en la realidad a partir del positivo aporte que efectúa este organismo y el nivel de reconocimiento que ha cosechado entre los vecinos. En su momento no todos estaban dispuestos a que el Municipio desvíe parte de sus recursos, en gran medida aportados por los contribuyentes locales, para financiar la GUR e involucrarse con mayor compromiso en materia de seguridad. 

Al mismo tiempo, el esquema de articulación público privada que explica en parte del desarrollo económico y social de la ciudad también fue implementado para evaluar la situación de la seguridad. El Municipio y un grupo de instituciones representativas conformaron una mesa de seguridad con el fin de despolitizar los planteos y conferirle un consenso ciudadano. 

La persistencia en las gestiones o, directamente, reclamos generan resultados como lo hace la gota que horada la piedra. La Unidad Regional V de Policía fue sumando, al igual que otras jefaturas, más recursos y agentes, aunque no en la medida de lo esperado. 

Y entonces esta política de la insistencia se tradujo en un cambio de enfoque de las autoridades del Gobierno provincial con competencia en materia de seguridad y de los propios jefes policiales. Así, desde hace un tiempo a esta parte se consolidaron los operativos de saturación, un amplio despliegue de agentes en diversos barrios. Genera un mensaje positivo para la ciudadanía, hastiada por el crecimiento de los robos en sus diversas modalidades, de que quienes deben hacer algo lo están haciendo. 

Desde la Policía se insistía en que muchas veces atrapaban a delincuentes pero que entraban a la cárcel por una puerta y salían por la otra. Con la reforma de la justicia procesal penal parece, gradualmente, revertirse esta percepción instalada desde hace tantos años. La Justicia está dando respuestas y eso es una fuerte señal de que quienes deben hacer algo lo están haciendo. 

La problemática de la inseguridad mantiene una estrecha relación con el aumento en el consumo y el tráfico de drogas que se ha registrado no solo en la ciudad sino también en la Provincia y el país. Aquí también hay respuestas de la comunidad local, ya que hay una mesa de diálogo que busca alternativas para encarar el drama de las adicciones. La futura construcción de un CEPLA (Centro Preventivo Local de las Adicciones) representa una respuesta concreta. 

La reciente incorporación de la Gendarmería Nacional a los operativos en la trama de la ciudad expresa un nuevo paso, importante, para "pacificar" determinados barrios, tal como lo habían destacado desde el mismo Municipio. La próxima llegada de la División Judicial de esta fuerza nacional, que podría cristalizarse en diciembre y que se dedicará a colaborar con el Juzgado Federal principalmente en la investigación contra el narcotráfico, será otro eslabón en esta ya larga cadena de acciones motorizadas desde el gobierno local y el entramado institucional. 

Por lo demás, se insiste en que la educación y el trabajo constituyen las herramientas esenciales para recrear una sociedad más justa e igualitaria, con oportunidades de realización personal para todos. Este proceso insumirá más años y debe ser un objetivo colectivo, aunque con mayor carga sobre quienes ocupan cargos tanto ejecutivos como legislativos en los gobiernos de todos los niveles. 

El especialista en seguridad colombiano Alfredo Rangel Suárez, consideró no hace mucho que "la inversión social masiva ha tenido un beneficio muy concreto. La situación de pobreza y la falta de oportunidades genera un ambiente propicio hacia el delito. Hay bandas, obviamente, con las cuales sólo se puede lidiar reprimiéndolas, pero el plan debe ser integral". 

Por su parte, Hugo Acero Fernández, uno de los responsables del plan de seguridad aplicado con muy buenos resultados en Bogotá, la capital colombia, manifestó que "debe existir voluntad y liderazgo de quienes gobiernan las ciudades para asumir el tema de la seguridad y, sobre todo, las autoridades de seguridad y justicia nacionales y locales deben trabajar en equipo para enfrentar las problemáticas de violencia y delincuencia".

De alguna manera, este es el proceso que parece evidenciarse en la Rafaela de estos días, donde la ciudad a través de sus representantes, tanto del gobierno como de las instituciones más importantes, diseñan en equipo la estrategia para frenar el delito y la inseguridad. Claro que la respuesta de las fuerzas de seguridad y la Justicia acompañan con su compromiso estas acciones. Se percibe un cambio, y si bien falta mucho por hacer, no está mal para comenzar.