La Sociedad Rural de Rafaela hizo un llamado para continuar con el diálogo en busca de una legislación municipal que permita generar un "modelo de trabajo regional que se constituya en ejemplo para otros" en lo que hace a la aplicación de productos fitosanitarios, a la vez que planteó una serie de aclaraciones en torno al fallo del juez en lo Civil y Comercial de la 1° Nominación, Matías Colón, que declaró la nulidad del artículo de la ordenanza municipal que modificó el límite agronómico a partir de una demanda de organizaciones ambientalistas. 
"En referencia al dictamen del Juzgado Civil 2 sobre el pedido de nulidad del artículo 4 de la Ordenanza 5.331 votada el 2 de diciembre de 2021, que regula la aplicación de fitosanitarios en la ciudad, deseamos aclarar algunos ítems de suma importancia en el tratamiento de la problemática de aplicación de fitosanitarios", explicó la entidad en un documento divulgado ayer. "Consideramos que si no partimos de su real y verdadera comprensión se incurre en una serie de argumentos que carecen de valor científico y consecuencias no adaptadas al territorio en que se tratan", señaló.
En primer lugar, consideró que "se hace equivocadamente referencia al término 'fumigaciones' lo cual se explicó y transcribió innumerables veces con fundamento científico-técnico que hoy lo que representa cabalmente a esa tecnología de control de plagas es 'aplicación' o 'pulverización'", sostuvo.
En segundo lugar, la Sociedad Rural advierte que en el fallo "se menciona que no existe control humano de la deriva de las pulverizaciones, lo cual también resulta inexacto ya que existen diferentes formas de medir y controlar las condiciones climáticas para evaluar las posibilidades de que ésta ocurra o no dentro de los parámetros exigidos, y para supervisarlo adecuadamente se impone la tarea de los inspectores". En tal sentido, puntualizó que "las Buenas Prácticas Agrícolas incluyen protocolos para cuyo cumplimiento se realizan importantes capacitaciones tanto desde el ámbito público como privado".
En tercer lugar, la entidad que preside Norma Bessone cuestiona a la resolución judicial cuando "se refiere a que no existen pruebas de impacto toxicológico/ambiental acerca del uso de los productos biológicos a la fecha". Al respecto, afirma que "los biofertilizantes/ curasemillas y demás productos tienen la aprobación del SENASA (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria), organismo oficial de nuestro país, con sus respectivas pruebas de impacto ambiental y toxicológicos".
De todos modos, y más allá del litigio judicial, la Rural ratificó su postura constructiva al expresar que "estamos en movimiento… avances y retrocesos denotan un interés común". "Deben buscarse el consenso y las acciones coordinadas sobrepasando las diferencias. Resulta esencial superar estas instancias. Todos los actores sociales involucrados, tanto del sector público como del privado, podemos plantear un modelo de trabajo regional que se constituya en ejemplo para otros. Somos capaces y se lo debemos a las próximas generaciones", subrayó.
"Cumplimentar las disposiciones vigentes en relación a malezas y residuos en zonas periurbanas para preservar la seguridad y limpieza es un deber y un compromiso no solamente para quienes habitan en esos espacios sino una obligación que nos debemos como ciudadanos y como sociedad", indicó.
Para la Sociedad Rural, el debate en torno a "la legislación sobre temáticas específicas y de tratamiento tan sensible para la población debe considerar seriamente la actualización de la tecnología y los avances científicos, la comprensión del fenómeno bio-psico-social-económico-productivo que implica y el contexto local en el que se desenvuelven". En este marco, lamentó "la desviación hacia instancias judiciales" porque "sólo sobrecarga y complejiza las tareas del sistema judicial, cuando en el ejercicio de un modelo democrático lo esperable es que se resuelva con solvencia desde el sistema legislativo".
Por último, compartió la premisa de las organizaciones ecologistas al asegurar que "la preservación del medio ambiente es una tarea urgente y de todos, como ciudadanos de una Rafaela que mira al futuro demostremos responsabilidad y compromiso".