Una deuda de los todos los niveles del Estado hacia los vecinos de Rafaela y muchos más también está ligada con las políticas de seguridad que no han dado las respuestas esperadas para que la ciudadanía viva tranquila, una aspiración simple pero que hoy día parece, como una utopía, algo inalcanzable. Desde la perspectiva de la gente de pie no se suele diferenciar las responsabilidades sino que se cuestiona al Estado como una sola entidad, por lo que el Municipio y los gobiernos de la Provincia y de la Nación constituyen un conjunto de instituciones deficitarias al no poder dar seguridad a los vecinos de cada pueblo, ciudad e inclusive áreas rurales. 

Del lado del Estado, en tanto, cada nivel busca transferir su responsabilidades funcionales o políticas al otro con la principal misión de delegar sus deberes y marcar las falencias en el otro. No se advierte que desde el mostrador del vecino el Estado es uno solo y es el que no se encarga de garantizar el derecho a la seguridad. El Municipio acusa a la Provincia de no asumir plenamente su obligación en materia de seguridad. Y la Provincia acusa al gobierno local de descuidar la cuestión social.

Todos esperan que la Policía y la Justicia de la Provincia asuman su rol para prevenir el delito y en caso de suceder hechos de inseguridad investiguen, esclarezcan y pongan tras las rejas a quienes se portaron mal, con la condena que corresponda según la legislación vigente aprobada por los políticos. También se aguarda que la Nación aporte a través de las fuerzas federales de seguridad y la Justicia federal sus esfuerzos para combatir el narcotráfico, tan presente en la sociedad actual y en Rafaela en particular. Desde el poder local se suele ligar el aumento de la inseguridad, manifestado en robos con distintas modalidades -entraderas a viviendas, arrebatos callejeros o en locales comerciales, entre otros-, a la venta de drogas.

Desde la mirada del vecino la aspiración es que las políticas de seguridad y sociales sean articuladas con el mayor grado de eficiencia posible por cada uno de los niveles de Estado en lugar de que se acusen mutuamente por lo que hace o deja de hacer uno u otro.  

Los expertos en sociología o economía, al igual que el común de la gente, coincide en que trabajar en un desarrollo económico armónico en todo el territorio con crecimiento sustentable que genere empleo y salarios dignos es la mejor política social y también de seguridad. Todo lo contrario a lo que sucede en la Argentina de hoy día. 

De tanto en tanto, ante lo que consideran falta de respuestas de los funcionarios, se registran reclamos a mayor escala como el corte de avenida Fanti días pasados cuando un grupo de vecinos dijo basta ante tanta pasividad oficial. El planteo era para el Estado en cualquiera de sus formas porque la bronca es contra todos. 

Para tener en cuenta, alrededor de trescientos investigadores de todo el país se reunieron para diagnosticar y discutir diversas problemáticas referidas a la seguridad y manifestaron su preocupación por las políticas públicas que se aplican en la actualidad.

En el marco de las Segundas Jornadas de Estudios Sociales sobre Delito, Violencia y Policía, que se realizaron la semana en la Ciudad de Buenos Aires, más de 30 equipos de investigación, entre los que se encuentran el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), y Centro Universitario de San Martín (UNSAM), consensuaron un documento que contiene acuerdos básicos para el diseño de una política criminal eficaz en la prevención de delitos y el resguardo de derechos.

El texto destaca "la necesidad de mejorar la producción y acceso a los datos sobre los delitos y las violencias", y subraya "la gravedad de las declaraciones y acciones del Gobierno nacional que legitiman usos de la fuerza policial que contradicen los marcos normativos y trastocan las prioridades que deberían orientar las prácticas policiales, que son la defensa de la vida, los derechos y la integridad física de todas las personas".

En el mismo sentido, se destaca en el documento que, "los discursos gubernamentales que se difunden como un apoyo a las fuerzas de seguridad en realidad ponen en peligro la libertad, el trabajo y la vida del personal policial".

En el texto también se expone la problemática de las armas de fuego, al considerar que "su control debería ser uno de los pilares de una política de seguridad tendiente a reducir los niveles de violencia en la sociedad". Y se resaltan las falencias de la política de control de drogas, la crisis del sistema carcelario y la agudización de la estigmatización de distintos actores sociales, como los migrantes, jóvenes y activistas sociales que son objeto constante de persecución.

Finalmente, el documento cuestiona duramente algunas características centrales del sistema de la política penal y el sistema de inteligencia. Un documento que debe formar parte de la agenda política de oficialistas y opositores sin distinción.