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Según el Relevamiento Socioeconómico, más de 20 mil rafaelinos no tienen otra alternativa que acudir al Estado para acceder al servicio de salud.
El acceso al sistema de salud público debe ser garantizado por el Estado para toda la comunidad, especialmente para aquellos que se ubican en el segmento inferior de la pirámide social. Así lo establece el marco jurídico internacional, en el que los estados nacionales estamparon su acuerdo para considerar a la salud como un bien público y, como tal, ponerlo a disposición de toda la población.
En el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, no quedan dudas sobre este derecho. “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios”, declara en su primera parte el primer punto.
América también instaló su compromiso en la materia a través del Protocolo Adicional a la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en 1988. Es el Art. 10 en el que se manifiesta que “toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social”. En el segundo punto se expresa que “con el fin de hacer efectivo el derecho a la salud los Estados partes se comprometen a reconocer la salud como un bien público y particularmente a adoptar medidas para garantizar este derecho”.
Entre esas acciones postula “la atención primaria de la salud, entendiendo como tal la asistencia sanitaria esencial puesta al alcance de todos los individuos y familiares de la comunidad” así como también “la satisfacción de las necesidades de salud de los grupos de más alto riesgo y que por sus condiciones de pobreza sean más vulnerables”.
En esta concepción se inscribe la reciente inauguración de dos modernos Centros de Atención Primara de la Salud (CAPS) en Rafaela. Se trata de una inversión ampliamente justificada en salud pública, ya que el Estado provincial reemplazó dos pequeños y antiguos dispensarios (más allá de su denominación actual) por edificios pensados para brindar un servicio esencial a sectores populares de la población.
Y si bien los nuevos CAPS están en Barranquitas y en Villa Podio-Fátima, la zona de cobertura comprende al menos media docena de barrios de la ciudad. Por eso su importancia estratégica. Ahora los profesionales que se desempeñan en esos centros sanitarios tendrán mejores condiciones de trabajo, mientras que los pacientes se beneficiarán con ámbitos preparados especialmente para ofrecerles prestaciones de mayor calidad.
El crecimiento dispar de la economía argentina, donde brillan los indicadores de consumo y la producción del complejo agroindustrial, por ejemplo, también muestra grupos consolidados en la pobreza y la indigencia, más allá de políticas específicas -pero insuficientes- implementadas por el Estado.
En este escenario, no sólo requieren atención en los nuevos CAPS los grupos más vulnerables de la ciudad sino también las familias de quienes tienen un empleo no registrado, por lo que no cuentan con el beneficio de una obra social. En Rafaela, el 7,5 por ciento de la población en condiciones de trabajar está desocupada, en tanto que algo más del 9 por ciento está subocupada, según los datos del último Relevamiento Socioeconómico efectuado por el ICEDeL municipal.
El informe también puso a la luz que, de los 100 mil habitantes de Rafaela, el 64% cuenta con obra social, el 21% no posee ninguna, casi el 8% tiene medicina prepaga y algo más del 6 ambos tipos de cobertura. Una lectura superficial permite concluir que más de 20 mil rafaelinos no tienen otra alternativa que acudir al Estado para acceder al servicios de salud. Muchos que tienen obras sociales también se atienden en los CAPS, porque les queda cerca, porque el servicio es óptimo y porque, en ocasiones, evitan comprar un medicamento ya que lo obtienen sin cargo.
No hay que olvidar que las campañas masivas y obligatorias de vacunación obligan, tanto al rico como al pobre, a visitar los CAPS o el Hospital para inmunizar a los más pequeños. Será importante, entonces, que la Provincia pueda hacer realidad el demorado anuncio de un nuevo hospital regional para Rafaela.
Para el final, vale la pena un pensamiento del reconocido René Favaloro. “Los progresos de la medicina y de la bioingeniería podrán considerarse verdaderos logros para la humanidad cuando todas las personas tengan acceso a sus beneficios y dejen de ser un privilegio para las minorías”. Es el Estado, en sus diversas variantes, el que debe garantizar que así sea.