Joe Biden, el presidente electo de los Estados Unidos tiene decidido enviar una reforma migratoria pionera al Congreso durante los primeros días de su mandato como sucesor de Donald Trump, que contempla una vía a la ciudadanía para los cerca de 11 millones de indocumentados que se estima viven en el país, según las últimas estimaciones.

Así lo expresaron diferentes medios periodísticos y los propios activistas que defienden los derechos de los migrantes y que estuvieron en contacto con el equipo de transición para diagramar el plan.

El referido programa daría un acceso a la ciudadanía más rápido a dos grupos protegidos actualmente por alivios temporales de la deportación: DACA (la acción diferida aprobada por Barack Obama para los llegados en la infancia) y los TPS, un estatus de protección temporal que concedieron distintos Gobiernos a indocumentados de países donde se habían producido guerras o desastres naturales como los centroamericanos Honduras, Nicaragua y El Salvador.

En ambos casos, los cientos de miles de beneficiarios actualmente pueden vivir y trabajar en los Estados Unidos, pero no tienen acceso a la residencia en el país del Norte.

Además, el programa  contempla un trato especial para algunos inmigrantes que son considerados trabajadores esenciales, particularmente aquellos que forman parte del personal de salud, en un momento tan complejo como consecuencia del COVID-19.

Mientras tanto, Marielena Hincapié, en su carácter de directora ejecutiva del National Immigration Law Center Immigrant Justice Fund, organización que estuvo en permanente conversación con el equipo de transición, señaló que el proyecto del presidente electo y su vicepresidenta Kamala Harris no vincula la regularización con un endurecimiento de la aplicación de las leyes migratorias.

Durante los dos períodos que Barack Obama estuvo al frente de la Casa Blanca, por ejemplo, las deportaciones alcanzaron niveles récord, hasta el punto de que en algunos sectores proinmigrantes le pusieron el sobrenombre de "deportador en jefe".

Sin embargo, esta noción de implementación estricta de la ley migratoria y de dar a los republicanos todo lo que pedían estaba mal desde el principio, declaró Marielena Hincapié.

A pocas horas de la asunción de Biden como nuevo presidente estadounidense, su vicepresidenta Harris aseguró en una entrevista que le concedió a la cadena hispana Univision, que una buena parte de los 11 millones de indocumentados tendrán la posibilidad de acceder a una residencia temporal de ocho años, para poder solicitar luego de ese período la "green card" o tarjeta de residencia.

Incluso, el nuevo programa que se aplicaría, les otorgaría a los residentes una opción concreta de optar por la ciudadanía estadounidense, tres años después, que les otorgaría todos los derechos que le asisten a los nacidos en el país.

La nueva reforma migratoria propuesta por Biden y Harris sería la mayor desde la aprobada durante el Gobierno de Ronald Reagan, que se constituyó en una suerte de amnistía para tres millones de indocumentados en el año 1986.

El referido plan tiene las mejores chances de ser aprobado por el Congreso, en el que se encargaría de garantizarlo la mayoría de los demócratas en la Cámara de Representantes y un Senado dividido 50-50 con los republicanos, sumado a la disposición del Gobierno para sacarlo adelante.

El proyecto fue bien recibido por los grupos que participaron en las reuniones con el equipo de transición.

Héctor Sanchez Barba, director de la organización "Mi Familia Vota" y quien fue muy crítico de Biden en su momento, definió la propuesta como "la más agresiva" que se observó hasta estos días y valoró que se implemente desde el primer día de la futura administración.

Los analistas coinciden que no es una simple reforma migratoria, sino que se trata, además de un proyecto con reglas claras y que favorecerá a quienes hoy viven en condiciones de inestabilidad en los Estados Unidos.

Pero, además de la reforma migratoria para los 11 millones de indocumentados, el Presidente electo prometió acabar el primer día de su mandato con el veto de viaje impuesto al principio de la administración de Donald Trump para algunos países musulmanes.

También, debe señalarse que un documento con la firma del inminente jefe de gabinete, Roy Klain, ya se encargó de solicitarle a diversas instituciones que trabajen de forma coordinada para reunir a los cerca de 600 niños que fueron separados en los últimos años en la frontera como consecuencia de la política migratoria que vino aplicando el controvertido Donald Trump desde que se instaló en su despacho de la Casa Blanca, luego de haberse adjudicado la victoria en las elecciones presidenciales de 2016 sobre la candidata demócrata Hillary Clinton.