Con la aprobación de una mega ley que incluye suspender la actualización de las jubilaciones a través de una fórmula y un aumento de impuestos que va de bienes personales hasta retenciones a exportaciones agropecuarias y hasta la compra de dólares para atesorar, surgió una reacción social inesperada: el reclamo para que la política también ayude a pagar los efectos de la crisis. Así, mientras los funcionarios del gobierno nacional y los legisladores oficialistas fundamentaban la necesidad de aprobar la Ley de Solidaridad, no pocos argentinos sostuvieron el pedido para que los políticos también resignen parte de sus jugosas dietas. En los últimos días municipios y comunas de distintas provincias avanzaron hacia un esquema de reducción de salarios al personal político y concejales. Incluso en la ciudad de Rosario, los concejales aprobaron un proyecto para rebajar sus dietas un 30 por ciento.

A nivel nacional, la presión dio sus frutos el pasado viernes cuando tanto la Cámara de Diputados como la de Senadores acordaron congelar las dietas a los legisladores nacionales. El Senado de la provincia de Santa Fe también dispuso suspender los aumentos salariales para sus integrantes, a través de un proyecto aprobado el pasado viernes en su última sesión del año.  

Ahora en Rafaela se suman a esta cadena nacional de resignación salarial tanto funcionarios del Ejecutivo Municipal como los concejales, que desde hoy buscarán la forma de anotarse en la lista. De todas formas, la decisión no implica recortes de sueldos, como en el caso de Rosario, sino simplemente no incorporar aumentos en el primer semestre del 2020. 

Así, la clase política argentina debió dar respuesta a esta demanda social de compartir el ajuste al que se somete a jubilados, productores agropecuarios y una buena parte de la clase media argentina, todo en nombre de la solidaridad y de la lucha contra el hambre. El clima de bronca no le dejó demasiado margen a la política para resistir el reclamo, menos aún si se tiene en cuenta crispación social que decantó en países de la región con violentas movilizaciones en Chile, Bolivia, Ecuador e incluso Colombia. Algo así como consagra el refrán popular 'el horno no está para bollos'. 

Las suculentas jubilaciones que perciben diplomáticos, ex presidentes y ex magistrados judiciales conforman otro foco de la bronca que crece al calor de los privilegios de unos pocos. Es que un ex juez puede cobrar en solo un mes el equivalente de hasta 25 jubilaciones mínimas, lo que es inaceptable puesto que convalida una desigualdad sin sentido. 

La otra cuestión que alcanza a los políticos se relaciona con la justicia. Es difícil ver a ex funcionarios presos aunque en  los últimos años hubo varias excepciones a partir de casos de enriquecimiento ilícito y casos de corrupción indignantes. Algunos de los funcionarios que ocuparon cargos hasta diciembre de 2015 quedaron sospechados porque sus fortunas personales no se condicen con sus ingresos. La Justicia debió avanzar más rápido en estas investigaciones y en lo posible emitir más condenas de las que produjo. Ahora queda la incógnita sobre lo que pueda pasar con los ex funcionarios del gobierno nacional que cumplieron tareas hasta el 10 de diciembre último. 

En este punto vale la pena consignar que los salientes funcionarios nacionales que elijan su regreso al mundo privado, ya sea en empresas familiares, estudios de abogados o consultoras, deberán cuidarse a la hora de tener vínculos con el nuevo Gobierno, ya que están impedidos de "celebrar contratos" con la Administración Pública Nacional. Varios de ellos tienen previsto volver a desempeñarse en el ámbito privado, más allá de que sigan vinculados con la política. Los ex ministros de Justicia, Germán Garavano, y de Defensa, Oscar Aguad, se dedicarán a trabajar en sus respectivos estudios de abogados; el de Transporte, Guillermo Dietrich, regresará a la tradicional empresa familiar dedicada a la venta de automóviles; y los ex diputados nacionales Emilio Monzó y Nicolás Massot abrirán su consultora.

Sin embargo, quienes decidan por volcarse a la actividad privada no podrán hacerlo en plenitud, ya que el Código de Ética de la Función Pública establece un "período de carencia". En ese sentido, el artículo 46 de la citada norma establece que "hasta un año después de su egreso" del cargo los funcionarios públicos no deben "efectuar o patrocinar para terceros, trámites o gestiones administrativas, se encuentren o no directamente a su cargo, ni celebrar contratos con la Administración Pública Nacional, cuando tengan vinculaciones funcionales con la actividad que desempeñe o hubiera desempeñado".

Habrá que esperar si esta ola de ajuste en el gasto político ayuda a reconciliar a la sociedad con sus dirigentes y a reducir al mínimo la corrupción, un delito que es responsable en gran parte de ese divorcio entre gobernantes y gobernados.