Una nueva polémica asomó esta semana en la escena pública en torno a transparencia y corrupción, dos polos opuestos que atraviesan la política nacional, con la decisión de la Oficina Anticorrupción (OA) de bajarse como parte acusadora en el juicio por lavado de dinero que se sigue contra la vicepresidenta Cristina Kirchner, y sus dos hijos, Máximo y Florencia, por los casos de los hoteles "Los Sauces" y "Hotesur".
Quizás tenga razón el titular de la Oficina Anticorrupción, Félix Crous, cuando afirmó que "se se baje la querella de la Oficina Anticorrupción no pone en riesgo la causa" contra la ex Presidenta, pero no deja de ser una señal pésima de un organismo estratégica en garantizar la transparencia de los actos de gobierno y en perseguir a los corruptos cuando se comprueben irregularidades en el manejo de los fondos públicos. Claudio Beraldi, uno de los abogados de Cristina Kirchner, trazó una lectura similar puesto que afirmó que la salida de la Oficina Anticorrupción de las causas Los Sauces y Hotesur no tiene ninguna incidencia. También, como muchos kirchneristas, adjudicaron las críticas a esta medida del organismo a los medios de comunicación "concentrados".
De todos modos, no hay que perder de vista que el imperfecto sistema institucional argentino se muestra elástico y bondadoso en su marco normativo, puesto que es capaz de hacer concesiones generosas al permitir a un ex Presidente de la Nación, ya condenado por la Justicia, a ser candidato a senador nacional -fue electo- y a una ex Presidenta a ser candidata a Vicepresidenta a pesar de acumular 10 causas judiciales en las que fue procesada por presunta corrupción, cinco con pedido de prisión preventiva que esquiva por contar con fueros parlamentarios. A propósito, cabe preguntarse que hacía la Oficina Anticorrupción y otras áreas con tareas similares durante los gobiernos kirchneristas, que poco y nada vio de un sistema de corrupción que vació las arcas del Estado -dinero de los contribuyentes- y llenó bolsillos de funcionarios y empresarios amigos, partícipes necesarios en la trama.
Ahora bien, vale la pena abordar una síntesis que la propia Oficina Anticorrupción ofrece en su sitio web sobre el rol que debe cumplir en el marco del Estado. Explica que su trabajo está orientado a fortalecer la ética y la integridad en la administración pública nacional, a través de la prevención e investigación de la corrupción y la formulación de políticas de transparencia. También elabora programas de prevención de la corrupción y de promoción de la transparencia en la gestión pública. En la lista figura la tarea de controlar y publicar las Declaraciones Juradas de los funcionarios obligados, y evaluar las situaciones que pudieran constituir enriquecimiento ilícito, incompatibilidad o conflicto de intereses en el ejercicio de la función pública.
Por iniciativa propia, ante denuncias o consultas (de funcionarios o sus superiores) analiza la configuración de conflictos de intereses u otras infracciones a la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública, dictaminando, informando a los agentes las conductas que tienen vedadas o, en su caso, formulando recomendaciones preventivas y de transparencia.
Asimismo, colabora con la Oficina Nacional de Empleo Público en la detección de situaciones de incompatibilidad por acumulación de cargos públicos y recibe denuncias a la vez que investiga irregularidades y hechos de corrupción.
Por último, subraya que se encarga de formular denuncias penales cuando "detectamos delitos contra la Administración Pública", aclara que "en algunos de esos casos asumimos el rol de querellantes en las causas penales" y procura "detectar dinero y bienes producto de la corrupción, y solicitar a los jueces medidas para lograr su recuperación".
Es decir que en su web menciona la responsabilidad en detectar la corrupción, investigarla y asumir el rol de querellante, todo lo que Crous no quiere hacer ahora. Una mala señal para un país que suele tropezar con la piedra de la coimas.
La organización no gubernamental, Poder Ciudadano, se pronunció sobre el asunto en estos días al considerar que la falta de independencia y la ausencia de políticas institucionales de largo plazo logran hacer inefectivas instituciones como la Oficina Anticorrupción, al tiempo que lamenta que cada gobierno que asume cambia la estrategia, generalmente buscando beneficio propio. Así no sirve subraya con contundencia mientras propone que la Oficina Anticorrupción tiene que ser transformada en un organismo con mayor autonomía y con políticas institucionales a largo plazo. En este caso, lamenta que los cambios continuos la convierten en un organismo poco efectivo para el control de la corrupción.
Recientemente, el Gobierno nacional recibió una fuerte reprimenda pública al descubrirse la compra de alimentos con sobreprecios, una operación a cargo del Ministerio de Desarrollo Social. La revelación no estuvo a cargo de la Oficina Anticorrupción, que falló en su declarado objetivo de prevenir irregularidades, sino del periodismo. Todo dicho.