Ante la imposibilidad de lograr un acuerdo con la Nación por la deuda que mantiene con Santa Fe pese a haber transcurrido casi tres años desde que asumió la gestión del presidente Mauricio Macri, el Gobierno santafesino volvería a judicializar el conflicto originado por la detracción del 15 por ciento de la coparticipación entre los años 2006 y 2015 a favor de la AFIP y de la ANSeS y que concluyó con un fallo de la Corte Suprema de Justicia favorable a la Casa Gris. 

El año pasado, Santa Fe había estimado que con la actualización esa deuda superaba los 50 mil millones de pesos. A comienzos de este año, la Nación ofreció pagar a través de bonos a largo plazo unos 31 mil millones y el resto saldarlo mediante obras públicas. La negociación se empantanó y el acuerdo se alejó mientras la crisis económica nacional hizo el resto. Ahora desde el Gobierno santafesino consideran que actualización mediante la deuda ronda los 100 mil millones de pesos. Ante la falta de avances hacia un acuerdo, entonces no se descarta una nueva presentación ante la Corte Suprema para que se lleve a cabo una negociación bajo la órbita judicial. 

Así, mientras los tironeos entre la Casa Gris y la Casa Rosada dejan el conflicto por la deuda generada durante los gobiernos kirchneristas, el subsecretario de Relaciones con Provincias, Paulino Caballero, hizo hincapié la semana pasada en los consensos fiscales que el Gobierno nacional y las provincias suscribieron en 2017 y 2018, en la disminución de la conflictividad con las provincias respecto a los juicios y en los avances para la elaboración de una nueva Ley de Coparticipación Federal de Impuestos.

Al disertar en el XXXII Seminario Nacional de Presupuesto Público organizado por la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Publica (ASAP) en la ciudad de Tucumán, el funcionario nacional recordó que en 2016 el Gobierno nacional firmó un acuerdo con 21 de 24 jurisdicciones para devolverles el 15% de la masa coparticipable en 5 años, sumando tres puntos porcentuales anuales. A su vez, Caballero destacó los acuerdos bilaterales de refinanciamiento de las deudas de las provincias con el Tesoro Nacional, haciendo mención a que el Gobierno nacional retomó el Programa Federal de Desendeudamiento de las Provincias Argentinas y refinanció los servicios que las provincias debían abonar en 2017.

Asimismo, hizo referencia a los convenios suscriptos con las 13 jurisdicciones que incurrían la necesidad de obtener financiamiento para cubrir el déficit de sus cajas previsionales remarcando que en los años 2012 a 2015 no hubo asistencia financiera ni financiación de déficits.  Al respecto, remarcó que en 2016 las transferencias del ANSeS a las provincias fueron por 12.100 millones de pesos, en 2017 10.845 millones de pesos y en 2018 se estima una distribución total de 18.000 millones de pesos.

Por último, Caballero enfatizó la necesidad de cumplir con el mandato constitucional, en el marco de la Comisión Federal de Impuestos, para consensuar una nueva ley de Coparticipación, una vieja deuda que a pesar de los reclamos de las provincias nunca se paga. Porque más allá del federalismo en la división política, el sistema tributario responde a un diseño unitario. 

Se recuerda que el surgimiento de la República fue posible a partir de la decisión de las provincias y eso fue lo que sus representantes llevaron como mandato cuando se aprobó el texto constitucional. Es que todos estaban de acuerdo en la necesidad de un Estado superior que unificara la representación de todas las provincias para organizar la defensa nacional, crear de moneda y gestionar las relaciones exteriores como así también el pago de la deuda pública que se había heredado y la unificación de programas que vinculados a la inmigración, la colonización de tierras y los planes de educación y salud tan presentes a mediados del siglo XIX.

Pero a lo largo de los años la Nación y las provincias han abusado de la creación de impuestos que dieron lugar a un sistema deformado que aplica impuestos una y otra vez al ciudadano y a las empresas porque la recaudación nunca parece ser suficiente para mantener el funcionamiento de los tres niveles de Estado. 

Así, estamos ante un Presupuesto 2019 donde nacen más tributos con la consigna de reducir el déficit fiscal. Nuevamente el sector privado debe salir al rescate del público, con la diferencia que el país atraviesa una crisis y no son tantos los que pueden cumplir con sus compromisos con el fisco ya sea nacional, provincial o municipal. 

Si bien Nación y provincias coinciden en la necesidad de reinventar la Coparticipación federal, también es necesario revisar la carga -o sobrecarga- impositiva que cae sobre el contribuyente.