En la Argentina de estos tiempos, los industriales insisten en la necesidad de generar un contexto favorable a la producción que les permita ser competitivos. Esta demanda implica, entonces, trazar un diagnóstico sobre la situación actual y qué factores pueden modificarse para avanzar hacia una mayor competitividad, lo que le dará solidez y sustentabilidad para enfrentar los distintos escenarios, esto es cuando hay viento de cola o de frente. 

Inevitablemente el debate requiere incluir sobre la mesa el concepto de reformas, lo cual comprende el ámbito laboral y también el tributario. ¿Qué puede hacer el estado, a través de sus distintos niveles, para crear las condiciones óptimas para el desarrollo de la industria? ¿Bajar impuestos? ¿Reducir costos laborales? Son dos cuestiones centrales de la agenda que actualmente analizan las dirigencias de la UIA, de la CGT y funcionarios del gobierno nacional.

En este marco, la elevada litigiosidad laboral constituye una de las problemáticas que encarecen los costos operativos de la industria, coinciden en alertar los representantes del sector e incluso de la Unión Argentina de Riesgos de Trabajo (UART).

Entre los elementos de análisis, se encuentra la última información disponible relevada por la Fundación Observatorio PyME, correspondiente a agosto último, la cual sostiene que el 34% de las PyME de la industria manufacturera de todo el país se encuentra involucrado en casos de litigiosidad laboral, ya se trate de una demanda directa, es decir hacia la propia empresa, o indirecta, esto es una citación o convocatoria por responsabilidad solidaria, ART, entre otros. Estas firmas están involucradas, en promedio, en 3 litigios cada una refleja el documento.

En tanto, el 7mo. Congreso de Seguridad y Salud Ocupacional, organizado por la UART la semana pasada, fue la caja de resonancia y discusión de los principales desafíos que enfrenta la actividad y que impactan en la productividad argentina: disminuir drásticamente el peso de la excesiva judicialidad por accidentes de trabajo y en simultáneo continuar con la implementación de cada vez mejores metodologías de trabajo seguro. Al respecto, todos los oradores y panelistas, funcionarios, aseguradores, empresarios y más de 500 prevencionistas entre los asistentes coincidieron totalmente en ambas exigencias.

Para Mara Bettiol, Presidente de UART, el crecimiento desmedido de la judicialidad se mostró impermeable a todo tipo de mejoras en términos de baja de siniestralidad, aumento de prestaciones y de servicios. Destacó así que la distorsión llegó a niveles tales que su resolución a través de la nueva Ley, sancionada en febrero, consiguió el difícil acuerdo de oficialismo, oposición, empresarios y sindicatos. Su reciente implementación, sostiene, comienza mostrar los primeros resultados positivos cuanti y cualitativos.

Por su parte, Guillermo Arancibia, gerente General de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, expresó la posición oficial sobre el tema al considerar que "la litigiosidad evita la creación de nuevos puestos de trabajo". El funcionario coincidió con Bettiol cuando afirmó que el nuevo sistema comienza a mostrar resultados positivos, puesto que "de los mil casos que pasaron ya por la Comisiones Médicas de Ciudad de Buenos Aires, 85% llegó a acuerdos, y fueron homologados. Ya empieza a verse lo mismo en Córdoba, todavía la única provincia adherida". 

Por el lado de las empresas de distintos sectores, resaltaron que la implementación de planes de prevención se tradujo en una baja de la siniestralidad, reducción del ausentismo, caída de costos, aumento de la productividad, mejor clima de trabajo, entre otros.

En Santa Fe, la semana pasada se realizó en la capital provincial un curso de formación para inspectores de Salud y Seguridad en el Trabajo que lleva adelante la cartera laboral provincial junto a la Organización Internacional del Trabajo (OIT). En este ámbito, el ministro de Trabajo, Julio Genesini, manifestó que "en el último informe de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo de la Nación que cubre el período 2015 – 2016, Santa Fe vuelve a bajar la cantidad de accidentes en más de 7 puntos".

Los informes oficiales muestran que desde 2009, se advierte un proceso de sistemático descenso de los accidentes laborales en la provincia de Santa Fe. De acuerdo a las estadísticas, de julio de 2014 a junio de 2015 se denunciaron un total de 50.393 casos, mientras que durante el período comprendido por los meses de julio de 2015 a junio de 2016 se denunciaron un total de 46.740 casos, lo que representa una disminución del 7,25%, equivalente a 3.653 casos. Por último, si se comparan los datos de junio de 2014, mes en el que se registraron 4411 casos, con los datos correspondientes a junio de 2016 en el que se registraron 3652, se puede observar una reducción del 17,2%.

De todos modos, más allá de estas cifras, desde la Federación Industrial de Santa Fe y del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región, manifiestan cada vez que pueden que la litigiosidad laboral sigue siendo un problema que incide en la estructura de costos y afecta la competitividad.