En pocos días los presidentes de las Cortes de Justicia de la Argentina y de la Provincia de Santa Fe coincidieron, palabras más palabras menos, en una lectura crítica sobre la actualidad del Poder Judicial en un país habituado, lamentablemente, a crisis económicas e institucionales. Además, sin hacer nombres propios, admitieron señales poco alentadoras de determinados magistrados.
En realidad no hace falta hacer demasiado esfuerzo para recordar a Norberto Oyarbide, quien fuera uno de los más polémicos jueces federales en la historia de Comodoro Py. Duró menos de cinco meses en su cargo desde que asumió Mauricio Macri, ya que en abril de 2016 presentó su renuncia para evitar un juicio político y asegurarse su jubilación de privilegio. O Jorge Ballestero, quien el año pasado presentó su renuncia como integrante de la Sala I de la Cámara Federal porteña, luego de ser cuestionado por el fallo que favoreció al empresario Cristóbal López con el cambio de carátula y la posterior excarcelación. También investigado por el origen de su fortuna. En esta lista también se encuentra Eduardo Freiler, quien en noviembre de 2017 fue destituido por el Consejo de la Magistratura ante tanta evidencia de enriquecimiento ilícito. La corrupción atraviesa como hilo conductor el desempeño de estos ex funcionarios judiciales.
Esta semana, el Tribunal Oral Federal condenó a más de tres años de prisión al ex presidente Carlos Menem y al ex ministro de Economía Domingo Cavallo por vender a precio vil el predio ferial de Palermo a la Sociedad Rural en 1991. Sí, leyó bien, en el año 2019 se está tratando de poner fin a una causa que juzga una transacción de 1991. Aunque hay que contemplar que la investigación se inició en 1999, hace apenas 20 añitos. Como dice la canción, 20 años no es nada. En este caso, los jueces condenaron a Menem y Cavallo por la venta del predio en 30 millones de pesos-dólares, cuando el valor real del lugar era de 130 millones (la diferencia, un vuelto ¿verdad?). Llamativamente, el Tribunal decidió absolver a los directivos de la Sociedad Rural que eran juzgados al igual que a los tasadores. "No entiendo el fallo por la venta de La Rural: condenan a Menem y a Cavallo porque le causaron un daño de 100 millones de dólares al Estado al vender el predio debajo de su valor, pero los que compraron salen absueltos: ¿Menem y Cavallo remataron a precio vil el predio porque sí?" reflexionó la periodista María O`Donnell planteando interrogantes en torno al fallo.
Volvamos al principio: el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Carlos Rosenkrantz, abrió el año judicial con un discurso autocrítico. Consideró que "la justicia argentina está frente a un gran desafío institucional que consiste en superar la crisis de legitimidad que nos afecta" y algo más autocomplaciente planteó que "afortunadamente no es una crisis de legitimidad insuperable, estamos a tiempo de revertirla". Admitió que "toda crisis de legitimidad es en gran parte una crisis de confianza", es decir que "los argentinos están perdiendo la confianza en el Poder Judicial". Y luego sobrevoló el nombre de los Oyarbide, los Freiler o los Ballestero cuando expresó que "hay dudas de que nos comportemos como verdaderos jueces de una democracia republicana, la solución requiere entonces que revirtamos esta percepción y, para ello, los jueces debemos mostrar, todos y todos los días, que sí somos verdaderos jueces de una democracia republicana".
En su discurso, Rosenkrantz reconoció que es necesario "entender que pertenecer al Poder Judicial no es un privilegio: ser jueces o funcionarios no nos confiere derechos sino que, por el contrario, nos impone deberes y responsabilidades". Y que la crisis de legitimidad "es en parte una crisis de confianza y la desconfianza creciente de nuestros ciudadanos en el Poder Judicial ha nacido en parte porque existe la sospecha de que servimos a intereses diferentes al derecho". Más aún, remarcó que "los jueces debemos mostrar que somos refractarios a todo interés personal, ideológico, político y de cualquier otra naturaleza que no sea el interés de realizar el imperio del derecho".
Mientras que la presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, María Angélica Gastaldi, admitió que hay "descontento" y "desconfianza" de la ciudadanía hacia los tribunales. La funcionaria señaló que "esa desconfianza se potencia por el incremento en la delictuosidad y las sospechas que se generan sobre el accionar de muchos magistrados, tanto por presunto encubrimiento de determinados personajes, como también por las acusaciones sobre persecución política".
Gastaldi adjudicó ese "malestar" al hecho de que "la gente cree que hay grandes favorecidos, porque ante la falta de identificaciones de los autores de los delitos, la gente cree que hay impunidad y falta de persecución". Agregó que "la desconfianza se potencia por el incremento en la delictuosidad y el accionar de muchos magistrados".
Como hace años, los diagnósticos más o menos hacen justicia a lo que se observa en el Poder Judicial. Sin embargo, nadie acierta en las soluciones.