Pasan los años sin que se adviertan siquiera señales positivas sobre un plan de reforma estructural de la Justicia argentina. ¿Cómo es posible que el ex presidente y actual senador nacional, Carlos Menem, condenado a siete años prisión y 14 años de inhabilitación para desempeñar cargos públicos por el tráfico ilegal de armas a Croacia y Ecuador en 1994 aún se encuentre en libertad? ¿Cómo entender que una causa que se inició hace 23 años, leyó bien, 23 años, no haya podido llegar a su punto final y todavía ocupe tiempo de los jueces que pagamos todos? ¿Alguien se hace cargo de este mamarracho?

Una mirada retrospectiva hacia el interior del Poder Judicial permite dar cuenta de los problemas de no pocos jueces por su desempeño alejado de los principios que deben regir su conducta, como la ética, la idoneidad o la imparcialidad. La reciente renuncia del camarista Jorge Ballestero, sospechado de haber beneficiado al empresario Cristóbal López con un cambio de carátula que luego facilitó su liberación, basta para dejar en claro que muchos magistrados están muy lejos de lo que se espera de ellos. El Consejo de la Magistratura inició una investigación por su presunto enriquecimiento ilícito, pero Ballestero decidió adelantar su jugada y acogerse a la jubilación, un trámite que había comenzado el año pasado. 

En tanto, el otro integrante de la Cámara Federal porteña que favoreció a Cristóbal López con la excarcelación fue Eduardo Farah, quien a partir de las críticas que recibió pidió su traslado a otro juzgado. Todos recuerdan a Norberto Oyarbide, el juez del costoso anillo que en 2010 sobreseyó sin investigar al Néstor y Cristina Kirchner por una denuncia sobre un supuesto enriquecimiento ilícito. Forzado por los escándalos que tiñeron su opaca carrera como funcionario judicial, renunció a su juzgado en 2016 con la fortuna de que el presidente, Mauricio Macri, acepte esa dimisión. 

Que a Ballestero u Oyarbide le acepten la renuncia significa que están en condiciones de percibir sus jubilaciones, que son muy importantes por cierto y están muy lejos de la mínima que cobra el 80 por ciento de los jubilados argentinos. Otra injusticia subyacente: la inequidad. A pesar de haber sido muy malos jueces al final de su carrera judicial obtienen suculentas jubilaciones que le permiten sostener altos niveles de vida. 

En estos casos, también falló el Consejo de la Magistratura, cuyos integrantes también son muy bien pagados por el pueblo argentino, para impulsar investigaciones a fondo contra los jueces presuntamente corruptos que no puede explicar su patrimonio para que se los castigue y además no se los premie con una jubilación. La política, en estos casos, se conforma con correrlos de su lugar, quizás porque nadie puede tirar la primera piedra y todos conocen secretos de todos. 

Ahora, este órgano encargado de la designación y remoción de jueces abrió un expediente contra el juez federal Rodolfo Canicoba Corral, a quien investiga por el crecimiento de su patrimonio. 

Así es difícil seguir. Porque ciertos jueces que deberían comportarse como tal parecen refinados delincuentes. En cierta forma, es como poner al zorro a cuidar el gallinero... a los magistrados les cuesta avanzar contra políticos corruptos. Y si a esta situación se agrega el espionaje, es decir las carpetas que se arman con las "debilidades" de los jueces que luego son utilizadas para extorsionarlos con el objetivo de condicionar sus fallos, todo empeora. 

Con el cambio de gobierno a finales de 2015, los mismos jueces federales que poco hacían contra funcionarios sospechados por hechos de corrupción reactivar esas causas. Pero eso no los exime de su mal desempeño como funcionario público, de hacer la vista gorda a los delitos. 

De todos modos, más allá de los avances contra la corrupción, no se advierte un reverdecer del sistema judicial argentino. En todo caso podría tratarse de intentos de supervivencia de los propios jueces de simular una cruzada anticorrupción. 

Si bien es cierto que varios ex funcionarios están encarcelados, los juicios deberían avanzar con mayor celeridad. Recién el 11 de junio comenzará el proceso contra uno de los corruptos emblemáticos de la era k: José López, célebre por ser descubierto durante una madrugada cuando arrojaba bolsos con millones de dólares en un convento donde procuraba esconderlos.

Además, esta semana el fiscal federal Gerardo Pollicita pidió que el empresario Cristóbal López y su socio Fabián De Sousa, así como el ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray, vayan a juicio oral y público por la falta de pago de impuestos de la firma Oil Combustibles por miles de millones de pesos. Que sea pronto. 

Ya lo dijo el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en su discurso de apertura del año judicial 2018. "Cualquier persona que hoy tiene un litigio y tiene que pensar que el mismo va a durar diez años es una expectativa absolutamente irrazonable" dijo Ricardo Lorenzetti. Pero en esta Argentina siempre se trata de palabras, no de hechos. Y nada o poco cambia.