La inflación no da tregua en la Argentina mientras que a nivel mundial los precios tienden a estabilizarse, tanto en Europa como en Estados Unidos, donde se había generado una leve espiral inflacionaria a partir de los grandes fondos que los gobiernos inyectaron a la economía para enfrentar la crisis generada por las restricciones implementadas por la pandemia de Covid. 
El ministro de Economía, Sergio Massa, presentó el pasado 11 de noviembre Precios Justos, un acuerdo de precios que mantendrá a más de 1.700 productos con los mismos valores hasta febrero. A 16 días de aquel anuncio, en las góndolas de los supermercados de Rafaela no hay ni un solo producto comprendido esta esta lista. 
Del lado del Gobierno nacional, una misión viajará a Estados Unidos para cerrar la revisión al programa económico que implica un ajuste del gasto público. Por el momento, se cumplen las metas al menos según los cálculos de la cartera económica, más allá de que la crisis de las reservas no muestra mejorías e intranquiliza fundamentalmente a las empresas que cada vez encuentran mayores dificultades para importar insumos para mantener el nivel de actividad. Y como si no fuera suficiente, la sequía se empeña en agravar los problemas de producción del campo, con lo que afectará los ingresos de dólares en los próximos meses una vez que finalice la cosecha. 
En este marco, el Fondo Monetario Internacional (FMI) difundió esta semana un paper en el que destaca cómo puede ayudar la restricción fiscal a luchar contra la inflación. Pareciera ser un documento pensado para la Argentina. Las ayudas gubernamentales fueron fundamentales para la supervivencia de personas y empresas durante los confinamientos por la pandemia, y como apoyo a la recuperación económica, señala el reporte. Cuando la inflación es elevada y persistente, no se justifica un apoyo fiscal de base amplia. La mayoría de los gobiernos ya han reducido el apoyo relacionado con la pandemia.
Sin embargo, ante el sufrimiento de tanta gente, los gobiernos deben seguir dando prioridad a ayudar a las personas más vulnerables a hacer frente a las altísimas facturas de los alimentos y la energía, y a cubrir otros costos, pero a su vez los gobiernos deben evitar aumentar la demanda agregada debido al riesgo de que esto aumente la inflación. En muchas economías avanzadas y emergentes, la restricción fiscal puede reducir a la vez la inflación y la deuda, sostienen desde el FMI.
Los bancos centrales están subiendo las tasas de interés para frenar la demanda y contener la inflación, que en muchos países se sitúa en los niveles más elevados desde la década de 1980. Como los rápidos incrementos de precios comportan costos económicos para la sociedad y son perjudiciales para la estabilidad del crecimiento económico, la política monetaria debe actuar con contundencia.
En este contexto, la política monetaria dispone de los instrumentos necesarios para moderar la inflación, mientras que la política fiscal puede dar a la economía una base más sólida a largo plazo, mediante la inversión en infraestructura, salud y educación; la distribución justa de ingresos y oportunidades a través de un sistema tributario y de transferencias equitativo, y la prestación de servicios públicos básicos. Aun así, el saldo presupuestario general afecta la demanda de bienes y servicios y las presiones inflacionarias, advierten el FMI. Una disminución del déficit enfría la demanda agregada y la inflación, de modo que el banco central no necesita subir tanto las tasas de interés para conseguir estos efectos. Además, como las condiciones financieras mundiales limitan los presupuestos, y los coeficientes de la deuda pública superan los niveles de antes de la pandemia, reducir el déficit también permite abordar las vulnerabilidades de la deuda.
Argentina tiene tantas distorsiones e inconsistencias que debe corregir que se requiere un gran acuerdo político, imposible de alcanzar en un escenario donde la grieta se ensancha cada vez más.