A la actividad política le cuesta en este país generar lazos de confianza sostenibles con la mayoría de los ciudadanos, quizás por la falta de resultados en su misión principal que es la de trabajar por el bien común y liderar desde las estructuras gubernamentales procesos de crecimiento inclusivos con una equitativa distribución de la riqueza. Habituada a las crisis económicas, políticas y sociales, la Argentina califica a la clase dirigente con reiterados aplazos mientras la pobreza y la indigencia afecta a uno de cada tres habitantes más allá de tenues modificaciones, por lo que la deuda social sigue ahí, lamentablemente, muy firme. 

Si bien el fracaso podría atribuirse con mayores o menores responsabilidades entre todos los habitantes, según la opinión pública son los políticos los culpables de las nuestras penas. No aciertan en las medidas de gobierno y a veces, encima, roban, se enriquecen y disfrutan de la impunidad aunque ahora el cuerpo social parece dar batalla al menos en el campo de la transparencia y la decencia para revelar al corrupto y en lo posible castigarlo. 

La arena política también conlleva la fama de atraer no sólo a aquellos que, vocación de servicio mediante, buscan a partir de su compromiso trabajar por un un país mejor para todos sus habitantes sino también a oportunistas que se las ingenian para hacer de la función pública -incluyendo la actividad legislativa- un trabajo para toda la vida, incluso operando como una agencia de colocaciones de empleo de sus familiares y amigos en los pliegues del Estado. 

Si a esta visión tradicional se le suma el gasto de la política y la falta de certezas sobre el origen para financiar a los dirigentes y sus campañas, el escenario tiende a oscurecerse en detrimento del arte de la política. El escándalo por los viáticos de los diputados y senadores nacionales de este año tampoco fue de ayuda para reivindicar a la clase política, si bien la polémica allanó el camino para mejorar el reglamento que establece la forma de liquidar los fondos para "los gastos de la función pública". 

Por tanto, en tiempos de crisis y a medida que crece la marcha de la bronca por los efectos del ajuste en la calidad de vida, la sociedad necesita gestos. Como el que se dio en Rafaela recientemente cuando se aprobó en el Concejo Municipal un proyecto que congela durante seis meses los salarios de los funcionarios del Departamento Ejecutivo, desde el Intendente hasta subsecretarios y directores, y las dietas de concejales. Se trató de una medida poco simpática para quienes deben soportarla, aunque un alivio para miles de rafaelinos que ven que las cargas de la crisis se reparten entre todos. En Sunchales se presentó la semana pasada un proyecto similar aunque restringe los alcances de este congelamiento de dietas a los integrantes del Concejo Municipal. 

En la Legislatura santafesina no se observan demasiados esfuerzos por ajustar el gasto y acompañar al menos en el plano de los gestos a la población que sufre la crisis. En conjunto, las cámaras de Diputados y Senadores cuentan con un presupuesto anual que se acerca a los tres mil millones de pesos en tanto llama la atención el corporativismo de legisladores de todos los partidos para evitar la discusión en torno a sus salarios, la cantidad de colaboradores que tiene cada uno y cuánto dinero le sale a los contribuyentes esos "equipos de trabajo". 

Un informe del diario La Capital de Rosario a finales del año pasado advertía que el costo de la Legislatura por cada día de este 2018 ascendía a casi 7,5 millones de pesos. Cabe recordar que en Santa Fe el Senado cuenta con 19 legisladores y Diputados otros 50. 

Esta semana, fue noticia un diputado nacional porque renunció a futuros incrementos de sueldo que les otorguen a los legisladores. Lo hizo a través de una carta que envió al presidente de la Cámara baja, Emilio Monzó en la que comunica su decisión de "renunciar a cualquier aumento futuro de mi sueldo/dieta, y a la posibilidad de solicitar fondos para viajes y/o viáticos a países extranjeros, hasta la fecha de finalización de mi mandato, en diciembre de 2019". Se trata de Leandro López, del bloque Cambiemos, quien luego de indicar que apoya "plenamente la medidas económicas anunciadas" por el presidente Mauricio Macri, remarcó que "quienes estamos seguros y convencidos del rumbo, debemos ser los primeros en dar el ejemplo de austeridad que el momento demanda".

López, de 39 años, es abogado, asumió su banca en el Congreso en 2015 después de desempeñarse como concejal en la ciudad de Neuquén y asegura que es su única fuente de ingresos. Los sueldos mensuales de los disputados nacionales rondan los $ 120 mil. Por ahora ningún otro legislador siguió sus pasos, aunque algunos ya donan parte de su dieta.