Si antes de la pandemia del coronavirus casi 4 de cada 10 argentinos vivían confinados en una situación de pobreza, todo hace prever que después del repentino freno de la actividad economía el escenario va a empeorar pese a la amplia asistencia social que el Gobierno está obligado, a pesar de la escasez de recursos, a conceder por estos días de aislamiento social, preventivo pero también forzado. La batalla para mitigar la propagación del virus y defender de esta manera la salud pública implica pagar un alto costo que, a priori, el país no está en condiciones de hacerlo. 

En este marco es cuando aparecen las recetas clásicas criollas para atender las secuelas de las crisis como es la de crear un nuevo impuesto, que en este caso gravará las grandes fortunas. Se trata de una alternativa que aún debe atravesar el filtro del Congreso pero que, si finalmente se convierte en ley, oxigenará las alicaídas finanzas del Estado nacional que si no están peor es porque se dejaron de pagar vencimientos de la deuda. 

Así, a la emergencia sanitaria ya declarada en busca de mejorar las defensas del sistema de salud ante el avance del coronavirus le sucederá una dramática emergencia económica. La actividad productiva, anulada por la cuarentena estricta, amenaza con desmoronarse como un castillo de naipes si no se aplican pilotes de urgencia en todas sus bases para apuntalar la estructura de las empresas. 

Las nuevas estadísticas que reflejan, como una radiografía, el estado del país tienen que ver con las víctimas fatales o los infectados por el coronavirus, y con los millones de argentinos que claman por subsidios públicos para sobrevivir a este escenario desconocido con matices de un apocalipsis y las cientos de miles de empresas que también imploran por no pagar compromisos al Estado y recibir créditos o también fondos no reembolsables para pagar salarios, como es el caso de los célebres Repro (Programa de Recuperación Productiva).

Ante el agravamiento de la precaria situación social, el Gobierno nacional puso en marcha el Ingreso Familiar de Emergencia, conocido por su sigla IFE, que contempla el pago de 10.000 pesos por este mes de abril aunque hay chances reales de que se repita en mayo. El subsidio se formalizó a través de la ANSES y recibió más de 11 millones de solicitudes, todo un indicio de que las cosas están muy muy mal. Finalmente el Estado autorizó el pago del bono a casi 8 millones de personas, una cifra que duplica las estimaciones iniciales de los funcionarios nacionales que habían calculado una base de beneficiarios de 3,6 millones. 

En la provincia de Santa Fe, más de 600.000 personas cobrarán el IFE a partir de este martes cuando comiencen las transferencias de la ANSES, lo que refleja la magnitud de la crisis económica en una de las provincias más ricas de la Argentina tanto por la potencialidad del campo como también de la agroindustria. En este sentido, en un artículo publicado por Prensa Obrera con la firma de Nico Rapanelli, advierte que "la situación social en los barrios de la provincia de Santa Fe se ha vuelto desesperante para la inmensa mayoría de las familias trabajadoras" a la vez que "la cuarentena puso de manifiesto el enorme estado de precariedad laboral, donde miles de familias viven del trabajo diario, de hacer una changa o del cirujeo". Asimismo, plantea que las cifras de inscripción para el Ingreso Familiar de Emergencia en la provincia son elocuentes pues aplicaron 608.620 personas, lo que -acorde a los promedios nacionales de rechazos- indica que en total más de 900 mil personas de la provincia lo habrían solicitado. Además, subraya que "si se toma en cuenta que los adultos son –proyectando  los datos etarios de 2010 a la población provincial actual- unos 2,3 millones, tenemos que 4 de cada 10 adultos de Santa Fe se inscribieron para recibir un bono miserable de 10 mil pesos". 

Rafaela no escapa a los agobiantes efectos económicos de la pandemia. El propio intendente, Luis Castellano, describió en su exposición del sábado ante el Presidente de la República, Alberto Fernández, y otros 29 jefes de gobiernos de ciudades del país que "Rafaela tiene 595 industrias de las cuales la mitad no está trabajando" y que "casi 900 comercios no están teniendo actividad, como así también unos 2.200 prestadores de servicios, dentro de los cuales se encuentran monotributistas C y D, cuentapropistas, artesanos y trabajadores de la construcción". Al respecto, admitió que "ahí es donde empieza a apretar fuerte el cinturón de la economía". 

En lo que hace a las empresas, la AFIP informó que más de 420 mil empleadores se registraron en el Programa de Asistencia de Emergencia para el Trabajo y la Producción. Los empleadores que solicitaron asistencia estatal para pagar salarios representan al 82% del total de empresas privadas del país. Es como lo describieron desde el Centro Comercial e Industrial de Rafaela, las industrias y los comercios están en terapia intensiva.