A pesar del cambio de año, la pandemia de Covid continúa marcando con fuerza la agenda cotidiana de personas, instituciones, empresas y gobiernos condicionando el desarrollo de las actividades, ya sean productivas, de educación o de esparcimiento. El debate en torno a la modalidad en la que se dictarán las clases este año después de un 2020 caótico se recalentó en las últimas semanas a partir del reclamo, cada vez más intenso, que efectúan los padres para que sus hijos regresen a las aulas para recibir su educación. 

De esta forma, luego de un casi un año sin clases presenciales, el ciclo 2021 ya es motivo de polémicas y fuego cruzado entre distintos espacios políticos. Sucede a nivel nacional entre el partido de gobierno, el Frente de Todos, y la principal oposición, Juntos por el Cambio. Algo muy similar ocurre en la Provincia de Santa Fe entre el partido de gobierno, que también es el Frente de Todos, y la oposición radical socialista y macrista.

La discusión pública identifica claramente a los distintos actores. Por un lado, los infectólogos y gremios docentes plantean que mientras no haya vacunas hay que seguir con las escuelas cerradas, máxime cuando está latente una segunda ola con la amenaza de una cepa aún más contagiosa. Por el otro, están las familias bregando por la apertura ya que anticipan las negativas consecuencias de que sus hijos sigan sin volver a las aulas. Y finalmente están los funcionarios con poder de decisión sobre las clases, como los nacionales y los de las provincias (también los alumnos y estudiantes, pero no parecieran tener una voz potente en esta tribuna). 

Según el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa), como en toda decisión de política pública, hay beneficios y costos. El principal beneficio de mantener cerradas las escuelas sería reducir la tasa de contagio. Esto, siempre y cuando, los niños y jóvenes se encierren en sus casas, comportamiento que se flexibilizó en el 2020 y que parece de muy difícil cumplimiento en el 2021. El principal costo de mantener cerradas las escuelas es atentar contra los aprendizajes de los alumnos.

En un documento reciente, Idesa planteó que una forma de evaluar los costos de mantener cerradas las escuelas es apelando a los resultados de la prueba de calidad educativa APRENDER que anualmente aplica el Ministerio de Educación. Según esta fuente oficial, en el año 2019 se observó que el 39% de los alumnos de secundaria tienen capacidades básicas o inferiores en lectura. Además, entre los alumnos que asisten a colegios privados, el 22% tiene capacidades básicas o inferiores en lectura. Y entre los alumnos que asisten a colegios del Estado, el 47% tiene capacidades básicas o inferiores en lectura. Estos datos muestran que el cierre de las escuelas se da en un marco de profunda degradación y desigualdad educativa. Este cuadro de situación seguramente se profundizó en el 2020 con el cierre de las escuelas dado que los alumnos de colegios privados se adaptan mejor a las clases virtuales. Sus hogares están más digitalizados, los padres tienden a ser más exigentes con la virtualidad y las escuelas tienden a ofrecer mejores herramientas pedagógicas.

En cambio, los alumnos de las escuelas del Estado tienen menos clima educativo, menos recursos tecnológicos y las escuelas ofrecen menos alternativas a distancia. Los datos de APRENDER señalan que el 42% de los alumnos de las escuelas del Estado sufren hacinamiento, mientras que sólo el 25% de los que van a colegios privados está hacinado. Además, la mitad de los hogares pobres no tiene computadoras.

Un estudio publicado en la revista Journal of Labor Economics (2018) llamado “Los efectos de largo plazo de los paros docentes: evidencia sobre la Argentina” señala que los alumnos argentinos sufrieron desde la recuperación de la democracia hasta el año 2014 casi 1.500 paros docentes con variaciones en el tiempo y entre provincias. En promedio, los alumnos argentinos perdieron medio año lectivo en su vida escolar por causa de los paros. Según este estudio, de adultos, estos jóvenes tienen menor empleabilidad y menores salarios. Mantener cerradas las escuelas podrá tener beneficios de corto plazo (menos contagios), pero trae aparejado altísimos costos sociales en el mediano y largo plazo.

En este marco, la degradación educativa no sólo se explicita al comparar con países desarrollados. En el 2000, Argentina estaba a la cabeza en América Latina en las pruebas internacionales PISA. En la versión PISA 2018, Argentina está por detrás de Chile, Uruguay, Costa Rica, México, Brasil y Colombia, e igual que Perú que en el año 2000 tenía un rezago respecto a Argentina equivalente a dos años de educación. Por eso, no quedan dudas de que seguir manteniendo las escuelas cerradas es una tragedia para los niños y jóvenes, especialmente, los pobres.

La Argentina no solo necesita que maestros y alumnos vayan a las escuelas. También es necesario disparar un debate sobre la calidad de la educación. Y eso implica poner el foco en cómo se preparan los futuros maestros y profesores.