Por Eduardo Basualdo
y Pablo Manzanelli
En la historia reciente del país, en particular
desde 1976, la deuda externa ocupó un papel
central en el funcionamiento de la economía
argentina. Es poco discutible que a lo largo de la segunda etapa
de sustitución de importaciones, en el marco del “modelo de dos
sectores” y los periódicos estrangulamientos de la balanza de
pagos, el endeudamiento externo era una pieza clave para que
los organismos internacionales de crédito impusieran, en esos
momentos críticos, sus políticas de ajuste. Sin embargo, no es
menos cierto que la deuda externa era una variable dependiente
de la economía real y específicamente de la expansión industrial
en la medida en que permitía garantizar las divisas necesarias
para adquirir bienes del exterior en los años que se registraba
déficit comercial.
El carácter de la deuda externa alteró su comportamiento con la
irrupción de la última dictadura militar. A partir de allí se asistió
a un proceso de reversión del proceso de industrialización que
culminó en 2001 con la gran crisis de fin de siglo, mientras que
tanto la deuda externa como la fuga de capitales se independizaron
de la economía real y adquirieron dimensiones impensadas
pocos años antes. El proceso de valorización financiera en
el período 1976-2001 se sustentó, en la generalidad de los casos,
en el endeudamiento externo, la valorización en el mercado
financiero interno y la fuga de recursos al exterior.
La acción
del Estado fue determinante por varios motivos, entre los que
se resaltó: la provisión de divisas, mediante su propio endeudamiento,
que hicieron posible la fuga de capitales al exterior;
la determinación, a través de su endeudamiento en el mercado
interno, de un diferencial positivo entre la tasa de interés interna
y la internacional que permitió la valorización financiera de los
sectores oligopólicos; la estatización de la deuda externa privada
mediante los seguros de cambio durante la década de 1980; la
enajenación del patrimonio nacional mediante las privatizaciones
para salir del default y posibilitar un nuevo y acelerado ciclo
de endeudamiento privado a los grupos económicos locales y
empresas extranjeras durante la década de 1990.
Tras el colapso de 2001, la deuda externa siguió siendo decisiva,
pero estuvo signada por un proceso contrario al que tuvo en el
patrón de acumulación anterior. Es decir, por el desendeudamiento y el cambio de la composición de la deuda pública en el
marco del ciclo de gobiernos kirchneristas (2003-2015). Estas
modificaciones se desplegaron en un contexto en el que la política
económica privilegió el crecimiento de la economía real a
través de la implementación de políticas expansivas que impulsaron
el consumo.
El hito fundamental en términos del desendeudamiento fue el
canje con quita consumado en 2005, mientras que el posterior
realizado en 2010 fue complementario pero destacable porque
permitió incrementar el monto de la deuda que adhirió al canje
por encima del 90%. Por su parte, en la modificación de la
composición de la deuda externa fue decisiva la estatización
de los fondos jubilatorios que pasaron a ser administrados por
la ANSeS, lo cual permitió incrementar la deuda en manos del
propio sector público y disminuir, en consecuencia, la tenencia
del sector privado.
Este proceso de desendeudamiento tuvo otro hito significativo
en el conflicto con los fondos buitre y los restantes acreedores
que no habían ingresado a los canjes.
La antojadiza interpretación
del juez neoyorquino Thomas Griesa, confirmada luego
por la Corte Suprema de Estados Unidos, estableció que la Argentina
debía pagar a los fondos buitre el 100% de lo adeudado.
Ello abría la posibilidad de la cancelación de 15.000 millones de
dólares a los demás holdouts y, en última instancia, habilitaba a
que los acreedores que sí habían ingresado a los canjes pudieran
demandar por el 100% de sus tenencias anteriores a los canjes
debido a la existencia de la cláusula RUFO (Rights Upon Future
Offers), que vencía el 31 de diciembre de 2014. Esta cláusula,
incluida en el canje de 2005, dictaba que toda mejora en una futura
oferta para los tenedores que habían permanecido fuera del
acuerdo debía ser garantizada para quienes habían ingresado.
A partir de esta breve e imperfecta síntesis no parece descabellado
afirmar que durante los últimos 40 años la deuda externa,
ya sea por su inédita expansión o por su posterior disminución,
ocupó un lugar central en el comportamiento macroeconómico
del país.
Bajo la gestión de la alianza Cambiemos su relevancia no se vio
para nada alterada al constatarse el retorno a un nuevo ciclo de
endeudamiento externo de proporciones sumamente elevadas.
El endeudamiento
externo bajo la alianza
Cambiemos superó
incluso el de todos los
años de la serie 1976-
2016, constituyéndose
en el récord de
endeudamiento
externo del país.
en términos históricos y vinculada, con sus propias características
históricas, a un cambio en el eje del proceso de acumulación
a través de un desplazamiento de los propietarios de capital desde
la esfera de la economía real hacia la valorización financiera.
Está claro que este giro en el régimen de acumulación requería,
como condición sine qua non, el acuerdo con los fondos buitre
de modo tal de acceder al mercado internacional de capitales.
En los hechos, la cancelación de la deuda con los fondos buitre
junto al pago del resto del 7% de los acreedores que no accedieron
a los canjes 2005 y 2010, implicó la emisión de bonos por
16.500 millones de dólares a una tasa de interés promedio del 7
por ciento.
Adicionalmente, el “blindaje financiero” que desplegó la administración
macrista incluyó el canje del Bonar 2022, 2025 y 2027
(con una tasa de alrededor de 7,8% y una quita del capital del
15%) por letras intransferibles que tenían una tasa de casi 0%.
Dichas letras habían sido entregadas al Tesoro por parte del
Banco Central para cancelar la deuda con el FMI en 2006 y con
acreedores privados en 2010. Dado que dichos bonos fueron
luego entregados a diversos bancos como garantía por otra operación
de préstamo (HSBC, JP Morgan, Deutsche Bank, etc.), el
canje no solo aumentó la carga de intereses sino que también
modificó la deuda intra sector público en deuda exigible en manos
del sector privado. (Voces en el Fénix).