La
estrategia de dejar que el problema de la deuda reclamada por los
fondos "buitre" lo resuelva el próximo gobierno encuentra escollos
cada vez más duros en la justicia de Nueva York, la cual considera
que la administración de Cristina Fernández busca hacer "trampa"
en el litigio.
La Argentina intenta dilatar una salida para el litigio con los
fondos buitre, pero choca con la sorpresiva dureza del juez de
Nueva York Thomas Griesa, quien ha tomado partido por los fondos
especulativos y mantiene una posición cada vez más distante del
gobierno kirchnerista.
A tal punto que, en un hecho poco usual, Griesa emitió una
advertencia al enterarse de que la Argentina insinuaba cambiar la
jurisdicción para el pago de los títulos de deuda.
El gobierno amagó con esa medida extrema porque considera que
existen pocas chances de que la Corte Suprema de Estados Unidos
incluya la apelación argentina en su listado de causas a tratar.
Al menos no lo ha hecho hasta ahora y se reducen los tiempos
para que ello ocurra.
Si la Corte rechazara tomar la causa, automáticamente quedaría
firme el fallo de Griesa que obliga a la Argentina a pagarle 1.340
millones de dólares a los fondos buitre que iniciaron el litigio
en el tribunal de Manhattan.
Pero, aún peor, sentaría un precedente para que el resto de los
bonistas también reclamaran cobrar al 100 por ciento sus títulos
de deuda, lo que pondría a la Argentina en "default técnico".
El análisis no es especulación de especialistas, sino un hecho
concreto del cual Cristina tomó nota hace varios meses por las
advertencias que llegaban del estudio jurídico que representa a la
Argentina en Nueva York.
El ministro de Economía, Hernán Lorenzino -quien se ve fuera
del Palacio de Hacienda después de octubre y podría ser
reemplazado por Axel Kicillof o Mercedes Marcó del Pont-, estuvo
en Estados Unidos sondeando lo que viene y se lo sinceró a la
presidenta, lo cual explica en parte la virulenta reacción de la
mandataria.
"Nos quieren dejar en default", bramó Cristina Fernández, quien
buscó comparar sus padecimientos con las penurias que viene
sufriendo Barack Obama, cuyo gobierno quedó en una encerrona
presupuestaria que obligó a paralizar la administración pública.
Cristina dijo que legisladores republicanos "extorsionan" al
gobierno de Obama al no aprobarle el Presupuesto como lo hace la
Justicia norteamericana con la Argentina.
En cuanto al Presupuesto, la presidenta no se puede quejar de
lo mismo aquí, donde no sólo su polémico proyecto va camino de
convertirse en ley la semana próxima, sino que también obtendrá la
aprobación de la controversial ley de Emergencia Económica, por la
cual se pueden reasignar partidas y mantener el distorsivo
impuesto al Cheque, que cada vez recauda más y buena parte no se
coparticipa sino que engorda Rentas Generales.
Sobre lo segundo, a esta altura parece que la Argentina erró la
estrategia judicial en la causa iniciada por los fondos buitre, en
especial cuando subió el tono de los discursos y dijo que más allá
de lo que resolviera la Justicia norteamericana la Argentina no le
pagaría a los bonistas lo que pretenden.
Un revés ante la Justicia norteamericana tal vez termine siendo
el último acto de un ministro de Economía al que la presidenta
debería haber escuchado un poco más y dejará para el anecdotario
una frase tal vez sobredimensionada pero literal: "Me quiero ir".