Nuevamente se instala en la agenda social la cuestión de la desnutrición infantil, que genera situaciones dramáticas que decididamente constituyen un retroceso y un fracaso tanto de nuestras instituciones como de la sociedad toda. Es a partir de una sucesión de noticias provenientes del norte argentino y que afecta en mayor medida a las comunidades de pueblos originarios.
En el marco de un país en el que se destaca desde el Gobierno el concepto de década ganada, está claro que se registraron avances en materia de derechos laborales, en inclusión social y en desarrollo económico, aunque con la manipulación de las estadísticas o la falta de ellas los balances y las conclusiones que se realizan adquieren una mayor relatividad de la que deberían tener. Contar con información sobre lo que sucede es acceder a un insumo vital para el diseño de políticas públicas, especialmente en lo que hace a la gestión de lo social.
Al manipular datos de la inflación, y vaya a saber cuántos indicadores sociales o económicas más, el Gobierno nacional corre el riesgo de equivocar los diagnósticos y por tanto implementar medidas que no son las soluciones que requieren los problemas reales.
En una entrevista con el diario El Tribuno de Salta, el obispo de Gualeguaychú y presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, monseñor Jorge Lozano, denunció la manipulación de las cifras en las estadísticas sobre muerte infantil y dijo que "hay situaciones de desnutrición infantil en varios lugares del país".
En tanto, desde la Secretaría del Defensor del Pueblo de la Nación se resolvió intervenir en la problemática de la desnutrición infantil que se advierte en el norte del país. "A principios de enero de este año se conoció la noticia de la muerte de un niño qom de 7 años en Chaco y de un niño wichi de dos años en Salta. Además, varios niños guaraníes fueron internados por el mismo cuadro: desnutrición. En consecuencia, el Carlos Haquim, Secretario General a cargo del Defensor del Pueblo de la Nación, decidió iniciar una actuación de oficio a los fines de solicitar a la Dirección de Estadísticas e Información de Salud (DEIS) y a la Dirección Nacional de Maternidad e Infancia, ambas dependencias pertenecientes al Ministerio de Salud de la Nación, la elaboración de una serie de informes con el propósito de conocer cuáles son los datos actuales disponibles sobre casos de desnutrición y si las provincias aportan información al respecto", expresó este organismo en un documento difundido el pasado jueves.
El último informe de DEIS y MSAL que se dio a conocer es del año 2013 y señala que más de la mitad de las muertes infantiles son causadas directa o indirectamente por hambre o desnutrición. También explican los problemas determinantes en la salud infantil son el bajo peso, la desnutrición crónica y la anemia; y que las provincias del NEA y NOA son las que tienen más niños y niñas con bajo peso (peso/edad) y desnutrición crónica (talla/edad).
El Defensor del Pueblo afirma que en los resultados de estas investigaciones se evidencia la inequidad interprovincial que existe en los indicadores sanitarios y nutricionales. En la Región de Cuyo predominan los niños con bajo peso así como también los altos niveles de obesidad; en el NEA predominan los casos de bajo peso y hay una gran cantidad de niños con desnutrición crónica; en el NOA la situación es similar la región anterior; en la Región Pampeana se mantienen altos niveles de desnutrición crónica y la obesidad es un factor predominante en el Gran Buenos Aires; y la Región Patagónica cuenta con el mayor nivel de obesidad en el país.
Paralelamente, el fiscal federal Jorge Di Lello pidió el viernes último que se investigue una denuncia contra tres ministros del gobierno nacional a raíz de la muerte de un niño de siete años dela de la comunidad aborigen QOM el 8 de enero pasado. El fiscal acusó al jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, el ministro de Salud, Juan Manzur y la ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner por el fallecimiento del pequeño Néstor Femenía, quien con 20 kilos estuvo unos cuarenta días internado y luego falleció en el hospital Güemes del Chaco.
De esta forma, Di Lello dio curso a la denuncia hecha por el militante del Frente Renovador Adrián Rois y solicitó varias medidas de prueba. Según indicó el denunciante, existe un Fondo Especial de Desnutrición y Alimentación Nacional que faculta al jefe de Gabinete a reasignar partidas que fueran necesarias. También subrayó que el Programa Nacional de Control de la Tuberculosis del Ministerio de Salud no se estaría aplicando correctamente y que el área de Protección de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas y Campesinos de la Dirección Nacional de Atención en la Situación de Vulnerabilidad de la Secretaría de Derechos Humanos "no estaría realizando lo conducente para evitar las situaciones como la del menor fallecido".