La escalada del conflicto ante la falta de acuerdo en torno a las negociaciones salariales que involucra a los docentes santafesinos y trabajadores estatales tanto de la Provincia como de los municipios y comunas refresca, una vez más, las inequidades existentes en torno a los regímenes laborales. Claramente, la garantía de estabilidad laboral que gozan los empleados públicos marca una diferenciación por momentos difícil de digerir. Desde los ámbitos gremiales se insiste con que se trata de un derecho, en tanto aquellos que cuestionan la estabilidad no dudan en calificar que se trata de un privilegio. 

Jornadas laborales de 6 horas que configuran una semana de 30 horas de trabajo en total, el uso y abuso -ante la falta de controles- de las licencias psiquiátricas en la administración pública y la docencia, así como también la posibilidad en algunos casos de jubilarse anticipadamente constituyen un kit de derechos que no se encuentran en la esfera del sector privado. 

Así, mientras los trabajadores de fábricas, comercios y otros ámbitos privados deben aguantar la crisis sin tantas herramientas para defender su poder adquisitivo, los estatales discuten en otras condiciones con la seguridad de que no ponen en riesgo su fuente laboral. Cualquier operario de una empresa, cuando se involucra en un conflicto laboral, tiene en claro que está en juego su estabilidad en el empleo. Por el contrario, cuando un maestro o un empleado público hace paro cuenta con la tranquilidad de que no perderá su cargo. 

En un reciente artículo publicado en el diario El Litoral de Santa Fe se pone la mirada en los días de paro que hicieron los maestros de la Provincia partir de un relevamiento efectuado por David Jaume que fue reeditado por la organización Argentinos por la Educación. Este informe muestra que entre 1983 y 2018 se registraron en promedio 12 días de paro por año. Santa Fe está algo por encima de esa media con 13 días. 

En tanto, el mismo reporte señala que en 2018, hubo en total 14 días sin actividades en las escuelas. La mitad fueron por reclamos provinciales -en su mayoría en el contexto de las negociaciones paritarias- y el resto por adhesión a protestas nacionales impulsadas generalmente por la CTERA. En este 2019 AMSAFE y todo el arco de gremios docentes ya hicieron cuatro días de medidas de fuerza por la falta de avances en la discusión salarial, lo cual tiene como principales damnificados a los alumnos que nunca logran tener 180 días de clases tal como lo establece la ley. 

La decisión de los gremios como AMSAFE, cuya titular Sonia Alesso también preside la CTERA a nivel nacional, de echar mano a la herramienta de los paros revela un nivel de combatividad llamativo. Como que los dirigentes sindicales aprovechan los conflictos para lucirse y planificar, en paralelo, carreras personales hacia la política. Parecen esperar estos momentos para avanzar más rápidos en los casilleros de la política. Como ningún docente se juega su puesto de trabajo pueden acompañar sin consecuencias -a diferencia de lo que sucede en el ámbito privado- las medidas de fuerza. Y como reflexionan antiguos docentes, muestra también las transformaciones que se han dado en el perfil docente, es decir hace muchos años los maestros elegían dar clases y pararse frente a los alumnos por vocación; en cambio ahora no pocos lo hacen solo por un trabajo sin atender demasiado en las necesidades de los chicos. 

En la Argentina de la falta de competitividad y de elevados costos laborales, en gran medida por las cargas que las empresas deben pagar al Estado por la seguridad social, se insiste periódicamente sobre la necesidad de modernizar la legislación que regula el mundo del trabajo. En el Congreso se presentan proyectos de reforma laboral que no consiguen avanzar demasiado ante la oposición del poderoso aparato de los sindicatos y sus vínculos en el universo de la política. 

Desde el sector privado, se reclama una baja en los costos laborales, no tanto por el dinero que van al bolsillo del trabajador sino por los fondos que deben pagarle al Estado. Y entonces a veces se opta por generar empleo en negro y no registrar a un empleado para evitar costos. Se trata de distorsiones que sucede en un país donde rara vez terminan de ordenarse las cosas. En estos contextos nacen los proyectos de flexibilización o reforma laboral que después tienen corto recorrido ante la escasa fortaleza política de los gobiernos. Así las cosas, se insiste con la necesidad de cambiar, aunque finalmente todo sigue igual, siempre. En este marco, se mantiene esa brecha entre los derechos de los estatales, con la estabilidad como emblema, y el de los trabajadores privados.