Las
severas complicaciones de Daniel Scioli para afrontar los salarios
y aguinaldos de junio pueden ser el primer paso de un efecto
dominó en otros distritos, pero también desnudan una puja política
de proporciones entre el Gobernador y la Casa Rosada.
Los problemas de financiamiento de la provincia de Buenos Aires
hicieron que debiera pedirle fondos a la presidenta Cristina
Fernández, quien a diferencia de otras oportunidades demoró más
tiempo de lo habitual en habilitar su transferencia y sólo giró
1.000 millones de pesos, cuando se le pedía más del doble.
En el medio, Cristina retó a Scioli y le dijo que no alcanzaba
con "poner la cara", frase habitualmente utilizada por el Gobernador ante cada adversidad, sino que se debía mejorar la
gestión.
Todo teñido de un trasfondo político a esta altura
indisimulable: el kirchnerismo pretende impulsar la reelección de
Cristina para el 2015, y Scioli es por ahora el principal
competidor con vistas a las presidenciales de ese año.
Falta mucho para aquella batalla -que incluso requeriría de una
reforma constitucional ya fogoneada por sectores ultra K-, pero en
política los tiempos suelen acortarse dramáticamente.
Para el sciolismo no es casual que el Gobernador venga siendo
torpedeado con fuerza por su propio vice, Gabriel Mariotto,
delegado de la Presidenta en la Provincia.
La jefa de Estado se puso como ejemplo de administración
eficiente, pero la diferencia entre la Nación y la Provincia es
que la Casa Rosada cuenta con la "máquina de hacer billetes" del
Banco Central, que cada vez utiliza con más discrecionalidad.
Esa es una de las razones por las cuales la inflación se
continúa retroalimentando en la Argentina, a pesar de la merma en
los niveles de actividad.
Esa máquina de hacer billetes no se frena porque el Gobierno
considera que la clave para la subsistencia del modelo pasa por
seguir alimentando el consumo, aunque eso se logre mediante un
sistema artificial.
La decisión de Scioli de pagar el aguinaldo en cuatro cuotas, porque no tiene otra alternativa, seguramente tendrá un impacto en los niveles de consumo.
Mientras eso ocurre, la provincia de Buenos Aires, con sus 550
mil empleados públicos, tiene un costo fijo mensual que se le hace
cada vez más difícil afrontar.
Los sindicatos no perdieron tiempo, ante la confesión de Scioli, para convocar a un cese de actividades para el próximo miércoles.
El aumento de los empleados públicos ha sido una constante en
el esquema de poder kirchnerista, que llega desde lo más alto del
poder pero se replica en la mayoría de las provincias.
Se estima que en la Argentina hay más de un millón de empleados
públicos, y la gran duda es si la administración pública del país
es capaz de soportar semejante estructura.
A esto se añaden decenas de miles de millones de pesos
destinados a afrontar el pago de planes sociales, subsidiar
servicios públicos e importar combustibles, entre otros destinos.
El problema del sistema de funcionamiento de la administración
pública impuesto desde el kirchnerismo no alcanza únicamente a la
provincia de Buenos Aires.
Son numerosos los gobernadores y municipios que empezaron a
mencionar desde hace meses el término "cuasimonedas", una de las
frases que más malos recuerdos trae a la memoria popular de los
argentinos.
La idea de dar papeles de colores para pagar a proveedores y
cancelar salarios suena cada vez más fuerte en distintos círculos
políticos, y la gran duda es si la Presidenta estaría dispuesta a
desteñir su gobierno, habilitando un esquema que puede retrotraer
al país a la pesadilla sufrida hace más de una década.