La jura de los diputados en el Consejo de la Magistratura anticipó que la Corte Suprema profundizará el conflicto de poderes y se reservará si le toma juramento a Martín Doñate, ratificado por el Senado pero invalidado por el máximo tribunal, cuyos integrantes consideran que el senador por Río Negro no representa una segunda minoría parlamentaria legítima.
En la acordada 31, firmada por los cuatro ministros, se acepta dar curso a la jura de los diputados del Frente de Todos, Vanesa Siley y Rodolfo Tailhade, así como al representante del PRO Álvaro González y a la radical Roxana Reyes, pero deja en suspenso la jura de los senadores.
"Tales designaciones -explicó la acordada- se encuentran a estudio del Tribunal, por razones que son de público conocimiento".
Sin mayor lugar para la interpretación, la Corte puso una objeción tácita, aunque sin nombrarlo, al senador Doñate que fue ratificado como representante al Consejo por el voto unánime de todo el oficialismo y sus aliados.
Previendo la batalla por venir, a título informativo, en el punto 2 de la acordada la Corte aclaró que la ley "pone en cabeza del señor Presidente del Tribunal (hoy Horacio Rosatti) recibir el juramento de ley a las personas nombradas, acto por el cual el miembro designado se incorpora al mencionado órgano constitucional".
La aclaración no es menor: sin juramento no hay asunción válida al Consejo y esa es la carta ganadora de la Corte en la pulseada ya instalada entre el Poder Judicial y el Poder Legislativo por la representación en el órgano que elige y remueve jueces.
El Consejo de la Magistratura y su equilibrio entre miembros técnicos y políticos fue uno de los ejes de gestión que planteó Rosatti cuando asumió la presidencia de la Corte, en octubre del año pasado.
Pocos meses después de sentarse en el sillón de la presidencia, Rosatti impulsó que la Corte se hiciera eco de un antiguo planteo del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires para que se reconsideraran las proporciones de miembros políticos (diputados y senadores) y técnicos (jueces, abogados y académicos) en el Consejo.
En diciembre del año pasado la Corte falló que la reforma que introdujo el Senado en 2006, bajando la cantidad de miembros de 20 a 13 y sacando al presidente de la Corte de la presidencia, era inconstitucional y retrotrajo todo a la antigua conformación.
La decisión de la Corte fue leída en el Poder Legislativo como una movida para controlar el Consejo de la Magistratura por parte de Rosatti y el resto de los ministros, pero acataron el fallo y eligieron a sus representantes en tiempo y forma.
Desde la Corte, el principal reproche es que en aquella declaración de inconstitucionalidad se aclaró que el formato del Consejo puede establecerse en una nueva ley pero que los legisladores han sido incapaces de generar los consensos necesarios para aprobarla.
Pero más allá de los enojos cruzados entre poderes, la Corte tendrá que fundamentar la decisión de dejarlo a Doñate afuera del Consejo y, en ese sentido, voceros informales del alto tribunal estuvieron repitiendo durante la semana que el senador Luis Juez (elegido por la oposición para el lugar de Doñate) presentó una objeción al pliego de su colega.
La presentación de Juez llegó el martes pasado, el mismo día en que juraron los once miembros técnicos por el período 2022-2026, y serviría en principio para apalancar la decisión de no hacerlo jurar.
Resta saber si la Corte dejará también en suspenso el resto de los senadores elegidos sin objeciones o si, por el contrario, jurarán tres de los cuatro representantes hasta que la Justicia defina a quién corresponde la banca restante: si a Doñate o a Juez.