Sin términos medios, la Argentina pasó de las tarifas baratas por la aplicación de subsidios a pobres y ricos por igual a aplicar aumentos que llevan el precio del gas y la electricidad a niveles insoportables. De aquella política populista que se mantuvo hasta finales de 2015 donde Papá Estado financiaba el costo de los servicios públicos por cuestiones más ligada a lo electoral que a la justicia social se pasó a la actual gestión de la energía donde reinan los criterios de mercado sin sensibilidad alguna. 

Por eso no sorprende que la Argentina es el país sudamericano que registró el mayor aumento de los servicios públicos sobre el salario mínimo en los últimos tres años, de acuerdo con un informe de la Universidad de Avellaneda (Undav) divulgado esta semana. Según un estudio elaborado por esa casa de estudios, desde 2015 se pasó de una incidencia muy baja del costo tarifario, cercana al 6% del salario, a una del 23,5%: de este modo, la Argentina pasó a la tercera posición en el "ranking" de ocho países de la región.

La Undav señaló que con la liberación de las tarifas, se registró una "notable transferencia de recursos", y el ahorro que

posibilitó la supresión de los subsidios en las tarifas, fue más que compensado por la merma de otros recursos, tales como menores ingresos por baja de retenciones a las exportaciones, a la minería y a las grandes empresas, producto de la reforma impositiva sancionada a fines de 2017.

Asimismo, indicó que desde inicios de 2016 se aplicaron incrementos acumulados promedio del 2.057% en gas natural,

de 1491% en energía eléctrica y de casi un 1.000% en el servicio de agua potable. Y en materia de transporte, se observaron ajustes del 677% en peajes, 375% en el boleto del tren, 332% en colectivos de corta distancia y un 177% en subtes, para el acumulado trianual.

Para esa universidad, en términos agregados, la previsión presupuestaria marca una disminución del peso de los subsidios económicos en 2018: según la nueva Ley de Presupuesto, se pasará de un peso del 2,2% sobre el PBI en 2018 a un 1,6% para el próximo año. La Undav explicó que al estudiar la evolución del peso de los principales servicios públicos (energía eléctrica, gas de red y agua potable) sobre el salario mínimo, se encuentra un incremento acumulado de 17,2 puntos porcentuales en los últimos tres años.

En sus conclusiones, el reporte destacó que en última instancia la política tarifaria, permite reducir los gastos estatales en subsidios, pero al no poner un tope en los precios que las distribuidoras determinan para los usuarios finales, implica que las ganancias en dólares de dichas compañías terminen siendo soportadas tanto por toda la cadena productiva argentina como por las familias.

Si durante años las compañías energéticas desinvirtieron por falta de rentabilidad, sería bueno que ahora el Estado nacional, que concede la explotación de los servicios pero que debe auditar al máximo que hacen las empresas, asuma ese papel de contralor. Porque las empresas no son cualquier empresa: tienen a su cargo la prestación de servicios públicos clave. 

Actualmente, todavía se discute quién pagará el costo de la eliminación de los subsidios al transporte que decidió la Nación. En Rafaela significan alrededor de 25 millones de pesos al año. No está claro si las provincias deberán asumir ese costo, los municipios o directamente los usuarios de los sistemas. En ese caso, en esta ciudad el precio del boleto se debería duplicar aumentando a casi 30 pesos según advirtieron las autoridades municipales. 

La gestión de los servicios públicos que muestra el Estado nacional parece inclinar la balanza decididamente a favor de las empresas en perjuicio de los usuarios. Esta semana, el diputado provincial por Santa Fe, Rubén Giustiniani, sintetizó el sentido común sobre este tema o problemática depende cómo se entienda la cuestión. El legislador expresó que hay una real impericia en el manejo del Gobierno Nacional, que además no entiende qué es un servicio público: las tarifas deben ser justas y razonables, no pueden aumentar en un 80 o 100 por ciento cuando los salarios suben un 30 por ciento.

Como para que los argentinos recuperen algo de calma, el secretario de Energía, Javier Iguacel, sostuvo el jueves en Mar del Plata, en el marco del Coloquio de IDEA, que este año no habrá más incrementos en las tarifas de gas y luz, mientras aseguró que su gestión espera que en 2019 las subas en esos servicios no superen a la inflación. Por otro lado, consideró que la Argentina está dejando de ser un país que piensa en autoabastecerse para ser un país que puede ser un gran exportador. Claro que la enorme suba de las tarifas obliga a muchas familias a modificar los hábitos de consumo de los servicios para evitar el derroche porque un olvido puede salir muy caro.